martes, 6 de mayo de 2014

Los derechos humanos en Ciudad Juárez a abril del 2014





A Abril del 2014, los derechos humanos siguen siendo violentados de múltiples formas en Ciudad Juárez por parte del Estado en sus tres niveles de gobierno; la cifra de asesinatos (uno diario para un total de treinta en el mes) y de delitos en general se mantiene alta. A nivel estatal y federal se advierte también la pérdida paulatina de derechos y el avance de la impunidad.

Sobre la actuación de la policía, la detención por posesión de droga sigue siendo la principal causa de aprehensión policiaca con 32 detenidos, seguida del robo y asalto con 22 detenidos y en tercer lugar, 14 detenidos por los 30 asesinatos cometidos durante el mes. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) es con mucho la principal agencia de detención y también la más denunciada como violadora de derechos humanos.

En cuanto a derechos violados por las policías se destacan las detenciones arbitrarias, la extorsión, el robo, los golpes y los percances viales con patrullas. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) ha recibido y denunciado además quejas sobre el maltrato, golpes y otras violaciones a jóvenes de la Escuela de Mejoramiento Social Para Menores “México” , así como de amenazas de los guardias de esta institución ahora en manos de la Fiscalía General del Estado a los padres y madres de los reclusos si hacen denuncias.    

Después de la política de abusos de la SSPM, es la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) la que desata el escándalo en el mes de abril al exhibir en redes sociales a conductores que le “faltan el respeto a los agentes”, de acuerdo a palabras de su director, Oscar Luis Acosta. La acción finalmente es retirada por la DGTM por la presión social así como por ser exhibidos en las redes sociales abusos y violaciones de los propios agentes de tránsito.

La Fiscalía de Género es otra institución que trasciende en los medios al negarle la atención a una mujer al no presentar evidencias físicas sino psicológicas, según el criterio de la funcionaria Marta Reyes. Asimismo en un operativo contra negocios de autopartes usadas (yonkes) agentes ministeriales son denunciados por dueños y empleados de extorsionarlos para dejarlos “operar con libertad”.

A nivel estatal se destaca la reelección por tercera ocasión, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  José Luis Armendáriz, quien ha estado al frente de dicho organismo desde el 2008 durante la etapa más sangrienta y violatoria a los derechos humanos en el estado y cuya actuación ha sido más bien gris. Su reelección es impugnada al igual que la designación de María Rosa Armendáriz y María Nancy Martínez como consejeras del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) también por irregularidades en el proceso de su elección.

De igual manera el caso “aeroshow”(accidente ocurrido en octubre del 2013 con 7 muertes y decenas de heridos) sigue mostrando anomalías y encubrimientos de altos funcionarios públicos a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la disponibilidad del gobierno del estado de Chihuahua por llevar la justicia hasta sus últimas consecuencias. También se da a conocer que la deuda del estado se triplica en tres años, pasando de 13, 261 millones de pesos en el 2010, a 41,768 millones durante la gestión del actual gobernador César Duarte Jaques. La noticia de que Chihuahua tiene las mayores reservas de gas shale mundiales y tendrá inversiones millonarias para su explotación, no representan sino malas noticias para el medio ambiente, la calidad de vida y los derechos humanos de las y los chihuahuenses.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México denuncia que de enero a la fecha 41 ataques contra derecho humanistas, periodistas y sus organizaciones. A finales de abril el Senado avala coartar garantías en caso de perturbación a la paz, dándole facultades al Ejecutivo en caso de Estado de excepción al aceptar las leyes reglamentarias para los artículos 29 y 33 constitucionales; otra propuesta en el área de comunicaciones, la iniciativa de ley secundaria para telecomunicaciones, fue aplazada al enfrentarse a fuertes críticas y manifestaciones en contra por su carácter censurador sobre todo en lo concerniente a internet.

Finalmente con la reforma al Código de Justicia Militar aprobada en abril por el Senado, contiene aspectos negativos al permitir a la justicia castrense detener a civiles e investigarlos en algunos casos, pese al avance en materia de eliminación del fuero militar.  Se cree que la reforma en realidad es más un retroceso que un avance.

El 27 de abril en reunión privada con el relator de la ONU para la cuestión de la Tortura, Juan S. Méndez, en Monterrey, Nuevo León, durante su gira oficial en México para documentar testimonios y entrevistarse con funcionarios de gobierno, el CDHPDN le presentó un documento sobre la situación del estado con casos documentados por este organismo, así como del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSIDDHAC).

En Ciudad Juárez se vive un retroceso de la vida democrática concordante con el escenario estatal y federal, muy señalados en los informes a violaciones de derechos humanos de organismos internacionales como la ONU. El mes de abril es testigo de la continuación de la impunidad y los pocos resultados en seguridad pública con motivos suficientes para reconocer la vulnerabilidad del ciudadano(a) común para acceder a la justicia, de la que frecuentemente es víctima.

La situación del país en materia de violación de derechos humanos es alarmante teniendo a Ciudad Juárez como uno de sus escenarios más elocuentes. El abuso policiaco, la tortura, los altos índices de delitos y el avance de leyes y reformas retrógradas para las garantías individuales, siguen marcando la pauta de la justicia en Juárez y México con obvios perjuicios para la sociedad, pues como señala el relator Juan S. Méndez con relación a la tortura en el país que esta es generalizada, así también la tendencia del Estado a criminalizar a las personas y luego investigar el delito, son consecuencias que llevan irremediablemente a romper con la justicia.   

    


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