jueves, 11 de septiembre de 2014

Carta pública a SRE sobre Derechos Humanos



CARTA PÚBLICA

Jueves  11 de septiembre del 2014.


EMBAJADOR JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO
SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
PRESENTE

Por este medio nos volvemos a poner en contacto con usted para hacer de su conocimiento que el día 7 de julio entregamos un oficio  - adjunto - solicitando una reunión de trabajo con usted, la cual a la fecha no ha sido concedida, a pesar de las  comunicaciones que dimos para dar seguimiento al oficio.

Como hemos expresado en diversas ocasiones, es de nuestro interés conocer las acciones que en materia de derechos humanos la política exterior mexicana está promoviendo. Tanto en la Organización de los Estados Americanos (OEA) como en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están por llevarse a cabo cambios i y actividades relevantes que tendrán un impacto en la agenda de derechos humanos. En tal sentido, y de nueva cuenta, queremos insistir en la importancia que tiene para las organizaciones poder conversar sobre temas de agenda en materia de política exterior y, especialmente, de derechos humanos.

Nos preocupa el silencio ante este interés necesario y legítimo por dirigir acciones que tiendan al fortalecimiento de los órganos de protección internacional y de una mayor protección en materia de derechos humanos y democracia. Lo cual además contrasta con las propuestas de reunión convocadas por la Secretaría en materia de derechos humanos y que no han logrado “asegurar una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil”, como es el caso de la Mesa de Trabajo sobre el cumplimiento de los DESC en México, convocada en agosto de 2014.

Consideramos que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en consonancia con su agenda en el exterior y con el respaldo que ha dado a diversas resoluciones emitidas en el seno de la OEA y la ONU sobre la participación de la sociedad civil, debería tener un rol sumamente activo también a nivel nacional con las organizaciones de la sociedad civil informando, compartiendo y consultando las acciones propuestas.

Lamentamos que no haya un vínculo o espacios efectivos para poder abordar dichos asuntos de manera más práctica y sistemática, como habría sido mencionado en diversas ocasiones en el marco de la Evaluación Periódica Universal (EPU) en octubre del 2013, por lo que, de nueva cuenta, insistimos en la importancia de sostener una reunión con usted y su equipo a la brevedad posible.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su atenta respuesta.

Atentamente,

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Casa del Migrante de Saltillo; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.  (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac); Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Documenta A.C.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C.; Fundar, Centro de Análisis e ; Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC.; JASS (Asociadas por lo Justo); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). 

martes, 9 de septiembre de 2014

Carta a Enrique Peña Nieto sobre desaparición forzada de personas


8 de septiembre de 2014

Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Estados Unidos Mexicanos
P R E S E N T E


Ref.: Aceptación de competencia del Comité de Desaparición Forzada de Personas,
Confirme a los artículos 31 y 32 de la Convención

Señor Presidente:

Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos que les acompañamos nos dirigimos a Usted en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas y de la presentación del segundo informe de gobierno para pedirle una acción de su parte que abonará en una mayor protección, respeto y garantía de los derechos de las personas desaparecidas.

El Estado mexicano ha señalado que “La atención a la problemática de personas desaparecidas es un compromiso que ha asumido el Gobierno de México”1. En tal sentido, una muestra de ese compromiso asumido públicamente con esta grave problemática sería la aceptación de la competencia para las facultades previstas al Comité contra la Desaparición Forzada que están previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Las disposiciones antes mencionadas son de suma importancia para respetar la integralidad de la Convención en su conjunto, al facultar al Comité a recibir comunicaciones por violaciones a la Convención, bien sean que se presenten por individuos o por Estados, respectivamente. Así, el artículo 32 reconoce las comunicaciones o denuncias interestatales, mientras que el artículo 31 de la Convención establece lo siguiente:

Artículo 31 1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. 

2. El Comité declarará inadmisible cualquier comunicación si: 
a) Es anónima; 
b) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las disposiciones de la presente Convención; 
c) La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza; o si
d) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los procedimientos de recurso exceden plazos razonables. 

3. Si el Comité considera que la comunicación responde a las condiciones establecidas en el párrafo 2 del presente artículo, la transmitirá al Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en un plazo que habrá de fijar el Comité, sus observaciones y comentarios.

4. En cualquier momento tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud de que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. El ejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación. 

5. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. El Comité informará al autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de que se trate. Cuando el Comité decida poner término al procedimiento, comunicará su dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicación.

Como es de su conocimiento, el rol de México fue central para la discusión y adopción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual fue finalmente adoptada en 2006. México no sólo participó de manera activa en las discusiones sobre la elaboración de la Convención, sino que lo hizo “también en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe”2.

Asimismo, el Estado mexicano fue uno de los primeros países en el mundo en haber firmado y ratificado ese tratado3. Hoy en día, muchos casos de desapariciones no se denuncian en nuestro país por miedo, estigmatización, falta de sensibilidad o desconfianza a las autoridades, entre otros obstáculos. No obstante, en la mayoría de las denuncias que se presentan –más de 22 mil en el país, según han sido reconocidas recientemente por la Secretaría de Gobernación4- no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables, entre otros. Por otra parte, no hay coordinación ni mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda e investigación para los casos de personas migrantes desaparecidas5.

En ese contexto, se hace más apremiante el reconocimiento del derecho de los familiares, organizaciones y víctimas de presentar comunicaciones o denuncias por violaciones de derechos humanos relacionadas con desapariciones forzadas, bajo los requisitos establecidos en la misma Convención Internacional.

Los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos consideramos que este es un ejemplo más de la falta de congruencia entre la política interior y la exterior en México, lo cual imposibilita que se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación en casos de desapariciones forzadas.

El derecho a la justicia va más allá de las formalidades nacionales y debe posibilitar a las víctimas de violaciones de derechos humanos a acudir a cuantas instancias internacionales consideren pertinentes en busca de protección, justicia y reparación cuando las autoridades mexicanas no cumplen con su mandato, lo cual es lo que ocurre hoy en México.

Por otra parte, no obsta recordar que, dentro del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), varias de las recomendaciones se dirigieron a que México acepte las competencias antes mencionadas. Lamentablemente, el Estado mexicano presentó su escrito de respuesta en marzo pasado respecto, en donde las aceptó parcialmente con el argumento de que actualmente existe la vía del Sistema Interamericano para las víctimas6. En tal sentido, quienes suscribimos esta carta reconocemos el gran aporte del Sistema Interamericano pero sabemos que ello no debe ser un obstáculo para garantizar las mayores posibilidades de una protección internacional a las víctimas cuando las instituciones del Estado fallan en sus obligaciones de respeto y garantía.

Por ello, urgimos a que tome todas las medidas que sean necesarias para que México acepte a la brevedad las competencias ya explicadas. La democracia en México y la nueva visión en materia de derechos humanos implican mayor apertura y transparencia hacia el ámbito internacional y la posibilidad de otorgar a las víctimas todos los medios existentes para tener la verdad, justicia y reparación de sus familiares desaparecidos.

Atentamente,

Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (COFADDEM)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro PRODH)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. Colectivo por la Paz de Xalapa
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León
Fundación Diego Lucero Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
H.I.J.O.S México
Justicia para Nuestras Hijas, A.C. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.


c.c.p. Angélica de la Peña Gómez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Senado de la República. Para su conocimiento y atención.
Gabriela Cuevas Barrón. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senado de la República. Mismos fines.
Laura Angélica Rojas Hernández. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Senado de la República. Mismos fines.
Miguel Ángel Osorio Chong. Secretario de Gobernación. Mismos fines.
José Antonio Meade Kirubreña. Secretario de Relaciones Exteriores. Mismos fines.
Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Para su conocimiento.
Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mismos fines.

Notas: 

1 Cfr., SRE. Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, pág 4. Disponible en: http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/2014/marzo.pdf

2 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Doc. ONU E/CN.4/2006/57, de 2 de febrero de 2006, pág. 54.

3 México firmó la Convención el 6 de febrero de 2007 y la ratificó el 18 de marzo de 2008. 

4 Ver, entre otros, Animal Político (El Universal). Hay 22 mil 322 personas no localizadas en México; van 9 mil 790 con EPN. Nota de 22 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/08/existen-22-mil-322-personas-localizadas-en-mexico-9-mil-790-fueron-reportadas-este-sexenio/

5 Ver párrafo 166, página 79 sobre la necesidad de un mecanismo transnacional de búsqueda para familias de migrantes centroamericanos en Informe del relator especial sobre los derechos de los migrantes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf

6 En ese proceso, la justificación para no aceptar ambas competencias fue la siguiente:

Sobre el artículo 31 de la Convención México toma nota y se encuentra evaluando la posibilidad de aceptar la competencia para comunicaciones individuales, si bien actualmente la gran mayoría de las peticiones individuales relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos son presentadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En cuanto al artículo 32 de la Convención, ver la argumentación sobre la recomendación 148.4.
Cfr., SRE. Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, supra nota 1, pág. 2.


viernes, 5 de septiembre de 2014

Reporte de la situación de los derechos humanos en Ciudad Juárez. Agosto del 2014



El mes de agosto cierra con un ligero repunte de asesinatos (40) con respecto al mes de julio, que terminó con 39, de los cuales sólo hubo 7 detenciones. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez sigue siendo la principal agencia detentora. De los 40 asesinatos, cuatro corresponden a mujeres.

En cuanto a detenciones por delito, se consignaron a once personas por robo y asalto, diez por intento de homicidio, seis por posesión de armas y cinco por posesión de drogas. En 67 detenciones detectadas en los medios informativos, 66 corresponden a hombres, principalmente jóvenes. Asimismo contabilizamos 35 delitos sin detenciones, donde sobresalen 21 asesinatos y ocho intentos de homicidio.  

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se destaca por la gran cantidad de detenciones arbitrarias, llegando en el primer semestre del 2014 a 52,417 arrestos (un promedio de 289 personas por día) de las cuales 48,518 (92.5% del total) fueron por faltas administrativas, sumando un total de 6.3 millones de pesos recaudados por multas en ese lapso. La SSPM continúa siendo la principal violadora de derechos humanos en la ciudad, pero desafortunadamente, no es la única.  

Agosto se caracteriza por varias notas que hacen visible la corrupción y la impunidad del sistema de justicia en el estado. Desde enero la Dirección de Asuntos Internos lleva 309 investigaciones contra agentes de la policía municipal y tránsito por abusos de autoridad, robo, cohecho, entre otras, principalmente por denuncias hechas desde la ciudadanía. También en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, contabiliza 130 quejas, la mayoría por detenciones arbitrarias y lesiones (además de ocho acusaciones de tortura hechas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos) contra elementos de la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Estatal Única y personal del Centro de Reinserción Social número 3 (CERESO). En todos los casos, las y los agentes investigados continúan sus labores de manera normal. Comerciantes de mercados populares se manifestaron en oficinas de gobierno del Estado para denunciar extorsiones por elementos de la Policía Estatal Única y Ministerial Investigadora.

El trabajo de jueces y juezas, también deja mucho que desear al destacar en el mes varios casos que ponen en duda la honorabilidad o competencia de estos: la juez de garantía Leticia Prieto Ruiz dejó en libertad al policía ministerial José Eduardo Moreno Villalobos, por el homicidio imprudencial en contra de un guardia de seguridad ocurridos en  instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En otro caso, el universitario y boxeador Fernando Vargas Molina, quien golpeó a su novia y la abandonó dejándola por muerta, fue dejado en libertad en tiempo récord de dos horas por un juez penal, al descartar las evidencias por que el arresto y el parte informativo policiaco resultaron improcedentes.

Los accidentes de tránsito donde se involucran agentes policiacos también siguen dando nota. Una mujer policía municipal se queda dormida al volante y choca contra su patrulla contra poste; una patrulla de la policía municipal se pasa alto y choca con vehículo particular; otra patrulla, pero de la Policía Estatal Única, se impacta con un particular y ocasiona tres heridos; y en el evento más trágico, dos estudiantes adolescentes son arrollados y muertos a finales de mes por una camioneta de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) de la Fiscalía General del Estado guiada a exceso de velocidad e impactada por un vehículo particular. Llama la atención en este último caso que el peritaje favorece al vehículo oficial y pese a ser perdonada y retirados los cargos por los familiares de las víctimas a la presunta responsable, la Fiscalía no le perdona y un juez abre proceso por el delito de daños en perjuicio de la Fiscalía.

En otras acciones plenamente contrarias a la Constitución, la Fiscalía General del Estado sigue realizando operativos violatorios a derechos humanos: el 21 y 22 de agosto y en complicidad con autoridades del Colegio de Bachilleres, se realizó de nuevo la muy criticada Operación Mochila en los siete planteles de esta institución en Ciudad Juárez; dicho operativo consiste en revisiones a las y los alumnos con perros adiestrados para buscar armas y drogas, en un claro ejemplo de vejaciones y criminalización de la sociedad civil, en este caso menores de edad y estudiantes. El otro operativo fue llevado a cabo en la zona centro de la ciudad y por la noche, cuando más de cien agentes de la Fiscalía catearon bares y a clientes y trabajadores les hicieron revisiones corporales sin informar sobre el objetivo del operativo.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en el estado de Chihuahua se contabilizan desde el 2010, según dato del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) alrededor de 1,600 desapariciones, pese a la negativa del gobernador César Duarte, por aceptar las dimensiones del problema. En Ciudad Juárez el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva actualmente nueve casos de desaparecidos en un contexto en el que a nivel nacional y en menos de dos años de la actual administración de Enrique Peña Nieto, la desaparición forzada de activistas creció un 60% en comparación al mismo periodo de Felipe Calderón, contabilizando 29 colegas desaparecidos(as).


Pese al discurso oficial de disminución del delito, capacitación policiaca y apego a derecho, además de las millonarias inversiones en seguridad, no hay avances encaminados hacia el respeto a los derechos humanos ni a mejorar la seguridad pública. El prestigio de las instituciones encargadas de esta actividad está por los suelos; la corrupción y el abuso policiaco siguen imparables y el autoritarismo (abuso de poder) desde gobernantes hasta policías, es de dominio público; de ahí la permanente desconfianza generalizada de la sociedad hacia políticos y policías. La recaudación municipal de dinero a través de arrestos policiacos o multas de tránsito es evidente, así como la impunidad y/o protección de agentes delincuentes de todas las corporaciones. Los grandes desplegados con cifras alegres pagadas por el Estado sólo evidencian su mediocridad y arrogancia, pues contrastados con la realidad, no satisfacen ni al lector más acrítico. El Estado sigue violentando los derechos humanos en Ciudad Juárez.       

martes, 2 de septiembre de 2014

Pronunciamiento Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada 2014



En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto, las familias de las victimas y el CDHPN al suscribir el  el presente comunicado hacemos presentes a las miles de víctimas de desaparición durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta y en la época actual y exigimos verdad y justicia para sus familiares.

Además de las desapariciones, que por sí mismas constituyen una grave violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y un crimen de lesa humanidad, la falta de voluntad política del gobierno federal y los gobiernos estatales ha derivado en la inexistencia de una política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de las personas responsables, lo cual configura nuevas violaciones, como la violación al derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto, e impunidad persistente.
     
Si bien gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas se han registrado ciertos avances en algunas entidades federativas y a nivel federal, las acciones reportadas por el Estado mexicano en su conjunto contrastan con las alarmantes -y  variables- cifras oficiales de personas desaparecidas; cifras que ni siquiera consideran a las personas migrantes desaparecidas en su tránsito por México, ni las desapariciones forzadas cometidas durante los años sesenta, setenta y ochenta.

La desaparición forzada es un fenómeno a la alza en México, según observan organizaciones derecho humanistas a lo largo y ancho del país. Según la organización independiente Centro de Análisis de Información FUNDAR basado en cifras oficiales, en lo que va del actual sexenio se registran oficialmente 9,790 desapariciones, lo que representa un 80% más que el sexenio pasado. En cuanto a las desapariciones forzadas de derecho humanistas, se cuentan 55 desapariciones durante el sexenio de Felipe Calderón y 29 durante el actual régimen peñista, de acuerdo al informe del Comité CEREZO.

En Ciudad Juárez, donde por su calidad de frontera los atropellos a derechos humanos son comunes, la desaparición forzada data desde la “Guerra sucia” gubernamental contra grupos políticos de oposición y la guerrilla urbana. Luego a finales del siglo XX se contabiliza la desaparición de mujeres y el feminicidio por el gran número de casos que le dan relevancia internacional al tema y mala fama a la ciudad. Finalmente con el inicio de la “guerra contra el narco”y en coincidencia con la tendencia nacional, en Juárez se incrementan las desapariciones forzadas con la llegada del ejército y la entonces Policía Federal Preventiva desde el 2008.

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado creemos que la falta de verdad y justicia en relación a las desapariciones ocurridas durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta ha incentivado las desapariciones cometidas en años recientes y su constante aumento. La falta de localización de las víctimas y la impunidad son el hilo conductor entre ambos periodos históricos.
     
Exigimos el cese de las desapariciones en nuestro país, así como avances tangibles en la búsqueda de las víctimas de desaparición y la sanción a las personas responsables. Para ello exigimos:
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     La creación de un Mecanismo de Búsqueda Trasnacional de personas desaparecidas, que incluya la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Dicho mecanismo deberá partir de un registro transparente de personas desaparecidas.
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   La creación de un Mecanismo de Investigación de las personas responsables de las desapariciones de los años sesenta, setenta y ochenta y las desapariciones de la época actual, incluyendo las de las personas migrantes.
·        
      La aprobación de una Ley General contra las Desapariciones.
·         
    La aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales conforme al artículo 31 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
·         
   Mecanismos efectivos, adecuados y expeditos que garanticen el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, tanto en el caso de las desapariciones forzadas ocurridas en los años sesenta, setenta, ochenta y las desapariciones recientes.
·             
      Con el objetivo de impulsar las presentes demandas, Los familiares de victimas y el Centro de DD.HH  PASO del Norte hemos realizado esta acción de  Protesta y de denuncia por las desapariciones forzadas de personas en nuestra ciudad y en otras partes del Pais.
·      
     Hemos creado como símbolo de las personas desaparecidas UNA SILUETA. Nos habla de un vacio, de una ausencia, de una Memoria. Los invitamos a contemplarla, a Interiorizarla y a Multiplicarla. POR UNA BUSQUEDA INCANSABLE Y HASTA ENCONTRARLOS VIVOS,
CON ELLOS NOS LLEVASTE A TODAS Y TODOS. REGRESALOS.


                              CENTRO DE DERECHOS HUMANOS PASO DEL NORTE.