jueves, 20 de marzo de 2014

Carta pública de agradecimiento




El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, agradece a nuestras organizaciones hermanas Centro Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos (Centro Prodh) al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y a la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TdT) a la cual pertenecemos junto a otras 72 organizaciones, por su gran apoyo a este centro por motivo de la liberación de cinco de los implicados en el caso “coche bomba” de Ciudad Juárez.

Para recordar, el pasado 7 de marzo recuperaron su libertad Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería, Ricardo Fernández Lomelí después de más de tres años y medio de injusto encarcelamiento, cuando la Procuraduría General de la República decide presentar conclusiones no acusatorias al demostrarse la confesión bajo tortura, entre otras irregularidades del caso. Los ahora libres junto con sus familiares cercanos se concentraron luego en la ciudad de México desde donde ofrecieron una conferencia de prensa para exhibir las contradicciones del caso.

Este esfuerzo no hubiese sido posible sin la ayuda del CCTI en la aplicación de uno de los  tres protocolos de Estambul efectuado a los cinco, así como en su acompañamiento hasta el día de la conferencia de prensa, llevada a cabo en el auditorio del Centro Prodh, quienes también se hicieron cargo de brindar hospedaje a los cinco liberados y sus familias de manera segura durante su estancia en la ciudad de México. El CEPAD por su parte, accedió a facilitar su domicilio en Guadalajara para recibir las notificaciones del Juzgado Primero de Distrito en Procedimientos Penales, con sede en esa ciudad.

Nuestro reconocimiento a todas estas organizaciones que hicieron posible con su ayuda facilitar a nuestros defendidos su libertad.



De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y toda




Ciudad Juárez, Chihuahua, a 20 de marzo del 2014

miércoles, 12 de marzo de 2014

Boletín y fotos de conferencia de prensa, caso "coche bomba"




Ciudad Juárez, Chihuahua, miércoles 12 de marzo, 2014. El 7 de marzo recuperaron su libertad Noé Fuentes Chavira, Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería, Rogelio Anaya Martínez y Ricardo Fernández Lomelí, cinco de los implicados en el atentado del “coche bomba” ocurrido en Ciudad Juárez el 15 de julio del 2010, luego de más de tres años de prisión.

La Procuraduría General de la República, ante conclusiones no acusatorias se desistió de los cargos al no haber pruebas suficientes que vincularan a los jóvenes con el hecho terrorista, además de demostrarse vía el Protocolo de Estambul, la existencia de tortura, prueba irrefutable de que en el sistema de justicia mexicano se siguen aceptando las confesiones inculpatorias bajo esta práctica.  

El caso es un ejemplo paradigmático de un proceso judicial plagado de irregularidades y de acciones violatorias, muchas de las cuales son señaladas en las 180 recomendaciones del Examen Periódico Universal de la ONU en octubre del 2013, realizado en Ginebra, Suiza, que se le hicieron a México por violaciones a los derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva documentando en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua un aumento de los casos de tortura y desaparición forzada en el último lustro y ha señalado la forma de actuar tanto de las diferentes policías, como de las y los agentes ministeriales y jueces. En el caso que hoy nos ocupa, es evidente e innegable las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los cinco liberados, mientras el Estado le sigue negando la justicia a las víctimas fatales y heridas de ese día.
 
Los cinco jóvenes no sólo salieron por haber sido torturados, sino por ser inocentes de los cargos que se les imputaban.


La recuperación de Noé, Víctor Manuel, Gustavo, Rogelio y Ricardo, apenas comienza. La reposición del daño y el castigo a sus torturadores, son algunos de los pendientes para que puedan empezar a recibir justicia. El Estado mexicano por su parte, debe apegarse a derecho y cumplir con los compromisos internacionales firmados en materia de derechos humanos para evitar repetir casos como el del “coche bomba” y terminar con las malas prácticas judiciales.

















martes, 11 de marzo de 2014

Invitación a conferencia de prensa en Ciudad Juárez, caso "coche bomba"






Estimados(as) amigos y colegas:

Los convocamos a conferencia de prensa que tendrá lugar el miércoles 12 de marzo a las 12:00 p.m. en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, con motivo de la liberación de cinco de los implicados en el caso “coche bomba”, donde abordaremos los pendientes jurídicos del caso y los jóvenes expondrán su testimonio.

Participan:

Oscar Enríquez
                                   Director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Diana Morales
                                   Abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Ricardo Fernández
Gustavo Martínez
Víctor Manuel Martínez
Noé Fuentes
Rogelio Amaya
                                   Liberados del caso “coche bomba”


La conferencia se llevará a cabo en la sede del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, calle Independencia 7073, colonia Lino Vargas, teléfono 170-4203.


Mayores informes:

Carlos Murillo González
Área de comunicación,
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte,


Reportaje sobre caso "coche bomba", portada de El Diario de Juárez


(Tomado de El Diario | 2014-03-11 )


La Procuraduría General de la República (PGR) retiró los cargos contra los cinco hombres que fueron detenidos e involucrados en la detonación del coche-bomba en el año 2010 en esta ciudad.

Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí recuperaron su libertad el viernes pasado luego de poco más de tres años y medio de permanecer encarcelados, informó la abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Diana Morales.

Agregó que los cinco resultaron positivos al Protocolo de Estambul, un manual diseñado para determinar si una persona fue sujeta a tortura o prácticas degradantes.

Datos periodísticos establecen que al ser detenidos se les acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lo que resultara. En esa ocasión la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a cargo de Genaro García Luna, informó que Fuentes Chavira manifestó haber participado en el ataque contra elementos de la Policía Federal el 15 de julio de 2010 como informante al servicio de “La Línea”. Se le dictó un arraigo en el Centro de Investigaciones Federales mientras se reunían pruebas en su contra.

Morales explicó que estas personas fueron detenidas el 11 de agosto de 2010 acusadas de delitos federales pero no de terrorismo. Es decir, no de la detonación del coche-bomba en la avenida 16 de Septiembre que causó la muerte del doctor José Guillermo Ortiz Collazo, el agente federal Ismael Valverde Solares y el civil César Gabiño Aviña, así como lesiones a unas 11 personas, entre ellas seis agentes de la Policía Federal y un camarógrafo de Canal 5. El Juzgado Primero de Procedimientos Penales de Distrito con sede en Guadalajara ordenó la libertad de los cinco hombres al recibir las conclusiones no acusatorias y por ende el no ejercicio de la acción penal.

“La PGR presenta conclusiones no acusatorias porque nos sentamos con ellos a dialogar, para decirles que únicamente había dos pruebas en contra de los acusados: las confesiones sacadas mediante tortura y el dicho de los agentes federales. Después de que se aplicó el Protocolo de Estambul a los muchachos, se pudo ver que efectivamente sus declaraciones fueron sacadas bajo tortura y además obra una documental donde queda evidenciado que los agentes mienten, diciendo que los muchachos fueron detenidos el día 12 de agosto pero en realidad la detención fue el 11, existe una documental que prueba esto”, afirmó la abogada.

Esta prueba es un aviso emitido por la Policía Federal al Jurídico de esa dependencia de la Ciudad de México, para dar a conocer que hubo una detención de cinco personas el 11 de agosto, dato que en el proceso fue cambiado y se dijo que la aprehensión fue el 12, explicó Morales para luego referir que durante esas 24 horas Fuentes Chavira, Amaya Martínez, Martínez Rentería, Martínez Rentería y Fernández Lomelí fueron sujetos a tortura.

La abogada de los implicados dijo que la PGR sólo tenía como prueba el dicho de los agentes que los aprendieron y la confesión de los cinco “arrancada bajo tortura”.

“Los acusan de crimen organizado, armas y droga, del coche bomba no lograron comprobarles nada”, aseguró Morales Rincón.

La defensa solicitó que se les aplicara el protocolo de Estambul para comprobar la tortura y posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo corroboró, razón por lo cual emitió a la PGR la recomendación 75/2011.

La abogada dijo que luego, en una reunión con el actual procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se comprometió a que se les practicaran otras pruebas del Protocolo de Estambul y si al menos uno salía positivo todos iban a salir libres, y resultó que los cinco arrojaron positivo.

“El procurador mantiene su palabra y dice que efectivamente esta gente no tenía nada que ver con crimen organizado o con droga y se dan conclusiones inacusatorias, que significan que no hay ningún cargo que establecer contra ellos”, afirmó Morales.

Agregó que el PGR llegó a esas conclusiones el jueves pasado y el Juzgado Primero de Distrito ordenó su liberación el viernes, día en que los cinco salieron de las prisiones en que estaban.

El vocero del Centro de Derechos Humanos, Carlos Murillo, dijo que luego de que salieron libres, los cinco se reunieron en el Distrito Federal en donde hoy ofrecerán una rueda de prensa y mañana miércoles llegarán a Juárez en compañía de sus familiares.

La abogada derechohumanista agregó que además se violó el debido proceso de estas personas al tardarse la Policía Federal dos días y medio para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Hace más de un año los ahora liberados interpusieron una querella ante el Ministerio Público de la Federación para denunciar la tortura a la que dicen fueron sometidos, por lo que el CDHPN espera que los agentes federales que incurrieron en este delito sean castigados.

“Esperamos que se castigue a los elementos. Tiene muy buena voluntad el procurador de la República, no solamente al haber reconocido toda la violencia que sufrieron estos muchachos por algo que no cometieron, también tiene la voluntad y la obligación porque el delito de tortura se persigue de oficio y es un deber del procurador seguir adelante con la investigación”, acotó.

Las personas que sí se encuentran bajo investigación por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y utilización de vehículo robado en relación al bombazo ocurrido en este frontera en 2010 y dentro del proceso penal 218/2012 en la Mesa I del Juzgado Sexto de Distrito son José Iván Contreras Lumbreras, alias “El Keiko”; Jaime Arturo Chávez González, “El Jimmy”; Mauro Adrián Villegas “El Blaky” o “El Negro”; Fernando Contreras Meraz, “El Barbas”; Martín Pérez Marrufo, “El Popeye” o “El Gordo”; Lorenzo Tadeo Palacios, “El Shorty” o “Shorty Dog”; Jorge Antonio Hernández, “El Chapo” o “El Chapito”.

José Antonio Acosta Hernández, alias Carlos Martínez Pérez o “El Diego” o “El Uno” o “El 10” también aparece como acusado en este proceso penal pero no será enjuiciado porque se encuentra preso en Estados Unidos.

Leticia Chavarría, integrante de la Mesa de Seguridad, y amiga de unas de las víctimas mortales de la explosión, dijo que es importante que los cinco implicados en este caso hayan quedado libres.

“Porque no había pruebas suficientes para declararlo culpables y eso es grave”, mencionó.

Agregó que si estas personas son inocentes y estuvieron presos injustamente, el sistema de justicia está fallando.

“Lo más importante para nosotros es que la justicia se cumpla, porque si son inocentes, ¿dónde están los verdaderos responsables?”, cuestionó.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, solicitó a la PGR continuar las indagatorias para que se sancione a los responsables del delito de tortura contra los cinco acusados.

También que en conjunto con la Policía Federal continúe con la recomendación 75/2012 de la CNDH para el caso y que el Estado favorezca para que se dé la reparación integral de las víctimas.

Como medida de no repetición, que el Estado instruya a sus fuerzas policiacas y de investigación a abstenerse de ejercer tortura y malos tratos a los detenidos, tal como lo establece la constitución y los tratados internacionales en la materia.

También que se elimine la figura del arraigo, y que al momento que una persona alegue ser víctima de tortura, inmediatamente se dé vista al Ministerio Público y se declare nula cualquier declaración obtenida en esas condiciones, y que se acepte y reconozca en todos los ámbitos los peritajes independientes del Protocolo de Estambul.

Tras el atentado con un carro bomba el 15 de julio del 2010, inédito en esta frontera, se dio a conocer mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que el ataque se registró como represalia por la detención en esta localidad del líder operativo del grupo delictivo “La Línea”, Jesús Armando Acosta Guerrero, alias “El 35”, subordinado de de José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, segundo en la estructura de “La Línea”, bajo el mando directo de Juan Pablo Ledezma, alias “el JL”, lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes.

El ataque se dio una vez que agentes de la Policía Federal llegaron al cruce de 16 de Septiembre y Bolivia, debido a que se reportó la agresión a un agente municipal. También llegaron paramédicos de Rescate y periodistas de distintos medios de comunicación.

Al dirigirse al punto donde se encontraba el presunto municipal lesionado que era ya atendido por el médico José Guillermo Ortiz Collazo quien tenía su consultorio en el sector, los agentes federales informaron que un vehículo venía tras ellos desde cuadras antes, por lo que pidieron el apoyo de más elementos.

Al llegar al punto referido, las tres unidades oficiales se detuvieron y junto a ellos también lo hizo un auto de reciente modelo, Ford Focus verde, con placas de circulación 853 SHF6, del cual bajaron repentinamente dos hombres, por lo que los elementos policiacos comenzaron a disparar.

Tras los impactos se registró una explosión, que de acuerdo con el reporte de fuentes al interior de la Operación Coordinada Chihuahua, fue provocada por una granada de segmentación que se activó en el punto de manera intencional para acabar con la vida de los policías.

El estallido se escuchó a kilómetros de distancia del lugar e incluso las llamas que provocó, tanto del auto bomba como de las unidades oficiales siniestradas, fueron vistas desde diversos puntos de la ciudad.

Ventanas de las viviendas en varios metros a la redonda, cristales de autos, concreto de las banquetas, cinta asfáltica, así como piezas metálicas del propio coche bomba quedaron en el perímetro donde se registró la explosión.

El caso atrajo a investigadores estadounidenses expertos en materia de actos terroristas colaboran con autoridades mexicanas en las indagatorias del atentado con el coche bomba. (Staff/El Diario)



El recuento

• El 15 de julio de 2010, en el cruce de 16 de Septiembre y Bolivia, se perpetró un atentado con un carro-bomba en el que se emplearon tácticas terroristas



• Murieron el médico José Guillermo Ortiz Collazo, el agente federal Ismael Valverde Solares y el civil César Gabiño Aviña





• Seis policías federales y un camarógrafo de televisión resultaron lesionados



• Investigadores estadounidenses expertos en actos terroristas colaboraron con autoridades mexicanas en las indagatorias

• Según la Secretaría de Seguridad Pública federal, el ataque se registró como represalia por la detención del líder operativo de ‘La Línea’, Jesús Armando Acosta Guerrero, subordinado de ‘El Diego’, segundo en la estructura del grupo bajo el mando directo de Juan Pablo Ledezma, ‘El JL’, lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes.



redaccion@redaccion.diario.com.mx

lunes, 10 de marzo de 2014

Conferencia de prensa en el DF sobre caso "coche bomba"


Por este medio les convocamos a una conferencia de prensa que tendrá lugar el día martes 11 de marzo a las 11:00 am en el Auditorio del Centro Prodh. En ella el CDH Paso del Norte de Ciudad Juárez presentará testimonios e informará sobre los pendientes jurídicos en torno a la liberación de los cinco implicados en el caso “coche bomba” de Ciudad Juárez. 

Participantes

Licenciada Diana Morales / abogada del CDHPDN

Liberados del caso “coche bomba”
Noé Fuentes
Ricardo Fernández
Víctor Manuel Martínez
Gustavo Martínez
Rogelio Amaya
Moderadora

Licenciada Patricia Galarza / Psicóloga del CDHPDN
        
La conferencia de prensa se llevará a cabo el martes 11 de marzo de 2014 a las 11:00 hrs. en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., ubicado en Serapio Rendón 57-B, col. San Rafael, D.F. (Mapa de acceso en http://bit.ly/IRUOnB).

Para mayor información quedamos a sus órdenes

Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx

Liberación de los cinco implicados del caso “Coche bomba”



Ciudad Juárez Chihuahua, a 10 de marzo del 2014



El viernes 7 de marzo del 2014, Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí recuperaron su libertad luego de tres años y medio de encarcelamiento injusto en diferentes penales de la república por un delito que no cometieron.

Para recordar, en agosto del 2010, en una emboscada contra agentes de la Policía Federal en Ciudad Juárez, se detonó un “coche bomba” donde murieron o fueron heridos varios agentes y civiles. A raíz de la repercusión del evento, las diferentes fuerzas policiacas y militares presentes en la ciudad se dieron a la tarea de encontrar a los responsables de este acto violento haciendo gala de levantones, abusos y torturasa un número indeterminado de personas para la fabricación de culpables, incluidos los ahora liberados.

Elproceso judicial estuvo plagado de inicio con muchas irregularidades y contradicciones a tal grado que las autoridades tuvieron que cambiar los cargos a nuestros defendidos al no poder sustentar su participación en el atentado. Durante ese tiempo a los jóvenes se les aplicó en diferentes momentos, tres protocolos de Estambul para demostrar que fueron torturados desde su aprehensión, siendo el último protocolo, aplicado por la Procuraduría General de la República (PGR)con el que consiguen su liberación al salir positivo, resultado también del compromiso de respetar dicho diagnóstico por parte del procurador de la república, Jesús Murillo Karam, en  una reuniónde familiares y defensores en sus oficinas de la ciudad de México a finales de octubre del 2013.

Es a finales de enero del presente año cuando se da el resultado del último protocolo, esperándose sólo el trabajo burocrático de la PGRpara dar trámite a la libertad de los injustamente inculpados, quedando pendiente la reparación de los daños por el tiempo y maltratos recibidos. En cuanto a esto último, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte solicita puntualmente a la Procuraduría General de la República realizar las siguientes acciones para lograr la justicia total para los cinco:

Que la PGR continúe las indagatorias para que se sancione a los responsables del delito de tortura a los cinco jóvenes.

Que la PGR en conjunto con la Policía Federal continúe con la recomendación 75/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el caso.

            Que el Estado favorezca para que se dé la reparación integral de las víctimas.

Tomando en cuenta las recomendaciones hechas a México el 23 de octubre del 2013 en Ginebra, Suiza, en base al Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que:

Como medida de no repetición, el Estado instruya a sus fuerzas policiacas y de investigación a abstenerse de ejercer tortura y malos tratos a las y los detenidos, tal como lo establece la constitución y los tratados internacionales en la materia.

El Estado elimine la figura del arraigo.

El Estado a través del poder judicial, al momento que una persona alegue ser víctima de tortura, inmediatamente dé vista al ministerio público y declare nula cualquier declaración obtenida bajo tortura.

El Estado acepte y reconozca en todos los ámbitos los peritajes independientes del protocolo de Estambul.