viernes, 27 de junio de 2014

26 de junio Día Internacional de apoyo a los sobrevivientes de tortura




El 26 de junio de 1987 entra en vigor la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas y el 12 de diciembre de 1997 se proclama en asamblea como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura,  con la idea de erradicar estas prácticas del mundo.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) conmemora por segundo año consecutivo este día, en respaldo a quienes en esta ciudad fronteriza han sufrido y sobrevivido la tortura. Sabemos por la experiencia del centro, sobre todo en los últimos cinco años de recibir y llevar casos de personas detenidas y forzadas a declararse culpables por delitos que no cometieron, que la tortura es parte de los métodos de detención y fabricación de culpables de la justicia mexicana. Es lamentable comprobar que el Estado mexicano sigue utilizando la tortura como método y que la impunidad permite este tipo de prácticas deleznables.

Ciudad Juárez es un ejemplo de violaciones a los derechos elementales donde la tortura ocupa un lugar preponderante. Según seguimiento periodístico mensual llevado por el centro, son comunes las detenciones policiacas con lujo de violencia, pero son pocos los agentes policiacos acusados por tortura y menos aún, los sentenciados por dicho delito[1]. Durante la gestión de Julián Leyzaola, secretario de seguridad pública del municipio de Juárez entre 2011 y 2013, militar de mano dura acusado de tortura en Baja California[2], las detenciones arbitrarias se disparan, así como las ejecuciones extra judiciales y la tortura, continuando la práctica dejada por la Policía Federal y el ejército en el periodo del 2008 -2011. La mayoría de los casos de tortura perpetrados por las fuerzas del orden permanecen impunes, incluyendo al señor Leyzaola, quien goza de libertad.

De los casos llevados por CDHPDN, es inevitable encontrar las huellas de tortura plasmadas primero en los testimonios y luego vía el Protocolo de Estambul, de quienes se ven forzados a autoinculparse bajo amenazas, golpes y tortura. Es precisamente a partir de comprobarse dichos eventos, que casos como el de los hermanos Figueroa Gómez, los hermanos Ortiz Lira y el más mediático, el caso “coche bomba”; todos ellos (ocho en total) actualmente libres, es posible señalar la práctica de la tortura como parte del modus operandi de la policía y los agentes del Ministerio Público.

A pesar del éxito jurídico de estos últimos tres casos, las secuelas de la tortura deja a sus víctimas dañadas emocionalmente y vulnerables cuando se reintegran a sus actividades cotidianas. El estigma de ser exhibido como delincuente, herido el honor y herido el cuerpo, prolonga el sufrimiento aun después de haber conseguido la libertad. El tiempo perdido en la cárcel, los malos tratos en la misma, a veces la lejanía del encierro o la incomunicación, agregan a la tortura física elementos adicionales dolorosos que afectan el estado de ánimo de las víctimas. La depresión y la ansiedad son comunes en los afectados y el proceso para adaptarse a la vida en libertad se vuelve dificultoso si no se hace acompañado.

Para el CDHPDN es importante estar constantemente promoviendo la cultura de los derechos humanos como un antídoto ante la impunidad, la tortura y otras formas de violaciones a los derechos humanos. La razón de estar en uno de los sitios en México donde se desarrollan más este tipo de actividades en contra de la sociedad por parte de un Estado policiaco, Ciudad Juárez, una ciudad flagelada constantemente por las autoridades, nos hace estar vigilantes de la actuación de la policía y sensibles a las denuncias de la ciudadanía. La tortura sigue presente en la realidad juarense. 

El CDHPDN hace un pronunciamiento en contra de la tortura en todas sus formas y prácticas, por todas las implicaciones que tiene en las vidas de quienes la sufren y padecen incluso muchos años después de haber ocurrido el incidente. Hacemos un llamado a las autoridades, al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, al sistema de justicia, a las y los jueces, militares y agentes policiacos, a que actúen con apego a la constitución y a los tratados y leyes internacionales firmadas y ratificados por el Estado mexicano respetando las leyes, pero sobre todo, a las personas humanas. 
  
La tortura es sinónimo de barbarie y no de civilización. Las culturas, naciones y personas que cometen o permiten este delito no están apostando por un mundo mejor, la justicia o la verdad, sino cometiendo crímenes de lesa humanidad. Debemos estar pendientes de evitar esta práctica denigrante de la dignidad humana y exigir castigo a los culpables y reparación del daño a las víctimas. Mientras esto no sea así, estamos construyendo el camino de la desgracia condenando a la sociedad a vivir bajo un régimen de miedo y desconfianza en las autoridades, con cada vez menos derechos y con cada vez mayores temores a defenderlos.

La situación de tortura en el estado de Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez es alarmante. Está en la mira de organizaciones de prestigio y renombre internacional como Amnistía Internacional y la Organización Naciones Unidas, ante la grave y constante aparición de casos de tortura que ha llamado su atención y en un esfuerzo también por apoyar las denuncias y el trabajo que organismos como el CDHPDN hacen por defender los derechos humanos en un estado y ciudad hostiles al activismo y la libertad de expresión.  A pesar del discurso oficial del gobierno del estado de Chihuahua que presume la disminución de asesinatos y niega la tortura en sus filas a pesar de la evidencia; de cierto tipo de prensa que se autocensura para bajar el perfil de la todavía vigente “guerra” contra el narcotráfico y se alinea a los dictados del Estado, acusándolo junto con este al centro de “defender a delincuentes”.

El CDHPDN en este jueves 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, nos solidarizamos con quienes han tenido esta amarga experiencia de pasar un proceso jurídico violatorio a sus derechos y garantías individuales. No cesaremos en denunciar la tortura cuando la haya, pensando siempre en que esta práctica retrógrada sea erradicada para siempre del actuar policiaco. Es deber del Estado mexicano castigar y erradicar la tortura; es deber del CDHPDN acompañar a las víctimas hasta alcanzar justicia y promover en la sociedad el fortalecimiento de sus derechos humanos.





De la paz de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas

martes, 10 de junio de 2014

Liberación de los hermanos Figueroa Gómez y de Misael Sánchez Frausto.





Liberación de los hermanos Figueroa Gómez y de Misael Sánchez Frausto.



Con profunda alegría el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) comunica la absolución de los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez y de Misael Sánchez Franco después de dos años y cinco meses de estar en prisión injustamente y haber pasado por eventos de tortura para declararse culpables.

El veredicto tomado el lunes 9 de junio, fue unánime por parte del Tribunal de  Juicio Oral conformado por Mirna Luz Rocha, Emma Terán y Catalina Ruiz Pacheco, quienes anularon las pruebas en su contra al comprobarse vía Protocolo de Estambul, que en los tres casos existió tortura.

A los tres jóvenes, más Luis Adrián Figueroa Gómez, hermano menor de edad de Juan Antonio y Jesús Iván, absuelto en agosto del 2013 por el mismo caso, fueron detenidos ilegalmente con lujo de violencia y sacados de su casa por agentes ministeriales acusándolos de extorsión el 18 de enero del 2012.

El caso de los hermanos Figueroa y Misael Sánchez aparece en el informe anual de Amnistía Internacional 2013 publicado en mayo pasado, como uno de los casos paradigmáticos de tortura ocurridos en México. La tortura en México y particularmente en Ciudad Juárez, sigue siendo un problema real, sistemático del modus operandi de la policía y agentes del Ministerio Público.

De acuerdo con la abogada Diana Morales, coordinadora del área jurídica del CDHPDN y responsable de la defensa de los hermanos Figueroa Gómez, es la primera vez en la experiencia del centro, que un juzgado señale la existencia de elementos suficientes para presumir que hubo tortura en su declaración y por consiguiente, desechar las pruebas y declaraciones presentadas por los agentes ministeriales.

El CDHPDN celebra esta decisión que favorece un poco de justicia al alcanzar la liberación nuestros defendidos por ser inocentes, pero quedando pendiente la reparación del daño y castigo a los culpables. El CDHPDN felicita a Juan Antonio, Jesús Iván, Misael y sus familias por no bajar el ánimo hasta recuperar su libertad; a Amnistía Internacional por haberse interesado en el caso y a las abogadas Diana Morales y Cynthia Ventura, por haber llevado con éxito este caso. En horabuena.



De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas



Tira tribunal pruebas y libera a 3 acusados de extorsión

Nota tomada de la portada del Diario de Ciudad Juárez (link http://diario.mx/Local/2014-06-09_1359b193/tira-tribunal-pruebas-y-libera-a-3-acusados-de-extorsion/ )

Blanca Elizabeth Carmona
El Diario | 23:25
Un Tribunal de Juicio Oral anuló ayer todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra tres hombres acusados de extorsión agravada, al determinar que fueron obtenidas a través de la tortura.

“Lo que me hicieron nunca se me va a olvidar, me declaré culpable por las amenazas a mi familia, pero juro por Dios que soy inocente, juro por mi familia que soy inocente”, expresó uno de los inculpados, horas antes de que todos fueran absueltos.

Los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez así como Misael Sánchez Frausto –cuyo caso está documentado por Amnistía Internacional como un asunto emblemático de tortura y detención ilegal del Estado Mexicano– llevan dos años y cinco meses encarcelados y podrán salir libres en 10 días, cuando la sentencia quede firme.

El Ministerio Público aún cuenta con ese plazo para un recurso de casación si no está de acuerdo con el veredicto unánime emitido ayer por el Tribunal de Juicio Oral conformado por Mirna Luz Rocha, presidenta; Emma Terán, redactora y Catalina Ruiz Pacheco, tercer interviniente.

Las jueces dejaron sin valor las autoincriminaciones de los tres procesados y las imputaciones de un testigo –Francisco Javier Sariñana- también coaccionado, así como el reconocimiento por fotografía que hizo la víctima por haberse efectuado fuera del marco legal.

“Para nosotros ha sido una reacción muy positiva por parte del Tribunal. Es la primera vez, en lo que lleva litigando el Centro (de Derechos Humanos) que un juzgado decreta que hubo tortura y anula las pruebas debido a ello”, señaló Diana Morales, coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

La mujer, quien también lleva parte de la defensa de los ahora exonerados, explicó que  las jueces dejaron también sin crédito las declaraciones de los ministeriales por inconsistencias. “Es una gran satisfacción que haya sido así, que el Poder Judicial ha hecho lo conducente al anular las declaraciones obtenidas bajo tortura”.

El Ministerio Público acusó a los dos hermanos Figueroa Gómez, a otro miembro de esa familia -el menor, Luis Adrián Figueroa Gómez, entonces de 14 años –quien fue absuelto en agosto del año pasado por falta de pruebas– al igual que a Sánchez Frausto, como responsables del cobro de “la cuota” al propietario de un negocio de comida ubicado en la avenida Valentín Fuentes, cerca del Hospital 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las tres personas así como el menor de edad fueron detenidos el 18 de enero del 2012 y presentados a la opinión pública como integrantes de una banda de extorsionadores que supuestamente obtenían ganancias por semana superiores a los 40 mil pesos.

Datos periodísticos indican que el 20 de enero del 2012 personal de la Fiscalía General del Estado Zona Norte dio a conocer que los tres adultos y el menor cobraban “la cuota” semanalmente en mercados populares, farmacias, tiendas de abarrotes y puestos de comida rápida y pertenecían a la banda de “El Snoop”.

A  Jesús Iván Figueroa lo presentaron como el líder de la organización y apodado “El Snoop”; a Juan Antonio, con el apodo de “El Pato”; a Misael lo llamaron “El Mudo” y al menor de 14 años absuelto, Luis Adrián, como “El Monky”.

En el juicio oral, el Ministerio Público presentó como testigo de cargo al actual comandante de la Unidad de Narcomenudeo y quien en enero de ese año era un agente, y tras ser protestado para que hablara con la verdad el funcionario señaló que él y otro compañero arrestaron a los hermanos Figueroa Gómez y de Sánchez Frausto luego de que cobraron el derecho de piso.

El comandante refirió que el 18 de enero de ese año se implementó un operativo que llevó a la detención de tres hombres en las inmediaciones del negocio afectado y luego de que cobraron el dinero.

Además afirmó que de manera “libre y espontánea” los ahora procesados le señalaron que el dinero que acababan de recibir lo iban a entregar al mayor de los hermanos Figueroa Gómez, a Jesús Iván, en su casa, donde también se iba a repartir el efectivo. Por lo que obtuvieron la dirección de ese domicilio y acudieron de forma inmediata a realizar el arresto del cuarto implicado.

Sin embargo, los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván así como Misael han sostenido que fueron sacados de sus casas por parte de agentes ministeriales y frente a sus familias y después fueron torturados para autoincriminarse.

“Fuimos torturados, golpeados. Somos una familia tranquila, nunca en problemas, siempre hemos estado con mis padres, pero fuimos amenazados con les quitarían la vida a ellos y a mi esposa si no nos declarábamos culpables. Ahora me manifiesto inocente, la autoridad hizo actos inhumanos con nosotros”, dijo ayer Juan Antonio Figueroa Gómez.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte dio a conocer que las tres personas dieron positivo al protocolo de Estambul, una herramienta para determinar si una persona ha sido sometida a tortura o prácticas vejatorias.

“Las pruebas que nosotros tenemos corroboran que son inocentes y que no es cierto que el arresto fue en el lugar donde dicen. De hecho este es uno de los dos casos que presenta Amnistía Internacional en su informe global emitido el pasado 13 de mayo como un ejemplo de tortura y detención arbitraria, se puede consultar en Internet en el informe mundial”, denunció Morales. (Blanca Carmona/El Diario)

bcarmona@redaccion.diario.com.mx

jueves, 5 de junio de 2014

Reporte sobre los derechos humanos en Ciudad Juárez al mes de mayo del 2014




El mes de mayo, hasta el momento es el más letal del 2014 con 47 asesinatos y 28 cadáveres u osamentas sin identificar, contabiliza 48 eventos delictivos cometidos por 76 hombres y 9 mujeres, de los cuales hay sólo un detenido por homicidio, siendo el rango de los 18 a los 29 años la edad los que cometen más delitos y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) la principal corporación detentora. 17 eventos delictivos no tuvieron consignaciones.

Durante mayo se produjeron 9 eventos violatorios a derechos humanos: cinco perpetrados por la policía municipal, dos por agentes ministeriales y uno en el Juzgado del VI Distrito con delitos que van desde daños a la propiedad y lesiones por choque, hasta privación de la vida y homicidio imprudencial, pasando por amenazas, tortura y privación de la libertad. Dentro de estos eventos se destacan varias denuncias de tortura contra agentes de la SSPM, particularmente por utilizar linternas con este propósito; los choques y accidentes provocados por vehículos de SSPM, ocasionando el deceso de un civil y de un oficial en diferentes hechos; en este rubro también se reporta el choque de un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) a un sacerdote católico.

También se violaron derechos humanos con los retenes automovilísticos e inspecciones a usuarios de transporte público realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en busca de irregularidades de cualquier tipo, mientras la SSPM, no quedándose atrás, hizo lo propio inspeccionando a pasajeros de transporte público también con el pretexto de buscar ilícitos (drogas, armas, personas con órdenes de aprensión). La SSPM arrestó a un promotor social por organizar un partido de fútbol con niños.La FGE además es reprobada en transparencia, según el Observatorio Ciudadano, al no contestar ninguna de las 126 pautas que le fueron enviadas.

Por su alto impacto en Ciudad Juárez, dentro de los asesinatos de mayo, se destacan los de los abogados Salvador Urbina Quiroz y César Cordero Gutiérrez, el primero reconocido por su posición crítica al sistema de justicia, además de articulista de opinión y ex dirigente que generó la protesta del gremio; el presunto asesino es el único detenido del total de homicidios y feminicidios registrados en el mes. El asesinato en hechos distintos de tres personas de la comunidad lésbico-gay-bisexual y transgénero-transexual-trasvesti (LGBTTT) también generó protestas de integrantes y simpatizantes de esta comunidad, una de las más vulneradas frente a la violencia inacabable de la ciudad.

El sábado 10 de mayo el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) en concordancia con otras organizaciones derecho humanistas del país, realiza la “Marcha de la dignidad, madres buscando a sus hijas, hijos, verdad y justicia”, para exigir al Estado mexicano investigue y encuentre a las y los desaparecidos, así como para exhibir, informar y sensibilizar de la gravedad del problema (se calcula hasta 26 mil casos de desapariciones en México) entre  otras demandas. El CDHPDN lleva actualmente ocho casos de desapariciones forzadas sucedidas en Ciudad Juárez y de juarenses o residentes de Juárez desaparecidos en otras ciudades del estado y país.

En mayo aparece el informe anual de Amnistía Internacional correspondiente al 2013, donde se aprecia el repunte generalizado de las violaciones a derechos humanos en todo el país, resaltando tres casos ubicados en Chihuahua (el caso de tortura en contra de los hermanos Figueroa en Ciudad Juárez, representados por el CDHPDN y actualmente en litigio; el asesinato de Carmen Puerta Carrillo en Guadalupe y Calvo, por militares; y el descubrimiento de trece osamentas de mujeres jóvenes encontrados en el Valle de Juárez en el 2012). Las violaciones a derechos humanos en México, según este informe,  se relacionan con la política de combate al narcotráfico, legado del sexenio de Felipe Calderón, devenida en excesos de las fuerzas del orden público, incluida la milicia, así como por el deficiente sistema de justicia penal, que actualmente registra 98% de casos sin resolver. 

Esto sucede además en un contexto nacional de pérdida de derechos sociales, como el ejercicio de la protesta, en los estados de Chiapas y Puebla, donde en el mes de mayo han sido aprobadas leyes represivas favorables al uso de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas de fuego en el caso de Puebla, para dispersar manifestaciones.El panorama para los derechos humanos se vislumbra todavía con grandes obstáculos por sortear.Lo grave de esta situación es que se reproduce un modelo de seguridad y justicia favorable al abuso policiaco y la impunidad.

El estado mexicano sigue violando sus propias leyes y tratados internacionales, pero ante la opinión pública local, nacional e internacional, maneja un discurso a favor de los derechos humanos. En la práctica está lejos de ser así; por el contrario, el gobierno federal plantea el involucramiento de militares en el Plan para la Seguridad Nacional 2014-2018 sin tomar en cuenta al poder legislativo ni la sociedad mexicana.

En Chihuahua el autoritarismo del gobierno del estado se hace evidente en acciones como la protección a los responsables de la tragedia del Aeroshow, el conflicto con el albergue infantil Los Ojos de Dios, las amenazas a periodistas y la situación de Estado fallido en varios municipios serranos, de donde poco se sabe, pero constantemente llegan noticias de asesinatos. La noticia de que el Tribunal Agrario ordena la devolución de territorio a indígenas de Baqueachí, Carichí, después de 86 años de disputa, es la más celebrada del mes.

La percepción en Ciudad Juárez de la policía es de desconfianza y temor, según la encuesta “Seguridad Ciudadana, Prevención, Derechos Humanos y Sistema de Justicia” aparecida a mediados de mes, concuerda con las violaciones aquí expuestas y permite reconocer el impacto negativo de estas acciones en la población en general.