jueves, 10 de julio de 2014

Anomalías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez


Desde la entrada del ayuntamiento actual ayuntamiento que encabeza Enrique Serrano a finales del 2013, las expectativas de mejoras de cambio en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez (SSPM) se convirtieron rápidamente en anomalías, comenzando con la forma de elección del actual jefe de la SSPM, César Omar Muñoz, militar elegido entre otros dos militares para el puesto por no tener, en comparación con los otros dos, antecedentes de abuso del poder. De inicio, se entiende la continuación de la militarización del cuerpo policiaco.

Al igual que su antecesor en el puesto, otro ex militar, Julián Leyzaola, Muñoz se ha encargado de mantener una política hacia la sociedad juarense de acoso, abuso y violación a sus derechos humanos y sus garantías individuales plasmadas en la constitución, pero a diferencia del primero, procurando un bajo perfil; es decir, sin tanta publicidad o difusión de sus actos. Los encarcelamientos injustificados, los allanamientos de morada, la tortura, las agresiones sexuales y la prepotencia sumada al comportamiento despótico, es la cara cotidiana de las y los agentes de la SSPM que gozan de la protección de sus jefes bajo la responsabilidad del alcalde Serrano como máxima autoridad municipal.

No es necesario ser especialista en delitos policiacos para darse cuenta, cualquier día de la semana en cualquier medio informativo serio, de la actuación de dichos agentes en el desarrollo diario de las actividades juarenses: desde accidentes viales provocados por patrullas, hasta abusos sexuales, extorsión, privación ilegal de la libertad y otras más. Esta bochornosa conducta ha llevado a pocos agentes ante los jueces y aun cuando es así, también son pocos quienes son hallados culpables y reciben condenas mínimas o absolutorias. La única anomalía que ha disminuido a partir de este año, son los ajusticiamientos extrajudiciales en tiendas de conveniencia por policías encubiertos.

La SSPM sigue siendo una entidad oscura, protegida y alentada a garantizar un “orden” de escaparate con recursos mal o subempleados, para dar una imagen falsa de profesionalismo en el discurso oficial de “disminución de la inseguridad” en la ciudad. Testimonios de numerosas personas comprueban que en la práctica, el Estado policiaco es una realidad y cuenta con la complicidad de jueces y el aval de gobernantes. Los sectores pobres y la población joven son los blancos predilectos de la SSPM para cubrir sus cuotas de producción, hinchar las arcas de la tesorería y manipular a favor las estadísticas oficiales o de organizaciones afines como la Mesa de Seguridad.

En seguridad se ha presupuestado mucho y se ha invertido poco. Los recursos del famoso Subsidio para la Seguridad de Municipios (Subsemun) se han aplicado sobre todo para militarizar y blindar al policía y poco o nada para fortalecer a la sociedad civil. Millones de pesos se invierten en uniformes y armamento militar, chalecos antibalas, vehículos inapropiados o peligrosos para la detención y traslado de individuos, carísimos cursos de “profesionalización” y promocionales en medios de comunicación de manera tan discrecional que constantemente aparecen cuestionados públicamente sobre el destino de ese dinero, las formas de adquisición o los beneficiarios proveedores de esas decisiones poco o nada democráticas. A final de cuentas, dicha inversión proveniente de las y los contribuyentes no se ha convertido en mejoras de la calidad del servicio policiaco y sí en cambio, se despilfarra esa inversión en la mala selección y/o preparación de agentes; el mal uso de las patrullas y otros medios de transporte y lo peor de todo, sin cambios en el acoso constante a población vulnerable, ignorante de sus derechos o temerosa de una agresión policiaca injustificada.

La educación cívica es la gran ausente de las políticas policiacas actuales. No existe presupuesto para el fortalecimiento de una sociedad conocedora de sus derechos y por eso bajo cualquier escusa y escudado en sus armas largas, el o la agente policiaco engaña y somete a la ciudadanía con falsas acusaciones, delitos inexistentes o extorsionándoles para no llevarles a la cárcel, donde las y los deshonestos(as) jueces de barandillas juegan el papel de cómplices al solapar la acción policiaca. El ciudadano(a) juarense está a expuesto al abuso policiaco y no cuenta con la ley de su lado, pues el Estado es el primero en violar sus propias reglas en perjuicio de la ciudadanía.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte hace un enérgico llamado al actual ayuntamiento municipal de Ciudad Juárez encabezado por Enrique Serrano, al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Omar Muñoz, así como también a la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del municipio y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a apegarse a derecho rectificando el actuar policiaco y con transparencia en cuanto al uso de los recursos presupuestales, a detener el abuso de autoridad evitando la impunidad consignando a sus agentes delincuentes con excepcional castigo a quien traicione su actuar como servidor público. La policía fue creada para proteger a la sociedad, no para abusar de ella; en sus manos está la responsabilidad de brindar una policía responsable, educada y servicial para Ciudad Juárez, es lo menos que nuestra ciudad merece.




De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas


 


Ciudad Juárez Chihuahua, a 10 de julio del 2014

viernes, 4 de julio de 2014

Los derechos humanos en Ciudad Juárez al mes de junio del 2014



Durante el mes de junio los asesinatos alcanzan a 29 personas, de los cuales 19 ocurren en la vía pública y los otros 10 corresponden a violencia interfamiliar. Aunque hay una disminución de asesinatos con respecto al mes anterior, en otros rubros, el abuso policiaco y la tortura permanecen como prácticas toleradas y hasta alentadas por el Estado mexicano.

De los sesenta detenciones en eventos delictivos contabilizados en la prensa por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) sobresalen 19 por posesión de droga, 12 por asalto y robo, 9 por homicidio, 7 por posesión de armas. En cuanto a los asesinatos, sólo se consignaron a 11 personas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal realiza más del sesenta por cierto de las detenciones, pero también es la que recibe más denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por tortura.

Junio es testigo de la exoneración de los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez y de Misael Sánchez Frausto, autoinculpados por el delito de extorsión en enero del 2012. En poco más de un mes de juicio, los jóvenes deciden denunciar durante el juicio la forma en que fueron tratados desde su aprehensión y encarcelamiento, confrontando las declaraciones de los agentes detentores con la suya, lo cual obliga a abrirse una carpeta de investigación hacia los agentes ministeriales involucrados. Para el CDHPDN es la primera vez que gana un juicio al desecharse las pruebas de la fiscalía en contra de los ahora exculpados por haber sido obtenidas bajo tortura.

En otros eventos, dos agentes de la policía municipal son acusados de abuso sexual por joven mujer de 18 años; en otro caso, otros dos agentes irán a juicio por torturar y violar sexualmente a un hombre. Sin consultar con nadie, el alcalde Enrique Serrano decide de manera unilateral donar el Parque Central Oriente a familias de policías, sin avisar a las personas y grupos que por años han usado las instalaciones cotidianamente. Este hecho se suma a otras acciones de Serrano, como permitir la construcción de fraccionamiento sin permiso en zonas riesgosas, así como el financiamiento a organizaciones civiles de dudosa procedencia.

La represión juvenil y su criminalización está presente en las acciones policiacas tendientes a reventar fiestas donde las y los asistentes son robados, insultados y golpeados por agentes de Seguridad Pública Municipal antes de llevarlos a la cárcel bajo cualquier cargo, o en su defecto extorsionarlos para no encarcelarlos. Estas acciones totalmente ilegales han aumentado las protestas de familiares y activistas ante la actitud prepotente de la policía y la aparente tolerancia o consigna del ayuntamiento de Juárez y del gobierno del estado.

El ex Secretario de Seguridad Pública Municipal acusado de torturador, Julián Leyzaola, y el no menos polémico ex alcalde Héctor “Teto” Murguía, en algún tiempo relacionado con el narcotráfico en esta frontera, se asocian para crear una empresa de seguridad privada junto con la ex directora de Tránsito Municipal Stella Maris Domínguez. La noticia causa revuelo por el historial negativo de estos personajes en el desempeño de su función pública precisamente en el ámbito de la seguridad de Ciudad Juárez en un periodo particularmente violento de la ciudad. Las acusaciones de violaciones a derechos humanos a Leyzaola durante su gestión, más la protección de Murguía y empresarios juarenses a esta persona, dejan un legado de miedo y desconfianza social hacia las autoridades todavía vigente y alimentado por el abuso policiaco y autoritarismo del alcalde Enrique Serrano y el gobernador César Duarte, más interesados en promocionar hacia el extranjero la disminución de la violencia en Juárez, que la depuración de los cuerpos policiacos o el castigo a las y los malos elementos.

El nepotismo y la protección a funcionarios acusados de complicidad en tortura se hace evidente en la persona de Ramón Gerardo Quintana Villasana, todavía coordinador de la Dirección de Análisis, Control y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, zona norte, acusado de de excarcelar ilícitamente a Israel Arzate Meléndez para permitir que lo torturaran, quien hasta el momento no ha sido llevado a declarar sobre estas acusaciones. Peor aún, el fiscal de la zona norte,  Enrique Villarreal Macías, pese a las evidencias de tortura por las cuales los hermanos Figueroa y Misael Sánchez fueron exonerados y por lo que se abrió una investigación al coordinador de la Unidad de Narcomenudeo de la fiscalía, niega que exista la tortura en esta institución y difama contra las organizaciones derecho humanistas independientes, cayendo burdamente en la mentira, cuando en realidad es cómplice de las acciones de sus subordinados a quienes protege ciegamente.

A pesar de las estadísticas alegres y maquilladas de la Fiscalía General del Estado que presumen la disminución de la inseguridad para el primer semestre del 2014 como el más bajo en los últimos siete años en Chihuahua (es decir, desde 2007) la otra realidad es que para llegar a esos números se sigue consignando a inocentes, utilizando la tortura para crear culpables en complicidad con jueces y magistrados tolerantes bajo la vigilancia del gobierno del estado con su discurso de que en Chihuahua ya no existe la tortura[1].

Esta situación de Estado policiaco permite el abuso de poder en contra de la sociedad más desprotegida, principalmente en los sectores pobres y en contra de la población joven, haciendo visible la diferenciación de clases: se protege a las clases medias y altas, utilizando la cantera de jóvenes pobres para encontrar culpables de los delitos de extorsión, secuestro, robo, carjacking, etcétera. Existe una desconfianza en las fuerzas del orden por el desprestigio bien ganado de policías y agentes ministeriales por la prepotencia con la que interactúan en la sociedad provocando accidentes viales, allanando hogares con lujo de violencia o también por proteger la identidad de choferes de transporte público que atropellan gente, mientras exhiben en los medios informativos a menudistas de droga como los peores delincuentes.      

El CDHPDN condena la mala impartición de justicia que subyace debajo de las “buenas” estadísticas oficiales. Este sistema de demostrar con cifras el progreso de la justicia y seguridad pública es una pantalla que esconde la incapacidad del Estado por hacer investigación seria, justa y expedita, prefiriendo métodos arbitrarios en perjuicio de personas inocentes. La condición de los derechos humanos en Ciudad Juárez sigue siendo delicada y vulnerable en cualquier momento. Mientras el Estado siga negando que exista la tortura en Chihuahua solapándola al mismo tiempo, seguirá creciendo el malestar social y el debilitamiento de las instituciones procuradoras de justicia y seguridad pública.








[1] "Rechazamos, sin duda, que se hayan hecho prácticas como las que se hicieron y no se han comprobado, por esas razones la Suprema Corte determina esto (la liberación de Israel Arzate), son prácticas indebidas en las cuales mi gobierno está en contra", declaró el gobernador del Estado, César Duarte en torno a la liberación de uno de los implicados en la masacre de Villas de Salvárcar. Mi gobierno rechaza prácticas de tortura para obtener confesiones: Duarte. http://laopcion.com.mx/noticia/14161

miércoles, 2 de julio de 2014

Hermanos Figueroa y Misael Sánchez, libres tras 29 meses presos.



(Tomado de la edición del miércoles 2 de julio de El Diario de Ciudad Juárez, página 5A: "Tras 29 meses presos, salen libres y exonerando).

*El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se congratula por la liberación de los jóvenes y el rencuentro con sus familias. Muchas felicidades.

Staff
El Diario
Luego de 2 años cinco meses en un centro de arraigo, ayer salieron libres las tres personas acusadas de extorsión y absueltas por un Tribunal de Juicio Oral que anuló todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público al determinar que fueron obtenidas a través de la tortura.

El representante legal de los tres hombres anunció que interpondrán una demanda por la vía civil y penal para exigir la reparación del daño ocasionado y que se sancione a los servidores públicos que ordenaron y los sometieron a tortura para que se autoincriminaran.

Los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez así como Misael Sánchez Frausto salieron del Centro Estatal de Arraigos este martes alrededor de las 2 de la tarde. Los exonerados ya eran esperados por sus familiares así como personal del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y rompieron en llanto al ser abrazados y sentirse libres nuevamente.

“Nos sentimos felices por una parte, pero por otra sabemos que se cometió una injusticia, hubo atropellos, se generaron gastos no previstos, hubo amenazas, tuvimos que dejar la casa, nos quedamos sin vivienda, todo por una mentira que se inventaron”, señaló Raúl Sánchez padre de Misael.

La coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, quien llevó parte de la defensa de los exonerados, Diana Morales, señaló que la organización le dará seguimiento al asunto para que los responsables de acusar a los hermanos Figueroa y a Sánchez de un delito tan grave como la extorsión agravada sean sancionados por todo el tiempo que ellos estuvieron presos.

La abogada explicó que no solo se trata de buscar una remuneración económica para cubrir el daño a la salud que les causaron pues al someterlos a tortura a Misael le quebraron las costillas, a Juan Antonio le dislocaron un brazo Juan Antonio y a Jesús Iván le reventaron el tímpano de un oído y a la economía de sus familias sino resarcir la afectación moral que sufrieron.

“Ellos son sobrevivientes de tortura, van a requerir terapia y pasar primero por un proceso de sanación, lo que no es fácil. Luego vendrá un proceso penal y civil, serán por medio de las dos vías, para solicitar la reparación del daño que no solo se suscribe a algo monetario sino actos simbólicos que permitan reparar el daño moral causado, como una disculpa pública, el reconocimiento del Estado de que hubo tortura.

“A ellos, como a otros sobrevivientes de tortura, les lastima haber salido en los medios como culpables, su honor fue muy lastimado pues hablaron de su nombre y su prestigio y la reparación del daño no se puede lograr en la totalidad pero en la medida de lo posible que busca obtener algo que sea representativo, que les ayude a salir avante”, afirmó Morales.

Las denuncias serán contra la Fiscalía General del Estado específicamente aquellos quienes les infligieron a Juan Antonio, Jesús Iván y Misael prácticas vejatorias y a los funcionarios que las permitieron u ordenaron, dijo.

Sin embargo, los familiares de los exonerados señalaron sentir miedo e incertidumbre acerca de las demandas e indicaron que todavía no han determinado si los tres procesados permanecerán en Ciudad Juárez ante el temor de represalias.

“Si mi hijo sigue aquí o no, todavía no se ha determinado precisamente porque sabemos de lo que son capaces de hacer. Jorge González Nicolás nos hablaba en su momento cuando estaba a cargo aquí de la Fiscalía y el gobernador decía denles vitalicia… Ahora seguimos con miedo e incertidumbre”, expresó Raúl.

El pasado 8 de junio un Tribunal Oral colegiado determinó que los hermanos Figueroa Gómez y Sánchez Frausto son penalmente inocentes del delito de extorsión agravada al dejar sin valor las autoincriminaciones de los tres procesados y las imputaciones de un testigo –Francisco Javier Sariñana, al señalar que también fue coaccionado– así como el reconocimiento por fotografía que hizo la víctima por haberse efectuado fuera del marco legal.

El Ministerio Público acusó a los dos hermanos Figueroa Gómez, a otro miembro de esa familia –el menor, Luis Adrián Figueroa Gómez, entonces de 14 años, absuelto en agosto del año pasado por falta de pruebas– así como a Sánchez Frausto como responsables del cobro de “la cuota” al propietario de un negocio de comida ubicado en la avenida Valentín Fuentes, cerca del Hospital 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las tres personas así como el menor de edad fueron detenidos el 18 de enero de 2012 y presentados a la opinión pública como integrantes de una banda de extorsionadores que supuestamente obtenían ganancias por semana superiores a los 40 mil pesos.

Datos periodísticos indican que el 20 de enero del 2012 personal de la Fiscalía Zona Norte dio a conocer que los tres adultos y el menor cobraban “la cuota” semanalmente en mercados populares, farmacias, tiendas de abarrotes y puestos de comida rápida y pertenecían a la banda de “El Snoop”.

A Jesús Iván Figueroa lo presentaron como el líder de la organización y apodado “El Snoop”; a Juan Antonio, con el apodo de “El Pato”; a Misael lo llamaron “El Mudo” y al menor de 14 años absuelto, Luis Adrián, como “El Monky”.

En el Juicio Oral realizado el Ministerio Público presentó como testigo de cargo al actual comandante de la Unidad de Narcomenudeo y quien en enero de ese año era un agente, y tras ser protestado para que hablara con la verdad el funcionario señaló que él y otro compañero arrestaron a los hermanos Figueroa Gómez y de Sánchez Frausto luego de que cobraron el derecho de piso.

Sin embargo, los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván así como Misael han sostenido que fueron sacados de sus casas por parte de agentes ministeriales y frente a sus familias y después fueron torturados para que se declararan culpables.

“Fuimos torturados, golpeados. Somos una familia tranquila, nunca en problemas; siempre hemos estado con mis padres, pero fuimos amenazados con quitarles la vida a ellos y a mi esposa sino nos declarábamos culpables. Ahora me manifiesto inocente, la autoridad hizo actos inhumanos con nosotros”, dijo el pasado 8 de junio Juan Antonio Figueroa Gómez.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte dio a conocer que las tres personas resultaron positivo al protocolo de Estambul, una herramienta para determinar si una persona ha sido sometida a tortura o practicas vejatorias.