miércoles, 15 de octubre de 2014

La desaparición forzada en Ciudad Juárez



La desaparición forzada en Ciudad Juárez


La horripilante historia de los sucesos ocurridos en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, cuyo fin todavía desconocemos, abre también la oportunidad a nivel nacional de cuestionarnos sobre la desaparición forzada en este país, sobre todo en años recientes. Ciudad Juárez sufre, al igual que otros lugares de la geografía de México, el terror de de este tipo de prácticas todavía recurrentes cuyo eslabón crítico se ubica en la represión del Estado y grupos paramilitares hacia población que considera hostil o desechable.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) lleva actualmente nueve casos de desaparición forzada ocurridos en la ciudad, Cuauhtémoc, Jiménez y Praxedis G. Guerrero y de personas oriundas de Juárez, pero desaparecidas en Zacatecas y Veracruz, pero sólo cubrimos una mínima parte de los cientos de hombres y mujeres desaparecidos a nivel local, de los miles a nivel estatal y de decenas de miles a nivel nacional. Desde tiempos de la “guerra sucia” de los años sesenta y setenta del siglo pasado, no se había incrementado de manera tan dramática la desaparición forzada en México.

El CDHPDN ya se ha pronunciado de manera oportuna a través de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TdT) a la que estamos adheridos junto con otras 72 organizaciones derecho humanistas, por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, pero también nos obliga la realidad de Ciudad Juárez a hacer visible el mismo problema en la ciudad, sobre el cual nos interesa que también se acelere la búsqueda y se haga justicia no sólo para los casos nuestros, sino en general para acceder a la verdad como sociedad, sobre todo para quienes han optado por el silencio o el desahucio, ya sea por miedo o desánimo, en la búsqueda de su familiar o ser querido.

A partir de los acontecimientos de Guerrero, moralmente el Estado está obligado por las penosas circunstancias que lo involucran con la desaparición forzada, tortura y otras violaciones a derechos humanos, a ofrecer acciones contundentes y de cara a la sociedad. El Estado mexicano, en este caso a través de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, no ha entendido cómo le puede afectar la situación de Guerrero si no piensa en acelerar las búsquedas de quienes “se encuentran extraviados(as)” en el estado. No ha comprendido, como en el caso del feminicidio, que la sociedad tiene una paciencia y un límite. El Estado no puede seguir marchando hacia la impunidad sin esperar una respuesta ciudadana más exigente.      

El descubrimiento de varias fosas clandestinas con cuerpos humanos en Guerrero, que según el procurador de la república, Jesús Murillo Karam, no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos, ¿a quiénes pertenecen entonces? Actualmente la Secretaría de Gobernación (sub)estima en 16 mil las desapariciones en México mientras estados como Chihuahua, minimizan o desconocen el término cambiándolo por el menos alarmante de personas extraviadas para maquillar cifras a su favor y no hacer nada. Esta actitud es arrogante sabiendo la gran cantidad de personas buscando a sus familiares desaparecidos quienes han estado exigiendo “mover a México” para encontrarlos.

La cuestión es que la sombra de Guerrero no hace sino sacar a la luz la podredumbre del Estado mexicano en materia de seguridad y derechos humanos. Desde al menos la segunda mitad del siglo XX podemos rastrear la desaparición forzada en el país, por lo que no es un fenómeno anómico nuevo, sino reciclado. No es en vano los señalamientos de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros hacia este suceso en particular. Cada que se descubre una nueva fosa, el Estado mexicano se hunde más, pues deja ver la magnitud de la inseguridad pública, como una muestra de lo que sucede en el país.

La mayoría de las personas desaparecidas de manera forzada no son “delincuentes”, “narcos” o “terroristas”, como suelen estereotipar o difamar en los medios masivos de comunicación y organismos estatales. La realidad indica que las posibilidades de ser víctima de desaparición forzada son mayores para jóvenes de ambos sexos, activistas y migrantes, pero personas de todas las edades, clases y estratos sociales pueden ser desaparecidas sin ningún motivo aparente. Las pistas más frecuentes en la mayoría de los casos regularmente apuntan hacia fuerzas armadas legales e ilegales.

La desaparición forzada tiene que ver con políticas de Estado planeadas para generar terror en la sociedad o a ciertos grupos sociales, ya sean perpetradas por agentes propios o externos. Esto también genera una descomposición de los cuerpos de seguridad, el abuso del poder político y la corrupción del sistema de justicia, como es innegable en el estado de Chihuahua por su escandalosa e interminable violencia donde además es visible la poca o nula autonomía de los órganos de justicia y el autoritarismo del gobernador del estado César Duarte, quien a la fecha se niega a aceptar la situación todavía crítica del estado en este tenor.

En el CDHPDN constatamos de manera alarmante la impunidad cómo método y la apatía o línea política tanto de gobernantes, jueces y sobre todo fuerzas policiacas, como los principales obstáculos para alcanzar la verdad, la justicia y ofrecer resultados a una sociedad ansiosa de vivir en paz. Ni los asesinatos han cesado, ni los asaltos disminuido, y para colmo, la desaparición forzada sigue siendo un modus operandi policiaco justificado por el contexto de la “guerra contra el narco”. No se ha llevado al banquillo de los acusados a ningún jefe policiaco por algún caso de desaparición forzada ni se cuestionado tampoco a ninguno de los políticos y empresarios que toleran o financian ajustamientos extra judiciales (de la policía encubierta) la desaparición forzada y la “limpieza social”. Así es imposible aspirar a la paz, la justicia y la reparación del daño que una sociedad tan agravada y dolida como Ciudad Juárez merece.     

  

Juan Miguel Bustamante Morales (desparecido en abril del 2010)
Mario Alberto Bustamante Valdez (desaparecido en abril del 2010)
César Gonzalo Durán Calderón (desaparecido en julio del 2011)
César Ávila López (desaparecido en febrero del 2011)
Eric Aguirre Balbuena (desaparecido en septiembre del 2012)
Adrián Favela Márquez (desaparecido en octubre del 2012)
Adriel Alonso Ávila Barrios (desparecido en octubre del 2012)
Daniel armando Guzmán Ramos (desparecido en noviembre del 2012)
José Antonio Chaparro Ledezma (desaparecido en abril del 2014)




Con ellos nos llevaste a todas y todos.
Regrésalos












Ciudad Juárez, Chihuahua a 15 de octubre del 2014.

jueves, 9 de octubre de 2014

Marcha en Ciudad Juárez por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa


El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte presente en la marcha realizada en Ciudad Juárez por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas secuestrados por la policía de Iguala.

En la joroba del Puente Internacional Córdoba-Américas 



En el Parque Borunda, punto de reunión.




Entrevista a nuestro director Oscar Enríquez.















El CDHPDN presente con familiares de desaparecidos en Ciudad Juárez.



Rumbo al "Puente Libre". 















Cientos de personas participaron solidarias exigiendo justicia.




   Estudiantes de la Normal de Saucillo encabezaron la marcha. 

lunes, 6 de octubre de 2014

Los derechos humanos en Ciudad Juárez

 Síntesis de las violaciones a derechos humanos a septiembre del 2014

Según diferentes medios informativos, septiembre en Ciudad Juárez cierra con 36 asesinatos (dos feminicidios entre ellos) de los cuales sólo en once se registran detenciones. A pesar del discurso oficial que habla de una disminución cuantitativa de asesinatos con relación a años recientes (2008-2012) la cuota de sangre sigue siendo alta y de alto impacto: asesinatos múltiples, feminicidios, destazamientos. Pero cualitativamente en la ciudad siguen existiendo condiciones de inseguridad, violencia y miedo que siguen impactando negativamente a la sociedad juarense.

De acuerdo a nuestro análisis, los robos y asaltos, la violencia intrafamiliar y los asesinatos, representan dos terceras partes de las detenciones hechas durante el mes. Igualmente dos terceras partes de las personas detenidas por diferentes delitos, son menores de treinta años y predominantemente hombres, siendo de nuevo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) la agencia policial con más detenciones (42) y le sigue la Fiscalía General del Estado con 13 representando entre ambas  el 85% del total de las detenciones. Destacamos también en los medios treinta delitos sin personas detenidas: 21 asesinatos, 5 intentos de asesinato y 4 de robo y asalto.

En cuanto al actuar de las y los agentes policiacos, en esta ocasión la Policía Estatal Única se convierte en la principal violadora de derechos humanos al haber reventado una fiesta particular donde privó de su libertad a 171 personas, entre ellos 132 menores de edad, además de exhibirlos como peligrosos delincuentes en los medios. También se registran dos violaciones por agentes de la SSPM (privación de la vida y delitos contra la salud) además de otras actividades que ponen en duda su costosa capacitación profesional o bien reafirman su conducta prepotente, como en los casos de accidentes automovilísticos donde frecuentemente se ven involucrados: agentes de varias corporaciones se vieron envueltos en  5 accidentes viales (ministeriales 1, federales 1 y de la SSPM 3). A finales de septiembre se detienen a un agente en funciones y otro recién cesado de la SSPM por transportar droga en un automóvil y a un custodio del Cereso por extorsión.

Sobre la justicia relacionada con agentes policiacos involucrados en violaciones a derechos humanos, refiere a un oficial de la policía municipal (del que se desconoce su nombre) que al presumiblemente evitar un asalto en un bar y matar a uno de los perpetradores cuando se encontraba fuera de turno, un juez le concede la libertad por obrar en legítima defensa. En otro caso  la Fiscalía General del Estado retiró cargos a cuatro agentes de la SSPM acusados de violación, abuso de autoridad, abuso sexual y tortura en perjuicio de dos hombres quienes actualmente están en prisión por carjacking. Aparentemente hubo un arreglo económico para que las víctimas retiraran los cargos por $3,500.00 pesos como reparación del daño. Los cuatro oficiales gozan de libertad actualmente.

Vecinos y vecinas del fraccionamiento habitacional Las Arcadas se quejan de las y los agentes de la SSPM pertenecientes al Distrito Oriente de dicha corporación, cuya sede se encuentra dentro del fraccionamiento, al sentirse intimidados constantemente por dichos oficiales, además de la forma desmesurada en que manejan sus patrullas, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes, principalmente de las y los infantes. La sede del Distrito Oriente fue impuesta ahí desde el 2012 por el entonces secretario de seguridad pública, Julián Leyzaola, pese a la protestas de las y los vecinos que fueron y siguen siendo ignorados.

La situación a nivel estatal sobre derechos humanos también es preocupante. Los continuos enfrentamientos entre grupos armados contra el ejército y la policía en el sur del estado alertan sobre el incremento de asesinatos y masacres. El discurso del gobernador del estado, César Duarte, es desalentador en cuestión de justicia cuando cita que los centros de readaptación social deben convertirse en verdaderas cárceles donde se castigue a delincuentes, durante un evento donde se instaló el capítulo México de la Asociación Americana de Correccionales,  asociación que por cierto, pretende “certificar” penales en el país. Asimismo el discurso de Duarte favorable a la explotación del gas shale (gas de lutitas) por fracturación hidráulica o fracking en el estado, es preocupante, dadas las altas posibilidades de que se lleve a cabo debido a la reforma energética constitucional y pese a la oposición de grupos ambientalistas y activistas por los graves daños documentados en otros países donde se ha desarrollado esta industria. Septiembre cierra con una denuncia contra Duarte por peculado y con el 88% de las y los chihuahuenses que consideran que la policía es corrupta, según resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. 

El contexto a nivel nacional tampoco es alentador. El Estado mexicano ha sido señalado por organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Tribunal Permanente de los Pueblos por casos de tortura y desaparición forzada, además de incumplir en cuestiones de violencia de género y feminicidio, en un sexenio donde uno de cada dos casos de agresiones a periodistas provienen de gobernantes y donde el actual ombudsman nacional de derechos humanos, Raúl Plascencia, es acusado de graves omisiones a derechos humanos por decenas de organizaciones derecho humanistas que exigen juicio político a la Cámara de Diputados contra el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sucesos como el ataque a estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero  o la noticia del fusilamiento de presuntos delincuentes en manos del ejército en meses pasados, no abonan a la credibilidad del Estado y sí en cambio, hace ver su parte represiva y autoritaria. El actual gobierno federal violenta incluso a las y los niños, como puede comprobarse en el cacheo a menores durante la noche del 15 de septiembre en el zócalo capitalino, acción que el comisionado de seguridad nacional Alejandro Rubido, advierte de volver a implementar de ser necesario o lo que es lo mismo, que lo volverán a hacer. Para colmo el ecocidio de los ríos en Sonora por parte de empresas mineras propiedad de Grupo México sigue gozando de impunidad, como el tristemente célebre caso también sonorense de las y los niños calcinados de la guardería ABC.

Es innegable que dentro de la lógica policiaca de la actual administración federal, los derechos humanos son las primeras víctimas. Lo que sigue sucediendo en Ciudad Juárez no es más que una muestra de lo que está sucediendo en el país. La criminalización de la juventud, el acoso a periodistas, la limpieza social de “delincuentes”, la permanencia del ejército y la Marina en tareas policiacas y la terrible impunidad de que gozan empresarios, políticos, policías y hasta hace poco militares involucrados en diversos delitos, son síntomas de un retroceso en materia de derechos humanos que nos ubican más como un país autoritario y retrógrada y no como uno de libertad y justicia donde la democracia se presume sólo en el discurso oficial.

La continuidad en Juárez de los crímenes violentos y de alto impacto sólo ayudan a perpetuar el miedo social, reforzado esto con la percepción ciudadana de tener una policía y jueces corruptos. Las grandes inversiones para equipar y adiestrar a los cuerpos policiacos pone en duda sus verdaderas intenciones, pues los pobres resultados en seguridad pública y el trato al ciudadano(a) común dejan mucho que desear, mientras que los avances en la disminución de delitos como el secuestro, la extorsión y el robo de autos, en realidad solamente benefician a los estratos sociales más adinerados y no a la población en general. Hasta el momento no se ven indicios de que el Estado en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) caminen apegados a derecho y con respeto a la dignidad humana; por el contrario, las reformas constitucionales, particularmente la energética, auguran malos tiempos para la ciudad y la región, como lo atestigua El Valle de Juárez.