jueves, 24 de abril de 2014

Comunicado y agradecimiento sobre caso “coche bomba”



Comunicado y agradecimiento sobre caso “coche bomba”

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se congratula por la liberación  el 7 de marzo del 2014 Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Ricardo Fernández Lomelí y los hermanos Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería, recuperaron su libertad luego de poco más de tres años y medio en prisión por el caso “coche bomba”, del que resultaron inocentes.

Desde un inicio, el caso resultó ser contradictorio en sus indagatorias, lleno de vicios de origen al debido proceso y plagado de irregularidades violatorias a los derechos humanos, principalmente la utilización de tortura para arrancar confesiones a los cinco inculpados, haciendo el caso difícil por presiones tanto del gobierno federal, como del gobierno de Estados Unidos, dada la magnitud del hecho.

Ha de recordarse que la explosión del coche bomba en Ciudad Juárez a mediados de julio del 2010, cobrando tres vidas. Luego sucedió una “cacería de brujas” que derivó en la detención de numerosas personas, entre ellos, los ahora cinco liberados. Todo esto aconteció en el momento más álgido de la llamada “guerra contra el narco”, política del gobierno federal para combatir al narcotráfico en México, donde uno de sus escenarios más sangrientos de este experimento fue Ciudad Juárez.

El proceso de defensa integral asumido por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) fue muy complicado y costoso porque el Estado retuvo a los implicados en diferentes penales, dos en Nayarit y tres en Veracruz, mientras los expedientes los llevaba un juez de Jalisco.

Valoramos en su justa medida la investigación llevada a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la posterior recomendación emitida donde reconoce la aplicación de la tortura a los cinco  jóvenes y pide se siga la denuncia penal contra los policías  federales responsables.

Lamentamos y denunciamos que la Procuraduría General de la República no le da validez  a los peritajes independientes que aplican el Protocolo de Estambul a los indiciados y exige la aplicación de su propio dictamen revictimizando una y otra vez  a quienes sufren de tortura.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, celebrando localmente este logro jurídico comunica el desenlace de este accidentado proceso y hace un reconocimiento a la Oficina de Washington para Latino América (WOLA) la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional (AI); a la Red “Todos los Derechos para Todos Y todas (Red TdT) al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Centro Agustín Pro de Derechos Humanos (Centro Prodh) al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) por su interés, apoyo y seguimiento a este caso sin los cuales este logro no hubiera sido posible. Lo consideramos un caso paradigmático porque revela el modus operandi de jueces y autoridades judiciales y estaremos denunciando estas prácticas delictivas y antihumanas con la esperanza de  erradicar la tortura de nuestro Estado y de nuestro país.





De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas






Ciudad Juárez, Chihuahua, a 24 de abril del 2014.


viernes, 11 de abril de 2014

Maltratos y tortura en el tribunal para menores




A una semana de la firma del convenio de transferencia de la Escuela de Mejoramiento Social para Menores “México”, de la tutela del municipio de Juárez a la Fiscalía General del Estado hacia el 2015, familiares de los jóvenes detenidos se quejan de cambios negativos traducidos en insultos, robos, torturas y amenazas a sus vástagos, así como maltratos verbales a los papás y mamás visitantes.

Según testimonios (cuyos nombres se reservan para evitar represalias) a pocos días de la firma han sido testigos de acciones que violentan los derechos humanos como los señalados anteriormente, donde el trato se caracteriza por ser contrario  al objetivo de “protección integral y respeto a los derechos humanos de los adolescentes”, según cita de El Diario de Ciudad Juárez del dos de abril[1], tomando de referencia el decreto estatal “que dispone que la administración de establecimientos penintenciarios y la custodia de procesados y sentenciados se ejercerá por el Estado (gobierno del estado de Chihuahua) a solicitud del ayuntamiento”.

Si estas situaciones anómicas ya están sucediendo de manera inmediata, es claro que el gobierno del estado no hará esfuerzos por readaptar a las y los jóvenes recluidos ni en el mediano ni en el largo plazo; que no le interesa su situación legal sino para facilitar y legitimar las acciones policiacas de la “lucha” contra la delincuencia haciendo uso de técnicas violatorias aplicadas a un grupo de por sí vulnerable; y que mantendrá la política de fabricación de culpables para continuar con la lógica de “producción” de resultados en seguridad pública, que aseguran jugosos presupuestos e imagen mediática, aunque no legitimidad ni confianza en la gente por ser acciones contrarias a la democracia.

Al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) le preocupan las declaraciones del fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, en esa misma nota, donde dice con respecto a dicha transferencia que “permitirá a la fiscalía obtener información que repercuta en el combate a organizaciones delictivas”. Estas palabras coinciden en los hechos con los testimonios recibidos en esta organización y debe mover a la acción para evitar que continúen los abusos y violaciones a la ley en contra de las y los jóvenes de la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, conocida popularmente como “Tribunal para menores”.

La criminalización, hostigamiento, persecución y desatención de las y los jóvenes por parte del Estado, ha sido una constante en Ciudad Juárez desde antes de los operativos militar-policiacos de la “guerra contra el narco” y es con mucho, el sector más perjudicado. El programa “Después de las diez en casa en mejor” mejor conocido como Toque de queda para menores, los “operativos mochila” para detectar armas y drogas en escuelas preparatorianas o las masacres en centros de rehabilitación para las drogas o en fiestas de barrio, como la ocurrida en Villas de Salvárcar, son ejemplos muy cercanos y dolorosos de la situación de las y los jóvenes juarenses a la que se suma esta transferencia de tutela penitencial y no de mejoramiento social.

El CDHPDN hace un llamado al gobierno del estado de Chihuahua a través de la Fiscalía General, a apegarse a las leyes nacionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha ratificado y por obligación debe cumplir, incluyendo el castigo a los responsables y la reparación del daño. A los padres y madres de jóvenes afectados les invitamos a hacer valer sus derechos acudiendo a este u otro centro derecho humanista denunciar cualquier abuso por parte del Estado.







De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas








Ciudad Juárez, Chihuahua, a 11 de abril del 2014


[1] Antonio Rebolledo y Araly Castañón, Estado se hará cargo del Tribunal de Menores a partir de enero del 2015, El Diario, Ciudad Juárez, página 4A. 

lunes, 7 de abril de 2014

Reporte del estado de los derechos humanos en Ciudad Juárez para el mes de marzo del 2014




Marzo se convierte hasta el momento en el mes más violento del 2014, con 42 asesinatos ocurridos, pero en cuanto a violaciones a derechos humanos se hacen latentes varias situaciones, como el traslado ilegal de reos al reclusorio Aquiles Serdán; el “Operativo Mochila” en escuelas preparatorias; la extorsión de agentes ministeriales a comerciantes de mercados populares, además dela continuación del abuso policiaco en general.

De acuerdo a nuestro monitoreo de medios, durante marzo se cometieron 42 asesinatos, de los cuales 21 cuerpos siguen sin identificar, 15 pertenecen a hombres y 6 a mujeres. Contabilizamos 82 detenciones por delitos de los cuales destacan por número 32 por robo, 23 por posesión de droga y 11 por homicidio, siendo la policía municipal la que realiza el mayor número de detenciones con 53 y la Fiscalía del estado con 18; los detenidos son mayoritariamente hombres entre los 18 y 29 años de edad. En cuanto a abusos policiacos detectamos un homicidio, un intento de homicidio y un abuso de autoridad, perpetrados dos por la policía municipal y uno por agentes de la Fiscalía, pero están involucrados diez elementos.

Otro tipo de abusos policiacos no denunciados son los frecuentes arrestos de asistentes a fiestas y las detenciones ilegales a transeúntes, incluidos menores de edad; la destrucción de 66 patrullas de seguridad pública en cinco meses de la actual administración municipal, además de otros 6 accidentes viales provocados por policías municipales en el mes de marzo.  El año pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 80 quejas de tortura contra diferentes corporaciones policiacas, mientras en el presente año, han recibido diez quejas contra la Policía Ministerial Investigadora, en Juárez y Chihuahua. Además, por otras causas, se han registrado 20 quejas contra agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, mientras que el año pasado fueron 240 quejas contra los mismos.

A pesar de que los reportes oficiales del gobierno federal señalan que en Chihuahua no ha desaparecido ninguna mujer desde octubre del año 2011, la realidad es distinta: las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres adultas en esta entidad no sólo han continuado, sino incluso han experimentado un repunte, ya que durante 2013, primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el número de casos aumentó 130% en comparación con el año anterior. En lo que va del mes, 4 mujeres desaparecieron en Ciudad Juárez de las cuales tres de ellas son menores de edad. En marzo también sucede el caso todavía no esclarecido del supuesto suicidio de la menor migrante ecuatoriana, Jocelyn Noemí Álvarez.

Otra acción polémica es la relacionada al traslado de reos al penal de Aquiles Serdán en la ciudad de Chihuahua, acción dictada por el gobernador del estado, César Duarte, que ha levantado reacciones entre los distintos gremios de abogados por violar varios preceptos constitucionales y tratados internacionales, los derechos humanos de los procesados, el principio del debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Además familiares de las y los trasladados se quejan de actos de corrupción y soborno de custodios de ese penal para cambiar a sus familiares de área o regresarlos a Ciudad Juárez.

La Casa del Migrante a través de Blanca Cereceda denuncia que han recibido quejas de familias de Anapra y el Valle de Juárez que atienden a migrantes centro y sudamericanos, de ser acosados por policías municipales los cuales acuden a sus casas para acusarlos de ser tratantes de personas. Esta acusación se suma a la manifestación realizada por comerciantes de mercados populares en contra de agentes ministeriales por supuesta extorsión, mientras por otro lado, la prensa destaca que policías municipales “cazan” (extorsionan) a vehículos que cruzan por esta frontera con posible “mercancía” ilegal (contrabando).

Regresa de nuevo el “Operativo Mochila”, una acción policiaca de búsqueda de drogas y armas que viola los derechos humanos, en este caso de estudiantes preparatorianos, de lo cual el CDHPDN ya se ha pronunciado con anterioridad. Este tipo de acciones al igual que los retenes viales y el también operativo estrenado en marzo, “Cultura de la legalidad”, en centros nocturnos, son acciones favorecedoras del terrorismo de Estado al vulnerar los derechos ciudadanos con fines recaudatorios a través del miedo y de la legitimación de un Estado policiaco “democrático” que da tratamiento criminal a la sociedad por igual.

Finalmente el caso de Israel Arzate vuelve a ser noticia en marzo por la forma en que la Fiscalía General de Chihuahua protege a Ramón Gerardo Quintana Villasana, ex director del Cereso Estatal y actualmente director de Análisis, Control y Evaluación de dicha fiscalía, acusado de dar permiso de la salida y traslado a Arzate para ser torturado. La acusación además evidencia la transferencia de detenidos a instancias militares o policiacas para su tortura y da pie para la sospecha de más funcionarios de alto rango involucrados.

Por parte del CDHPDN, podemos compartir la buena noticia de la liberación de cinco de los implicados del caso “coche bomba”, usuarios nuestros, quienes injustamente pasaron tres años y medio presos por un delito que no cometieron, pero en base a un proceso repleto de irregularidades y a la insistencia y comprobación de su inocencia, ahora esperan la reparación del daño y el castigo a sus torturadores.

El reporte de marzo es contundente en cuanto a evidenciar el actuar policiaco y de la Fiscalía en esta frontera, el cual sigue dando actos violatorios a derechos humanos, con muchos aspectos a corregir al respecto y muchas dudas en cuanto al desempeño no solamente de las y los agentes policiacos, sino también de agentes del Ministerio Público, jueces y funcionarios estatales y municipales que propician además la impunidad.