viernes, 5 de septiembre de 2014

Reporte de la situación de los derechos humanos en Ciudad Juárez. Agosto del 2014



El mes de agosto cierra con un ligero repunte de asesinatos (40) con respecto al mes de julio, que terminó con 39, de los cuales sólo hubo 7 detenciones. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez sigue siendo la principal agencia detentora. De los 40 asesinatos, cuatro corresponden a mujeres.

En cuanto a detenciones por delito, se consignaron a once personas por robo y asalto, diez por intento de homicidio, seis por posesión de armas y cinco por posesión de drogas. En 67 detenciones detectadas en los medios informativos, 66 corresponden a hombres, principalmente jóvenes. Asimismo contabilizamos 35 delitos sin detenciones, donde sobresalen 21 asesinatos y ocho intentos de homicidio.  

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se destaca por la gran cantidad de detenciones arbitrarias, llegando en el primer semestre del 2014 a 52,417 arrestos (un promedio de 289 personas por día) de las cuales 48,518 (92.5% del total) fueron por faltas administrativas, sumando un total de 6.3 millones de pesos recaudados por multas en ese lapso. La SSPM continúa siendo la principal violadora de derechos humanos en la ciudad, pero desafortunadamente, no es la única.  

Agosto se caracteriza por varias notas que hacen visible la corrupción y la impunidad del sistema de justicia en el estado. Desde enero la Dirección de Asuntos Internos lleva 309 investigaciones contra agentes de la policía municipal y tránsito por abusos de autoridad, robo, cohecho, entre otras, principalmente por denuncias hechas desde la ciudadanía. También en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, contabiliza 130 quejas, la mayoría por detenciones arbitrarias y lesiones (además de ocho acusaciones de tortura hechas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos) contra elementos de la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Estatal Única y personal del Centro de Reinserción Social número 3 (CERESO). En todos los casos, las y los agentes investigados continúan sus labores de manera normal. Comerciantes de mercados populares se manifestaron en oficinas de gobierno del Estado para denunciar extorsiones por elementos de la Policía Estatal Única y Ministerial Investigadora.

El trabajo de jueces y juezas, también deja mucho que desear al destacar en el mes varios casos que ponen en duda la honorabilidad o competencia de estos: la juez de garantía Leticia Prieto Ruiz dejó en libertad al policía ministerial José Eduardo Moreno Villalobos, por el homicidio imprudencial en contra de un guardia de seguridad ocurridos en  instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En otro caso, el universitario y boxeador Fernando Vargas Molina, quien golpeó a su novia y la abandonó dejándola por muerta, fue dejado en libertad en tiempo récord de dos horas por un juez penal, al descartar las evidencias por que el arresto y el parte informativo policiaco resultaron improcedentes.

Los accidentes de tránsito donde se involucran agentes policiacos también siguen dando nota. Una mujer policía municipal se queda dormida al volante y choca contra su patrulla contra poste; una patrulla de la policía municipal se pasa alto y choca con vehículo particular; otra patrulla, pero de la Policía Estatal Única, se impacta con un particular y ocasiona tres heridos; y en el evento más trágico, dos estudiantes adolescentes son arrollados y muertos a finales de mes por una camioneta de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) de la Fiscalía General del Estado guiada a exceso de velocidad e impactada por un vehículo particular. Llama la atención en este último caso que el peritaje favorece al vehículo oficial y pese a ser perdonada y retirados los cargos por los familiares de las víctimas a la presunta responsable, la Fiscalía no le perdona y un juez abre proceso por el delito de daños en perjuicio de la Fiscalía.

En otras acciones plenamente contrarias a la Constitución, la Fiscalía General del Estado sigue realizando operativos violatorios a derechos humanos: el 21 y 22 de agosto y en complicidad con autoridades del Colegio de Bachilleres, se realizó de nuevo la muy criticada Operación Mochila en los siete planteles de esta institución en Ciudad Juárez; dicho operativo consiste en revisiones a las y los alumnos con perros adiestrados para buscar armas y drogas, en un claro ejemplo de vejaciones y criminalización de la sociedad civil, en este caso menores de edad y estudiantes. El otro operativo fue llevado a cabo en la zona centro de la ciudad y por la noche, cuando más de cien agentes de la Fiscalía catearon bares y a clientes y trabajadores les hicieron revisiones corporales sin informar sobre el objetivo del operativo.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en el estado de Chihuahua se contabilizan desde el 2010, según dato del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) alrededor de 1,600 desapariciones, pese a la negativa del gobernador César Duarte, por aceptar las dimensiones del problema. En Ciudad Juárez el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva actualmente nueve casos de desaparecidos en un contexto en el que a nivel nacional y en menos de dos años de la actual administración de Enrique Peña Nieto, la desaparición forzada de activistas creció un 60% en comparación al mismo periodo de Felipe Calderón, contabilizando 29 colegas desaparecidos(as).


Pese al discurso oficial de disminución del delito, capacitación policiaca y apego a derecho, además de las millonarias inversiones en seguridad, no hay avances encaminados hacia el respeto a los derechos humanos ni a mejorar la seguridad pública. El prestigio de las instituciones encargadas de esta actividad está por los suelos; la corrupción y el abuso policiaco siguen imparables y el autoritarismo (abuso de poder) desde gobernantes hasta policías, es de dominio público; de ahí la permanente desconfianza generalizada de la sociedad hacia políticos y policías. La recaudación municipal de dinero a través de arrestos policiacos o multas de tránsito es evidente, así como la impunidad y/o protección de agentes delincuentes de todas las corporaciones. Los grandes desplegados con cifras alegres pagadas por el Estado sólo evidencian su mediocridad y arrogancia, pues contrastados con la realidad, no satisfacen ni al lector más acrítico. El Estado sigue violentando los derechos humanos en Ciudad Juárez.       

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