viernes, 23 de mayo de 2014

Chihuahua en el informe 2013 de Amnistía Internacional



A principios de mayo sale a la luz pública el más reciente informe de Amnistía Internacional (AI) correspondiente al año 2013 con información de 159 países y territorios, donde se ratifica que prácticamente en todo el mundo los Estados siguen violando derechos humanos.

Resulta sumamente interesante el informe de AI por la gran cantidad de violaciones registradas: tortura, represión, asesinatos, detenciones arbitrarias; discriminación, segregación, desalojos, racismo, autoritarismo y feminicidio; espionaje, impunidad, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, son algunas de las muchas situaciones de violaciones a los derechos humanos encontradas a lo largo del recorrido por el documento, donde se descubren los niveles de exceso de poder, omisiones o aquiescencia de los Estados a través de sus gobiernos y actores políticos, militares y policiacos.

El caso de México en el informe de AI es uno de los más extensos (ocupa cinco páginas) y en el se visualiza una generalizada situación de violaciones a derechos humanos, donde se destacan las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiacas y de seguridad (página 228). El informe coincide fehacientemente con las 180 observaciones exhibidas en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas del 2013 y con infinidad de denuncias y acusaciones presentes, muchas de ellas todavía, en los distintos medios informativos independientes u organizaciones derecho humanistas autónomas.

Dentro del apartado dedicado a México, el informe cita varios casos de otras tantas entidades de la república, rememora los más de 60 mil asesinatos y 150 mil personas desplazadas herencia del gobierno de Felipe Calderón; señala el abuso a migrantes centroamericanos en tránsito, a las comunidades indígenas y exhibe casos de violencia contra mujeres y niñas, así como una crítica al sistema de justicia penal por el 98% de casos sin resolver (impunidad) así como a las fuerzas del orden (marinos, ejército y policías) por la gran cantidad de excesos en el contexto de la lucha contra la delincuencia (“guerra contra el narco”).

AI cita tres casos de violaciones graves en el estado de Chihuahua, siendo el primero el de los hermanos Figueroa Gómez (Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián, este último de 14 años) detenidos arbitrariamente y torturados para declararse culpables de extorsión en enero del 2013 por agentes judiciales (página 229). El caso es llevado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y ha podido liberar al menor en agosto del 2013 (Luis Adrián) pero aún sigue el juicio de los otros dos hermanos, mientras tanto sus familiares sufren acoso de agentes ministeriales cada vez que hay audiencia. Otro caso de abuso se registra en Baborigame, en la parte sur de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuando el indígena Carmen Puerta Carrillo es asesinado por disparos de soldados cuando manejaba cerca de una base militar y sin mediar advertencia alguna, además se acusa a los militares de amenazar a los familiares para que no denuncien el hecho (página 230). El tercer caso se refiere a la violencia contra las mujeres y los cuerpos de 13 o más adolescentes encontrados en el Valle de Juárez durante los primeros meses del 2012 (página 232) con lo que se atestigua la continuación del feminicidio en el presente.

La situación de los derechos humanos en Chihuahua se ha complicado en los últimos años y es tan grave actualmente, que no sólo AI, sino otros organismos como las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Human RightsWatch (HRW) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han puesto sus ojos en el estado y particularmente en Ciudad Juárez, pues en Chihuahua se siguen cometiendo violaciones por parte de las policías (municipal, estatal y ministerial) con el visto bueno de gobiernos y jueces a modo con “programas” aprobados por el empresariado local y el gobierno de Estados Unidos (Plan Mérida).

Sin embargo el informe de AI a pesar de ser amplio y agudo, se queda corto en cuanto a lo que sucede en Chihuahua, pues no alcanza a proyectar las dimensiones de la violencia del estado en regiones como la Sierra Tarahumara, donde las gavillas del narcotráfico desvelan un Estado fallido en varios municipios o bien el desplazamiento de población en esta región y sobre todo en Ciudad Juárez, donde decenas de miles de personas han cruzado hacia Estados Unidos o regresado a sus lugares de origen en busca de seguridad. Otras situaciones, como las tragedias prevenibles del espectáculo aeroshow en la ciudad de Chihuahua o el de la fábrica de dulces Blueberry en Juárez, descubren el grado de corrupción del gobierno y la vulnerabilidad de la sociedad ante la injusticia y la impunidad.


En términos generales el informe de AI 2013 es un referente obligado para conocer de manera general la situación de México y en particular de sus estados, ciudades y poblaciones más vulneradas, frente a las diversas violaciones de derechos humanos donde Chihuahua es uno de los estados más afectados. El objetivo de AI de informar se cumple y sirve para conocer las enormes fallas del Estado mexicano para brindar justicia y para fortalecer los esfuerzos de la sociedad civil para organizarse en pro de la defensa de sus derechos.

Para consultar el informe:
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_es.pdf 

martes, 13 de mayo de 2014

Marcha de la Dignidad, comunicado y exigencias


(Este documento fue leído el sábado 10 de mayo durante la Marcha de la Dignidad)

El Día de las Madres no puede ser celebrado por aquellas mujeres con hijas e hijos  desaparecidos de manera forzada. Por esta razón este día se ha retomado como uno de lucha, verdad y justicia para quienes esperan el regreso de sus seres queridos.

El objetivo de esta marcha es  presionar a las autoridades competentes a que hagan su trabajo con seriedad y rapidez ofreciendo resultados. La experiencia de las mamás y familiares de desaparecidos y desparecidas es de enfrentar la indiferencia de las instancias encargadas de realizar las investigaciones pertinentes.

Este acto público de denuncia se suma el mismo día y a la misma hora con la Marcha de la Dignidad Nacional que partió desde varias ciudades del país para marchar del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. El problema de la desaparición forzada en el países grave, atraviesa varias regiones y afecta a numerosas personas. El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, sostiene la existencia de 26 mil casos de desaparición forzada en México entre 2006 y 2012, de las cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo lleva 2,400 expedientes.

En Ciudad Juárez el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva registrados ocho casos de desaparición forzada, todos ellos ocurridos entre el 2009 y el 2013, justo en el periodo conocido y todavía vigente de la “guerra contra el narco” en que el Estado mexicano realiza operativos policiaco-castrenses para “combatir” al crimen organizado, pero cometiendo infinidad de violaciones a derechos humanos, incluida la desaparición forzada. Organismos como Human RightWatch y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias han informado en años recientes del incremento alarmante de este delito en Chihuahua y Ciudad Juárez. El investigador Víctor Quintana calcula actualmente en alrededor de 200 personas la desparecidas de manera forzada en el estado.

Ante la desazón causada por la insensibilidad y negligencia de las autoridades para investigar y encontrar a nuestros desaparecidos, exigimos:

1.- Que el Estado mexicano y en concreto el gobierno del estado de Chihuahua tipifique el delito de desaparición forzada de personas de acuerdo a las normas internacionales.

2.- Que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos y sancionar a los responsables de desaparición forzada.

3.- Que el Estado mexicano implemente protocolos y mecanismos de búsqueda eficaces y permanentes de las personas desparecidas.

4.- Que el ámbito federal y estatal se implementen los mecanismos necesarios, para que de acuerdo a la ley de víctimas, se dé una reparación integral del daño causado a familiares de víctimas de desaparición forzada.



Por una búsqueda incansable


De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas



Ciudad Juárez Chihuahua, a 10 de mayo del 2014




miércoles, 7 de mayo de 2014

Marcha de la dignidad: Madres buscando a sus hijas, hijos, verdad y justicia




En Ciudad Juárez, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) convoca a una concentración el sábado 10 de mayo en el Monumento a la Madre del Parque Borunda desde las nueve de las mañana para marchar a las diez de la mañana rumbo a la Plaza de armas para cerrar con un mitin.

No se trata de celebrar el Día de las Madres sino de exigir al Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de buscar a las y los desaparecidos. Con tal motivo familiares y madres de personas desaparecidas usuarias del CDHPDN se han organizado a través de este centro para marchar, informar y exhibir a la sociedad juarense los problemas que se enfrentan quienes tienen un familiar desaparecido cuando acuden buscando ayuda con las autoridades responsables para localizarlas.   

En otras partes de México la jornada iniciará desde el viernes 9 de mayo con caravanas que partirán de varias partes de la república para concentrarse en el Distrito Federal el 10 de mayo en el Monumento a la Madre para marchar rumbo al Angel de la Independencia. 

Se pide a quienes nos gusten acompañar en Ciudad Juárez que lleven ropa blanca y globos rojos.

De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas


martes, 6 de mayo de 2014

Los derechos humanos en Ciudad Juárez a abril del 2014





A Abril del 2014, los derechos humanos siguen siendo violentados de múltiples formas en Ciudad Juárez por parte del Estado en sus tres niveles de gobierno; la cifra de asesinatos (uno diario para un total de treinta en el mes) y de delitos en general se mantiene alta. A nivel estatal y federal se advierte también la pérdida paulatina de derechos y el avance de la impunidad.

Sobre la actuación de la policía, la detención por posesión de droga sigue siendo la principal causa de aprehensión policiaca con 32 detenidos, seguida del robo y asalto con 22 detenidos y en tercer lugar, 14 detenidos por los 30 asesinatos cometidos durante el mes. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) es con mucho la principal agencia de detención y también la más denunciada como violadora de derechos humanos.

En cuanto a derechos violados por las policías se destacan las detenciones arbitrarias, la extorsión, el robo, los golpes y los percances viales con patrullas. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) ha recibido y denunciado además quejas sobre el maltrato, golpes y otras violaciones a jóvenes de la Escuela de Mejoramiento Social Para Menores “México” , así como de amenazas de los guardias de esta institución ahora en manos de la Fiscalía General del Estado a los padres y madres de los reclusos si hacen denuncias.    

Después de la política de abusos de la SSPM, es la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) la que desata el escándalo en el mes de abril al exhibir en redes sociales a conductores que le “faltan el respeto a los agentes”, de acuerdo a palabras de su director, Oscar Luis Acosta. La acción finalmente es retirada por la DGTM por la presión social así como por ser exhibidos en las redes sociales abusos y violaciones de los propios agentes de tránsito.

La Fiscalía de Género es otra institución que trasciende en los medios al negarle la atención a una mujer al no presentar evidencias físicas sino psicológicas, según el criterio de la funcionaria Marta Reyes. Asimismo en un operativo contra negocios de autopartes usadas (yonkes) agentes ministeriales son denunciados por dueños y empleados de extorsionarlos para dejarlos “operar con libertad”.

A nivel estatal se destaca la reelección por tercera ocasión, del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  José Luis Armendáriz, quien ha estado al frente de dicho organismo desde el 2008 durante la etapa más sangrienta y violatoria a los derechos humanos en el estado y cuya actuación ha sido más bien gris. Su reelección es impugnada al igual que la designación de María Rosa Armendáriz y María Nancy Martínez como consejeras del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) también por irregularidades en el proceso de su elección.

De igual manera el caso “aeroshow”(accidente ocurrido en octubre del 2013 con 7 muertes y decenas de heridos) sigue mostrando anomalías y encubrimientos de altos funcionarios públicos a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la disponibilidad del gobierno del estado de Chihuahua por llevar la justicia hasta sus últimas consecuencias. También se da a conocer que la deuda del estado se triplica en tres años, pasando de 13, 261 millones de pesos en el 2010, a 41,768 millones durante la gestión del actual gobernador César Duarte Jaques. La noticia de que Chihuahua tiene las mayores reservas de gas shale mundiales y tendrá inversiones millonarias para su explotación, no representan sino malas noticias para el medio ambiente, la calidad de vida y los derechos humanos de las y los chihuahuenses.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México denuncia que de enero a la fecha 41 ataques contra derecho humanistas, periodistas y sus organizaciones. A finales de abril el Senado avala coartar garantías en caso de perturbación a la paz, dándole facultades al Ejecutivo en caso de Estado de excepción al aceptar las leyes reglamentarias para los artículos 29 y 33 constitucionales; otra propuesta en el área de comunicaciones, la iniciativa de ley secundaria para telecomunicaciones, fue aplazada al enfrentarse a fuertes críticas y manifestaciones en contra por su carácter censurador sobre todo en lo concerniente a internet.

Finalmente con la reforma al Código de Justicia Militar aprobada en abril por el Senado, contiene aspectos negativos al permitir a la justicia castrense detener a civiles e investigarlos en algunos casos, pese al avance en materia de eliminación del fuero militar.  Se cree que la reforma en realidad es más un retroceso que un avance.

El 27 de abril en reunión privada con el relator de la ONU para la cuestión de la Tortura, Juan S. Méndez, en Monterrey, Nuevo León, durante su gira oficial en México para documentar testimonios y entrevistarse con funcionarios de gobierno, el CDHPDN le presentó un documento sobre la situación del estado con casos documentados por este organismo, así como del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSIDDHAC).

En Ciudad Juárez se vive un retroceso de la vida democrática concordante con el escenario estatal y federal, muy señalados en los informes a violaciones de derechos humanos de organismos internacionales como la ONU. El mes de abril es testigo de la continuación de la impunidad y los pocos resultados en seguridad pública con motivos suficientes para reconocer la vulnerabilidad del ciudadano(a) común para acceder a la justicia, de la que frecuentemente es víctima.

La situación del país en materia de violación de derechos humanos es alarmante teniendo a Ciudad Juárez como uno de sus escenarios más elocuentes. El abuso policiaco, la tortura, los altos índices de delitos y el avance de leyes y reformas retrógradas para las garantías individuales, siguen marcando la pauta de la justicia en Juárez y México con obvios perjuicios para la sociedad, pues como señala el relator Juan S. Méndez con relación a la tortura en el país que esta es generalizada, así también la tendencia del Estado a criminalizar a las personas y luego investigar el delito, son consecuencias que llevan irremediablemente a romper con la justicia.