miércoles, 15 de octubre de 2014

La desaparición forzada en Ciudad Juárez



La desaparición forzada en Ciudad Juárez


La horripilante historia de los sucesos ocurridos en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, cuyo fin todavía desconocemos, abre también la oportunidad a nivel nacional de cuestionarnos sobre la desaparición forzada en este país, sobre todo en años recientes. Ciudad Juárez sufre, al igual que otros lugares de la geografía de México, el terror de de este tipo de prácticas todavía recurrentes cuyo eslabón crítico se ubica en la represión del Estado y grupos paramilitares hacia población que considera hostil o desechable.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) lleva actualmente nueve casos de desaparición forzada ocurridos en la ciudad, Cuauhtémoc, Jiménez y Praxedis G. Guerrero y de personas oriundas de Juárez, pero desaparecidas en Zacatecas y Veracruz, pero sólo cubrimos una mínima parte de los cientos de hombres y mujeres desaparecidos a nivel local, de los miles a nivel estatal y de decenas de miles a nivel nacional. Desde tiempos de la “guerra sucia” de los años sesenta y setenta del siglo pasado, no se había incrementado de manera tan dramática la desaparición forzada en México.

El CDHPDN ya se ha pronunciado de manera oportuna a través de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TdT) a la que estamos adheridos junto con otras 72 organizaciones derecho humanistas, por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, pero también nos obliga la realidad de Ciudad Juárez a hacer visible el mismo problema en la ciudad, sobre el cual nos interesa que también se acelere la búsqueda y se haga justicia no sólo para los casos nuestros, sino en general para acceder a la verdad como sociedad, sobre todo para quienes han optado por el silencio o el desahucio, ya sea por miedo o desánimo, en la búsqueda de su familiar o ser querido.

A partir de los acontecimientos de Guerrero, moralmente el Estado está obligado por las penosas circunstancias que lo involucran con la desaparición forzada, tortura y otras violaciones a derechos humanos, a ofrecer acciones contundentes y de cara a la sociedad. El Estado mexicano, en este caso a través de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, no ha entendido cómo le puede afectar la situación de Guerrero si no piensa en acelerar las búsquedas de quienes “se encuentran extraviados(as)” en el estado. No ha comprendido, como en el caso del feminicidio, que la sociedad tiene una paciencia y un límite. El Estado no puede seguir marchando hacia la impunidad sin esperar una respuesta ciudadana más exigente.      

El descubrimiento de varias fosas clandestinas con cuerpos humanos en Guerrero, que según el procurador de la república, Jesús Murillo Karam, no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos, ¿a quiénes pertenecen entonces? Actualmente la Secretaría de Gobernación (sub)estima en 16 mil las desapariciones en México mientras estados como Chihuahua, minimizan o desconocen el término cambiándolo por el menos alarmante de personas extraviadas para maquillar cifras a su favor y no hacer nada. Esta actitud es arrogante sabiendo la gran cantidad de personas buscando a sus familiares desaparecidos quienes han estado exigiendo “mover a México” para encontrarlos.

La cuestión es que la sombra de Guerrero no hace sino sacar a la luz la podredumbre del Estado mexicano en materia de seguridad y derechos humanos. Desde al menos la segunda mitad del siglo XX podemos rastrear la desaparición forzada en el país, por lo que no es un fenómeno anómico nuevo, sino reciclado. No es en vano los señalamientos de organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros hacia este suceso en particular. Cada que se descubre una nueva fosa, el Estado mexicano se hunde más, pues deja ver la magnitud de la inseguridad pública, como una muestra de lo que sucede en el país.

La mayoría de las personas desaparecidas de manera forzada no son “delincuentes”, “narcos” o “terroristas”, como suelen estereotipar o difamar en los medios masivos de comunicación y organismos estatales. La realidad indica que las posibilidades de ser víctima de desaparición forzada son mayores para jóvenes de ambos sexos, activistas y migrantes, pero personas de todas las edades, clases y estratos sociales pueden ser desaparecidas sin ningún motivo aparente. Las pistas más frecuentes en la mayoría de los casos regularmente apuntan hacia fuerzas armadas legales e ilegales.

La desaparición forzada tiene que ver con políticas de Estado planeadas para generar terror en la sociedad o a ciertos grupos sociales, ya sean perpetradas por agentes propios o externos. Esto también genera una descomposición de los cuerpos de seguridad, el abuso del poder político y la corrupción del sistema de justicia, como es innegable en el estado de Chihuahua por su escandalosa e interminable violencia donde además es visible la poca o nula autonomía de los órganos de justicia y el autoritarismo del gobernador del estado César Duarte, quien a la fecha se niega a aceptar la situación todavía crítica del estado en este tenor.

En el CDHPDN constatamos de manera alarmante la impunidad cómo método y la apatía o línea política tanto de gobernantes, jueces y sobre todo fuerzas policiacas, como los principales obstáculos para alcanzar la verdad, la justicia y ofrecer resultados a una sociedad ansiosa de vivir en paz. Ni los asesinatos han cesado, ni los asaltos disminuido, y para colmo, la desaparición forzada sigue siendo un modus operandi policiaco justificado por el contexto de la “guerra contra el narco”. No se ha llevado al banquillo de los acusados a ningún jefe policiaco por algún caso de desaparición forzada ni se cuestionado tampoco a ninguno de los políticos y empresarios que toleran o financian ajustamientos extra judiciales (de la policía encubierta) la desaparición forzada y la “limpieza social”. Así es imposible aspirar a la paz, la justicia y la reparación del daño que una sociedad tan agravada y dolida como Ciudad Juárez merece.     

  

Juan Miguel Bustamante Morales (desparecido en abril del 2010)
Mario Alberto Bustamante Valdez (desaparecido en abril del 2010)
César Gonzalo Durán Calderón (desaparecido en julio del 2011)
César Ávila López (desaparecido en febrero del 2011)
Eric Aguirre Balbuena (desaparecido en septiembre del 2012)
Adrián Favela Márquez (desaparecido en octubre del 2012)
Adriel Alonso Ávila Barrios (desparecido en octubre del 2012)
Daniel armando Guzmán Ramos (desparecido en noviembre del 2012)
José Antonio Chaparro Ledezma (desaparecido en abril del 2014)




Con ellos nos llevaste a todas y todos.
Regrésalos












Ciudad Juárez, Chihuahua a 15 de octubre del 2014.

jueves, 9 de octubre de 2014

Marcha en Ciudad Juárez por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa


El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte presente en la marcha realizada en Ciudad Juárez por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas secuestrados por la policía de Iguala.

En la joroba del Puente Internacional Córdoba-Américas 



En el Parque Borunda, punto de reunión.




Entrevista a nuestro director Oscar Enríquez.















El CDHPDN presente con familiares de desaparecidos en Ciudad Juárez.



Rumbo al "Puente Libre". 















Cientos de personas participaron solidarias exigiendo justicia.




   Estudiantes de la Normal de Saucillo encabezaron la marcha. 

lunes, 6 de octubre de 2014

Los derechos humanos en Ciudad Juárez

 Síntesis de las violaciones a derechos humanos a septiembre del 2014

Según diferentes medios informativos, septiembre en Ciudad Juárez cierra con 36 asesinatos (dos feminicidios entre ellos) de los cuales sólo en once se registran detenciones. A pesar del discurso oficial que habla de una disminución cuantitativa de asesinatos con relación a años recientes (2008-2012) la cuota de sangre sigue siendo alta y de alto impacto: asesinatos múltiples, feminicidios, destazamientos. Pero cualitativamente en la ciudad siguen existiendo condiciones de inseguridad, violencia y miedo que siguen impactando negativamente a la sociedad juarense.

De acuerdo a nuestro análisis, los robos y asaltos, la violencia intrafamiliar y los asesinatos, representan dos terceras partes de las detenciones hechas durante el mes. Igualmente dos terceras partes de las personas detenidas por diferentes delitos, son menores de treinta años y predominantemente hombres, siendo de nuevo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) la agencia policial con más detenciones (42) y le sigue la Fiscalía General del Estado con 13 representando entre ambas  el 85% del total de las detenciones. Destacamos también en los medios treinta delitos sin personas detenidas: 21 asesinatos, 5 intentos de asesinato y 4 de robo y asalto.

En cuanto al actuar de las y los agentes policiacos, en esta ocasión la Policía Estatal Única se convierte en la principal violadora de derechos humanos al haber reventado una fiesta particular donde privó de su libertad a 171 personas, entre ellos 132 menores de edad, además de exhibirlos como peligrosos delincuentes en los medios. También se registran dos violaciones por agentes de la SSPM (privación de la vida y delitos contra la salud) además de otras actividades que ponen en duda su costosa capacitación profesional o bien reafirman su conducta prepotente, como en los casos de accidentes automovilísticos donde frecuentemente se ven involucrados: agentes de varias corporaciones se vieron envueltos en  5 accidentes viales (ministeriales 1, federales 1 y de la SSPM 3). A finales de septiembre se detienen a un agente en funciones y otro recién cesado de la SSPM por transportar droga en un automóvil y a un custodio del Cereso por extorsión.

Sobre la justicia relacionada con agentes policiacos involucrados en violaciones a derechos humanos, refiere a un oficial de la policía municipal (del que se desconoce su nombre) que al presumiblemente evitar un asalto en un bar y matar a uno de los perpetradores cuando se encontraba fuera de turno, un juez le concede la libertad por obrar en legítima defensa. En otro caso  la Fiscalía General del Estado retiró cargos a cuatro agentes de la SSPM acusados de violación, abuso de autoridad, abuso sexual y tortura en perjuicio de dos hombres quienes actualmente están en prisión por carjacking. Aparentemente hubo un arreglo económico para que las víctimas retiraran los cargos por $3,500.00 pesos como reparación del daño. Los cuatro oficiales gozan de libertad actualmente.

Vecinos y vecinas del fraccionamiento habitacional Las Arcadas se quejan de las y los agentes de la SSPM pertenecientes al Distrito Oriente de dicha corporación, cuya sede se encuentra dentro del fraccionamiento, al sentirse intimidados constantemente por dichos oficiales, además de la forma desmesurada en que manejan sus patrullas, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes, principalmente de las y los infantes. La sede del Distrito Oriente fue impuesta ahí desde el 2012 por el entonces secretario de seguridad pública, Julián Leyzaola, pese a la protestas de las y los vecinos que fueron y siguen siendo ignorados.

La situación a nivel estatal sobre derechos humanos también es preocupante. Los continuos enfrentamientos entre grupos armados contra el ejército y la policía en el sur del estado alertan sobre el incremento de asesinatos y masacres. El discurso del gobernador del estado, César Duarte, es desalentador en cuestión de justicia cuando cita que los centros de readaptación social deben convertirse en verdaderas cárceles donde se castigue a delincuentes, durante un evento donde se instaló el capítulo México de la Asociación Americana de Correccionales,  asociación que por cierto, pretende “certificar” penales en el país. Asimismo el discurso de Duarte favorable a la explotación del gas shale (gas de lutitas) por fracturación hidráulica o fracking en el estado, es preocupante, dadas las altas posibilidades de que se lleve a cabo debido a la reforma energética constitucional y pese a la oposición de grupos ambientalistas y activistas por los graves daños documentados en otros países donde se ha desarrollado esta industria. Septiembre cierra con una denuncia contra Duarte por peculado y con el 88% de las y los chihuahuenses que consideran que la policía es corrupta, según resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. 

El contexto a nivel nacional tampoco es alentador. El Estado mexicano ha sido señalado por organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Tribunal Permanente de los Pueblos por casos de tortura y desaparición forzada, además de incumplir en cuestiones de violencia de género y feminicidio, en un sexenio donde uno de cada dos casos de agresiones a periodistas provienen de gobernantes y donde el actual ombudsman nacional de derechos humanos, Raúl Plascencia, es acusado de graves omisiones a derechos humanos por decenas de organizaciones derecho humanistas que exigen juicio político a la Cámara de Diputados contra el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sucesos como el ataque a estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero  o la noticia del fusilamiento de presuntos delincuentes en manos del ejército en meses pasados, no abonan a la credibilidad del Estado y sí en cambio, hace ver su parte represiva y autoritaria. El actual gobierno federal violenta incluso a las y los niños, como puede comprobarse en el cacheo a menores durante la noche del 15 de septiembre en el zócalo capitalino, acción que el comisionado de seguridad nacional Alejandro Rubido, advierte de volver a implementar de ser necesario o lo que es lo mismo, que lo volverán a hacer. Para colmo el ecocidio de los ríos en Sonora por parte de empresas mineras propiedad de Grupo México sigue gozando de impunidad, como el tristemente célebre caso también sonorense de las y los niños calcinados de la guardería ABC.

Es innegable que dentro de la lógica policiaca de la actual administración federal, los derechos humanos son las primeras víctimas. Lo que sigue sucediendo en Ciudad Juárez no es más que una muestra de lo que está sucediendo en el país. La criminalización de la juventud, el acoso a periodistas, la limpieza social de “delincuentes”, la permanencia del ejército y la Marina en tareas policiacas y la terrible impunidad de que gozan empresarios, políticos, policías y hasta hace poco militares involucrados en diversos delitos, son síntomas de un retroceso en materia de derechos humanos que nos ubican más como un país autoritario y retrógrada y no como uno de libertad y justicia donde la democracia se presume sólo en el discurso oficial.

La continuidad en Juárez de los crímenes violentos y de alto impacto sólo ayudan a perpetuar el miedo social, reforzado esto con la percepción ciudadana de tener una policía y jueces corruptos. Las grandes inversiones para equipar y adiestrar a los cuerpos policiacos pone en duda sus verdaderas intenciones, pues los pobres resultados en seguridad pública y el trato al ciudadano(a) común dejan mucho que desear, mientras que los avances en la disminución de delitos como el secuestro, la extorsión y el robo de autos, en realidad solamente benefician a los estratos sociales más adinerados y no a la población en general. Hasta el momento no se ven indicios de que el Estado en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) caminen apegados a derecho y con respeto a la dignidad humana; por el contrario, las reformas constitucionales, particularmente la energética, auguran malos tiempos para la ciudad y la región, como lo atestigua El Valle de Juárez.




  


  

jueves, 11 de septiembre de 2014

Carta pública a SRE sobre Derechos Humanos



CARTA PÚBLICA

Jueves  11 de septiembre del 2014.


EMBAJADOR JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO
SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
PRESENTE

Por este medio nos volvemos a poner en contacto con usted para hacer de su conocimiento que el día 7 de julio entregamos un oficio  - adjunto - solicitando una reunión de trabajo con usted, la cual a la fecha no ha sido concedida, a pesar de las  comunicaciones que dimos para dar seguimiento al oficio.

Como hemos expresado en diversas ocasiones, es de nuestro interés conocer las acciones que en materia de derechos humanos la política exterior mexicana está promoviendo. Tanto en la Organización de los Estados Americanos (OEA) como en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están por llevarse a cabo cambios i y actividades relevantes que tendrán un impacto en la agenda de derechos humanos. En tal sentido, y de nueva cuenta, queremos insistir en la importancia que tiene para las organizaciones poder conversar sobre temas de agenda en materia de política exterior y, especialmente, de derechos humanos.

Nos preocupa el silencio ante este interés necesario y legítimo por dirigir acciones que tiendan al fortalecimiento de los órganos de protección internacional y de una mayor protección en materia de derechos humanos y democracia. Lo cual además contrasta con las propuestas de reunión convocadas por la Secretaría en materia de derechos humanos y que no han logrado “asegurar una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil”, como es el caso de la Mesa de Trabajo sobre el cumplimiento de los DESC en México, convocada en agosto de 2014.

Consideramos que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en consonancia con su agenda en el exterior y con el respaldo que ha dado a diversas resoluciones emitidas en el seno de la OEA y la ONU sobre la participación de la sociedad civil, debería tener un rol sumamente activo también a nivel nacional con las organizaciones de la sociedad civil informando, compartiendo y consultando las acciones propuestas.

Lamentamos que no haya un vínculo o espacios efectivos para poder abordar dichos asuntos de manera más práctica y sistemática, como habría sido mencionado en diversas ocasiones en el marco de la Evaluación Periódica Universal (EPU) en octubre del 2013, por lo que, de nueva cuenta, insistimos en la importancia de sostener una reunión con usted y su equipo a la brevedad posible.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su atenta respuesta.

Atentamente,

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Casa del Migrante de Saltillo; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.  (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac); Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Documenta A.C.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C.; Fundar, Centro de Análisis e ; Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC.; JASS (Asociadas por lo Justo); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). 

martes, 9 de septiembre de 2014

Carta a Enrique Peña Nieto sobre desaparición forzada de personas


8 de septiembre de 2014

Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Estados Unidos Mexicanos
P R E S E N T E


Ref.: Aceptación de competencia del Comité de Desaparición Forzada de Personas,
Confirme a los artículos 31 y 32 de la Convención

Señor Presidente:

Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones de derechos humanos que les acompañamos nos dirigimos a Usted en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas y de la presentación del segundo informe de gobierno para pedirle una acción de su parte que abonará en una mayor protección, respeto y garantía de los derechos de las personas desaparecidas.

El Estado mexicano ha señalado que “La atención a la problemática de personas desaparecidas es un compromiso que ha asumido el Gobierno de México”1. En tal sentido, una muestra de ese compromiso asumido públicamente con esta grave problemática sería la aceptación de la competencia para las facultades previstas al Comité contra la Desaparición Forzada que están previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Las disposiciones antes mencionadas son de suma importancia para respetar la integralidad de la Convención en su conjunto, al facultar al Comité a recibir comunicaciones por violaciones a la Convención, bien sean que se presenten por individuos o por Estados, respectivamente. Así, el artículo 32 reconoce las comunicaciones o denuncias interestatales, mientras que el artículo 31 de la Convención establece lo siguiente:

Artículo 31 1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. 

2. El Comité declarará inadmisible cualquier comunicación si: 
a) Es anónima; 
b) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las disposiciones de la presente Convención; 
c) La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza; o si
d) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los procedimientos de recurso exceden plazos razonables. 

3. Si el Comité considera que la comunicación responde a las condiciones establecidas en el párrafo 2 del presente artículo, la transmitirá al Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en un plazo que habrá de fijar el Comité, sus observaciones y comentarios.

4. En cualquier momento tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud de que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. El ejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación. 

5. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. El Comité informará al autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de que se trate. Cuando el Comité decida poner término al procedimiento, comunicará su dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicación.

Como es de su conocimiento, el rol de México fue central para la discusión y adopción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual fue finalmente adoptada en 2006. México no sólo participó de manera activa en las discusiones sobre la elaboración de la Convención, sino que lo hizo “también en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe”2.

Asimismo, el Estado mexicano fue uno de los primeros países en el mundo en haber firmado y ratificado ese tratado3. Hoy en día, muchos casos de desapariciones no se denuncian en nuestro país por miedo, estigmatización, falta de sensibilidad o desconfianza a las autoridades, entre otros obstáculos. No obstante, en la mayoría de las denuncias que se presentan –más de 22 mil en el país, según han sido reconocidas recientemente por la Secretaría de Gobernación4- no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables, entre otros. Por otra parte, no hay coordinación ni mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda e investigación para los casos de personas migrantes desaparecidas5.

En ese contexto, se hace más apremiante el reconocimiento del derecho de los familiares, organizaciones y víctimas de presentar comunicaciones o denuncias por violaciones de derechos humanos relacionadas con desapariciones forzadas, bajo los requisitos establecidos en la misma Convención Internacional.

Los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos consideramos que este es un ejemplo más de la falta de congruencia entre la política interior y la exterior en México, lo cual imposibilita que se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación en casos de desapariciones forzadas.

El derecho a la justicia va más allá de las formalidades nacionales y debe posibilitar a las víctimas de violaciones de derechos humanos a acudir a cuantas instancias internacionales consideren pertinentes en busca de protección, justicia y reparación cuando las autoridades mexicanas no cumplen con su mandato, lo cual es lo que ocurre hoy en México.

Por otra parte, no obsta recordar que, dentro del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), varias de las recomendaciones se dirigieron a que México acepte las competencias antes mencionadas. Lamentablemente, el Estado mexicano presentó su escrito de respuesta en marzo pasado respecto, en donde las aceptó parcialmente con el argumento de que actualmente existe la vía del Sistema Interamericano para las víctimas6. En tal sentido, quienes suscribimos esta carta reconocemos el gran aporte del Sistema Interamericano pero sabemos que ello no debe ser un obstáculo para garantizar las mayores posibilidades de una protección internacional a las víctimas cuando las instituciones del Estado fallan en sus obligaciones de respeto y garantía.

Por ello, urgimos a que tome todas las medidas que sean necesarias para que México acepte a la brevedad las competencias ya explicadas. La democracia en México y la nueva visión en materia de derechos humanos implican mayor apertura y transparencia hacia el ámbito internacional y la posibilidad de otorgar a las víctimas todos los medios existentes para tener la verdad, justicia y reparación de sus familiares desaparecidos.

Atentamente,

Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (COFADDEM)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro PRODH)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. Colectivo por la Paz de Xalapa
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León
Fundación Diego Lucero Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
H.I.J.O.S México
Justicia para Nuestras Hijas, A.C. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.


c.c.p. Angélica de la Peña Gómez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Senado de la República. Para su conocimiento y atención.
Gabriela Cuevas Barrón. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senado de la República. Mismos fines.
Laura Angélica Rojas Hernández. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. Senado de la República. Mismos fines.
Miguel Ángel Osorio Chong. Secretario de Gobernación. Mismos fines.
José Antonio Meade Kirubreña. Secretario de Relaciones Exteriores. Mismos fines.
Integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Para su conocimiento.
Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mismos fines.

Notas: 

1 Cfr., SRE. Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, pág 4. Disponible en: http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/2014/marzo.pdf

2 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Doc. ONU E/CN.4/2006/57, de 2 de febrero de 2006, pág. 54.

3 México firmó la Convención el 6 de febrero de 2007 y la ratificó el 18 de marzo de 2008. 

4 Ver, entre otros, Animal Político (El Universal). Hay 22 mil 322 personas no localizadas en México; van 9 mil 790 con EPN. Nota de 22 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/08/existen-22-mil-322-personas-localizadas-en-mexico-9-mil-790-fueron-reportadas-este-sexenio/

5 Ver párrafo 166, página 79 sobre la necesidad de un mecanismo transnacional de búsqueda para familias de migrantes centroamericanos en Informe del relator especial sobre los derechos de los migrantes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf

6 En ese proceso, la justificación para no aceptar ambas competencias fue la siguiente:

Sobre el artículo 31 de la Convención México toma nota y se encuentra evaluando la posibilidad de aceptar la competencia para comunicaciones individuales, si bien actualmente la gran mayoría de las peticiones individuales relativas a presuntas violaciones a los derechos humanos son presentadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En cuanto al artículo 32 de la Convención, ver la argumentación sobre la recomendación 148.4.
Cfr., SRE. Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, supra nota 1, pág. 2.


viernes, 5 de septiembre de 2014

Reporte de la situación de los derechos humanos en Ciudad Juárez. Agosto del 2014



El mes de agosto cierra con un ligero repunte de asesinatos (40) con respecto al mes de julio, que terminó con 39, de los cuales sólo hubo 7 detenciones. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez sigue siendo la principal agencia detentora. De los 40 asesinatos, cuatro corresponden a mujeres.

En cuanto a detenciones por delito, se consignaron a once personas por robo y asalto, diez por intento de homicidio, seis por posesión de armas y cinco por posesión de drogas. En 67 detenciones detectadas en los medios informativos, 66 corresponden a hombres, principalmente jóvenes. Asimismo contabilizamos 35 delitos sin detenciones, donde sobresalen 21 asesinatos y ocho intentos de homicidio.  

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se destaca por la gran cantidad de detenciones arbitrarias, llegando en el primer semestre del 2014 a 52,417 arrestos (un promedio de 289 personas por día) de las cuales 48,518 (92.5% del total) fueron por faltas administrativas, sumando un total de 6.3 millones de pesos recaudados por multas en ese lapso. La SSPM continúa siendo la principal violadora de derechos humanos en la ciudad, pero desafortunadamente, no es la única.  

Agosto se caracteriza por varias notas que hacen visible la corrupción y la impunidad del sistema de justicia en el estado. Desde enero la Dirección de Asuntos Internos lleva 309 investigaciones contra agentes de la policía municipal y tránsito por abusos de autoridad, robo, cohecho, entre otras, principalmente por denuncias hechas desde la ciudadanía. También en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, contabiliza 130 quejas, la mayoría por detenciones arbitrarias y lesiones (además de ocho acusaciones de tortura hechas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos) contra elementos de la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Estatal Única y personal del Centro de Reinserción Social número 3 (CERESO). En todos los casos, las y los agentes investigados continúan sus labores de manera normal. Comerciantes de mercados populares se manifestaron en oficinas de gobierno del Estado para denunciar extorsiones por elementos de la Policía Estatal Única y Ministerial Investigadora.

El trabajo de jueces y juezas, también deja mucho que desear al destacar en el mes varios casos que ponen en duda la honorabilidad o competencia de estos: la juez de garantía Leticia Prieto Ruiz dejó en libertad al policía ministerial José Eduardo Moreno Villalobos, por el homicidio imprudencial en contra de un guardia de seguridad ocurridos en  instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En otro caso, el universitario y boxeador Fernando Vargas Molina, quien golpeó a su novia y la abandonó dejándola por muerta, fue dejado en libertad en tiempo récord de dos horas por un juez penal, al descartar las evidencias por que el arresto y el parte informativo policiaco resultaron improcedentes.

Los accidentes de tránsito donde se involucran agentes policiacos también siguen dando nota. Una mujer policía municipal se queda dormida al volante y choca contra su patrulla contra poste; una patrulla de la policía municipal se pasa alto y choca con vehículo particular; otra patrulla, pero de la Policía Estatal Única, se impacta con un particular y ocasiona tres heridos; y en el evento más trágico, dos estudiantes adolescentes son arrollados y muertos a finales de mes por una camioneta de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) de la Fiscalía General del Estado guiada a exceso de velocidad e impactada por un vehículo particular. Llama la atención en este último caso que el peritaje favorece al vehículo oficial y pese a ser perdonada y retirados los cargos por los familiares de las víctimas a la presunta responsable, la Fiscalía no le perdona y un juez abre proceso por el delito de daños en perjuicio de la Fiscalía.

En otras acciones plenamente contrarias a la Constitución, la Fiscalía General del Estado sigue realizando operativos violatorios a derechos humanos: el 21 y 22 de agosto y en complicidad con autoridades del Colegio de Bachilleres, se realizó de nuevo la muy criticada Operación Mochila en los siete planteles de esta institución en Ciudad Juárez; dicho operativo consiste en revisiones a las y los alumnos con perros adiestrados para buscar armas y drogas, en un claro ejemplo de vejaciones y criminalización de la sociedad civil, en este caso menores de edad y estudiantes. El otro operativo fue llevado a cabo en la zona centro de la ciudad y por la noche, cuando más de cien agentes de la Fiscalía catearon bares y a clientes y trabajadores les hicieron revisiones corporales sin informar sobre el objetivo del operativo.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en el estado de Chihuahua se contabilizan desde el 2010, según dato del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) alrededor de 1,600 desapariciones, pese a la negativa del gobernador César Duarte, por aceptar las dimensiones del problema. En Ciudad Juárez el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva actualmente nueve casos de desaparecidos en un contexto en el que a nivel nacional y en menos de dos años de la actual administración de Enrique Peña Nieto, la desaparición forzada de activistas creció un 60% en comparación al mismo periodo de Felipe Calderón, contabilizando 29 colegas desaparecidos(as).


Pese al discurso oficial de disminución del delito, capacitación policiaca y apego a derecho, además de las millonarias inversiones en seguridad, no hay avances encaminados hacia el respeto a los derechos humanos ni a mejorar la seguridad pública. El prestigio de las instituciones encargadas de esta actividad está por los suelos; la corrupción y el abuso policiaco siguen imparables y el autoritarismo (abuso de poder) desde gobernantes hasta policías, es de dominio público; de ahí la permanente desconfianza generalizada de la sociedad hacia políticos y policías. La recaudación municipal de dinero a través de arrestos policiacos o multas de tránsito es evidente, así como la impunidad y/o protección de agentes delincuentes de todas las corporaciones. Los grandes desplegados con cifras alegres pagadas por el Estado sólo evidencian su mediocridad y arrogancia, pues contrastados con la realidad, no satisfacen ni al lector más acrítico. El Estado sigue violentando los derechos humanos en Ciudad Juárez.       

martes, 2 de septiembre de 2014

Pronunciamiento Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada 2014



En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto, las familias de las victimas y el CDHPN al suscribir el  el presente comunicado hacemos presentes a las miles de víctimas de desaparición durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta y en la época actual y exigimos verdad y justicia para sus familiares.

Además de las desapariciones, que por sí mismas constituyen una grave violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y un crimen de lesa humanidad, la falta de voluntad política del gobierno federal y los gobiernos estatales ha derivado en la inexistencia de una política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de las personas responsables, lo cual configura nuevas violaciones, como la violación al derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto, e impunidad persistente.
     
Si bien gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas se han registrado ciertos avances en algunas entidades federativas y a nivel federal, las acciones reportadas por el Estado mexicano en su conjunto contrastan con las alarmantes -y  variables- cifras oficiales de personas desaparecidas; cifras que ni siquiera consideran a las personas migrantes desaparecidas en su tránsito por México, ni las desapariciones forzadas cometidas durante los años sesenta, setenta y ochenta.

La desaparición forzada es un fenómeno a la alza en México, según observan organizaciones derecho humanistas a lo largo y ancho del país. Según la organización independiente Centro de Análisis de Información FUNDAR basado en cifras oficiales, en lo que va del actual sexenio se registran oficialmente 9,790 desapariciones, lo que representa un 80% más que el sexenio pasado. En cuanto a las desapariciones forzadas de derecho humanistas, se cuentan 55 desapariciones durante el sexenio de Felipe Calderón y 29 durante el actual régimen peñista, de acuerdo al informe del Comité CEREZO.

En Ciudad Juárez, donde por su calidad de frontera los atropellos a derechos humanos son comunes, la desaparición forzada data desde la “Guerra sucia” gubernamental contra grupos políticos de oposición y la guerrilla urbana. Luego a finales del siglo XX se contabiliza la desaparición de mujeres y el feminicidio por el gran número de casos que le dan relevancia internacional al tema y mala fama a la ciudad. Finalmente con el inicio de la “guerra contra el narco”y en coincidencia con la tendencia nacional, en Juárez se incrementan las desapariciones forzadas con la llegada del ejército y la entonces Policía Federal Preventiva desde el 2008.

Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado creemos que la falta de verdad y justicia en relación a las desapariciones ocurridas durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta ha incentivado las desapariciones cometidas en años recientes y su constante aumento. La falta de localización de las víctimas y la impunidad son el hilo conductor entre ambos periodos históricos.
     
Exigimos el cese de las desapariciones en nuestro país, así como avances tangibles en la búsqueda de las víctimas de desaparición y la sanción a las personas responsables. Para ello exigimos:
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     La creación de un Mecanismo de Búsqueda Trasnacional de personas desaparecidas, que incluya la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Dicho mecanismo deberá partir de un registro transparente de personas desaparecidas.
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   La creación de un Mecanismo de Investigación de las personas responsables de las desapariciones de los años sesenta, setenta y ochenta y las desapariciones de la época actual, incluyendo las de las personas migrantes.
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      La aprobación de una Ley General contra las Desapariciones.
·         
    La aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales conforme al artículo 31 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
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   Mecanismos efectivos, adecuados y expeditos que garanticen el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, tanto en el caso de las desapariciones forzadas ocurridas en los años sesenta, setenta, ochenta y las desapariciones recientes.
·             
      Con el objetivo de impulsar las presentes demandas, Los familiares de victimas y el Centro de DD.HH  PASO del Norte hemos realizado esta acción de  Protesta y de denuncia por las desapariciones forzadas de personas en nuestra ciudad y en otras partes del Pais.
·      
     Hemos creado como símbolo de las personas desaparecidas UNA SILUETA. Nos habla de un vacio, de una ausencia, de una Memoria. Los invitamos a contemplarla, a Interiorizarla y a Multiplicarla. POR UNA BUSQUEDA INCANSABLE Y HASTA ENCONTRARLOS VIVOS,
CON ELLOS NOS LLEVASTE A TODAS Y TODOS. REGRESALOS.


                              CENTRO DE DERECHOS HUMANOS PASO DEL NORTE.






martes, 26 de agosto de 2014

Invitación a participar en el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada, 2014.


El sábado 30 de agosto familiares de desaparecidos y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) conmemorarán en Ciudad Juárez el “Día internacional de la Víctima de Desaparición Forzada”.

La jornada de denuncia iniciará a las 9:00 a.m. con un plantón en el Puente Internacional de Córdoba (Puente Libre) donde estaremos repartiendo volantes y dípticos informativos con exigencias para el Estado y nombres de las personas desparecidas en la ciudad y el estado.

El evento es parte del programa que a nivel nacional y en varios países de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) se estarán llevando a cabo desde el día 27 de agosto, convocado por la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y con la participación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en Coahuila, entre otros.

La desaparición forzada tiene negro historial como método de represión política y en la actualidad sigue siendo un fenómeno presente en numerosos países. Desde el 2011 se conmemora la fecha por acuerdo unánime de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En el caso de México la desaparición forzada se dispara desde el sexenio de Felipe Calderón (2006/2012) hasta llegar a varias decenas de miles de desapariciones (más de 22 mil, según la Secretaría de Gobernación) a raíz de la implementación, todavía vigente, de la política de la “guerra contra el narco” . A nivel estatal Chihuahua del 2007 al 2014 se registran 1552 casos, de los cuales el CDHPDN lleva ocho de ellos actualmente.

Qué: Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada
Cuándo: Sábado 30 de agosto a las 9:00 a.m.
Dónde: Puente Internacional de Córdoba

Quiénes: Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y familiares de desaparecidos

jueves, 10 de julio de 2014

Anomalías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez


Desde la entrada del ayuntamiento actual ayuntamiento que encabeza Enrique Serrano a finales del 2013, las expectativas de mejoras de cambio en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez (SSPM) se convirtieron rápidamente en anomalías, comenzando con la forma de elección del actual jefe de la SSPM, César Omar Muñoz, militar elegido entre otros dos militares para el puesto por no tener, en comparación con los otros dos, antecedentes de abuso del poder. De inicio, se entiende la continuación de la militarización del cuerpo policiaco.

Al igual que su antecesor en el puesto, otro ex militar, Julián Leyzaola, Muñoz se ha encargado de mantener una política hacia la sociedad juarense de acoso, abuso y violación a sus derechos humanos y sus garantías individuales plasmadas en la constitución, pero a diferencia del primero, procurando un bajo perfil; es decir, sin tanta publicidad o difusión de sus actos. Los encarcelamientos injustificados, los allanamientos de morada, la tortura, las agresiones sexuales y la prepotencia sumada al comportamiento despótico, es la cara cotidiana de las y los agentes de la SSPM que gozan de la protección de sus jefes bajo la responsabilidad del alcalde Serrano como máxima autoridad municipal.

No es necesario ser especialista en delitos policiacos para darse cuenta, cualquier día de la semana en cualquier medio informativo serio, de la actuación de dichos agentes en el desarrollo diario de las actividades juarenses: desde accidentes viales provocados por patrullas, hasta abusos sexuales, extorsión, privación ilegal de la libertad y otras más. Esta bochornosa conducta ha llevado a pocos agentes ante los jueces y aun cuando es así, también son pocos quienes son hallados culpables y reciben condenas mínimas o absolutorias. La única anomalía que ha disminuido a partir de este año, son los ajusticiamientos extrajudiciales en tiendas de conveniencia por policías encubiertos.

La SSPM sigue siendo una entidad oscura, protegida y alentada a garantizar un “orden” de escaparate con recursos mal o subempleados, para dar una imagen falsa de profesionalismo en el discurso oficial de “disminución de la inseguridad” en la ciudad. Testimonios de numerosas personas comprueban que en la práctica, el Estado policiaco es una realidad y cuenta con la complicidad de jueces y el aval de gobernantes. Los sectores pobres y la población joven son los blancos predilectos de la SSPM para cubrir sus cuotas de producción, hinchar las arcas de la tesorería y manipular a favor las estadísticas oficiales o de organizaciones afines como la Mesa de Seguridad.

En seguridad se ha presupuestado mucho y se ha invertido poco. Los recursos del famoso Subsidio para la Seguridad de Municipios (Subsemun) se han aplicado sobre todo para militarizar y blindar al policía y poco o nada para fortalecer a la sociedad civil. Millones de pesos se invierten en uniformes y armamento militar, chalecos antibalas, vehículos inapropiados o peligrosos para la detención y traslado de individuos, carísimos cursos de “profesionalización” y promocionales en medios de comunicación de manera tan discrecional que constantemente aparecen cuestionados públicamente sobre el destino de ese dinero, las formas de adquisición o los beneficiarios proveedores de esas decisiones poco o nada democráticas. A final de cuentas, dicha inversión proveniente de las y los contribuyentes no se ha convertido en mejoras de la calidad del servicio policiaco y sí en cambio, se despilfarra esa inversión en la mala selección y/o preparación de agentes; el mal uso de las patrullas y otros medios de transporte y lo peor de todo, sin cambios en el acoso constante a población vulnerable, ignorante de sus derechos o temerosa de una agresión policiaca injustificada.

La educación cívica es la gran ausente de las políticas policiacas actuales. No existe presupuesto para el fortalecimiento de una sociedad conocedora de sus derechos y por eso bajo cualquier escusa y escudado en sus armas largas, el o la agente policiaco engaña y somete a la ciudadanía con falsas acusaciones, delitos inexistentes o extorsionándoles para no llevarles a la cárcel, donde las y los deshonestos(as) jueces de barandillas juegan el papel de cómplices al solapar la acción policiaca. El ciudadano(a) juarense está a expuesto al abuso policiaco y no cuenta con la ley de su lado, pues el Estado es el primero en violar sus propias reglas en perjuicio de la ciudadanía.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte hace un enérgico llamado al actual ayuntamiento municipal de Ciudad Juárez encabezado por Enrique Serrano, al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Omar Muñoz, así como también a la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del municipio y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a apegarse a derecho rectificando el actuar policiaco y con transparencia en cuanto al uso de los recursos presupuestales, a detener el abuso de autoridad evitando la impunidad consignando a sus agentes delincuentes con excepcional castigo a quien traicione su actuar como servidor público. La policía fue creada para proteger a la sociedad, no para abusar de ella; en sus manos está la responsabilidad de brindar una policía responsable, educada y servicial para Ciudad Juárez, es lo menos que nuestra ciudad merece.




De la justicia de cada uno(a)
Nace la paz para todos y todas


 


Ciudad Juárez Chihuahua, a 10 de julio del 2014

viernes, 4 de julio de 2014

Los derechos humanos en Ciudad Juárez al mes de junio del 2014



Durante el mes de junio los asesinatos alcanzan a 29 personas, de los cuales 19 ocurren en la vía pública y los otros 10 corresponden a violencia interfamiliar. Aunque hay una disminución de asesinatos con respecto al mes anterior, en otros rubros, el abuso policiaco y la tortura permanecen como prácticas toleradas y hasta alentadas por el Estado mexicano.

De los sesenta detenciones en eventos delictivos contabilizados en la prensa por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) sobresalen 19 por posesión de droga, 12 por asalto y robo, 9 por homicidio, 7 por posesión de armas. En cuanto a los asesinatos, sólo se consignaron a 11 personas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal realiza más del sesenta por cierto de las detenciones, pero también es la que recibe más denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por tortura.

Junio es testigo de la exoneración de los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez y de Misael Sánchez Frausto, autoinculpados por el delito de extorsión en enero del 2012. En poco más de un mes de juicio, los jóvenes deciden denunciar durante el juicio la forma en que fueron tratados desde su aprehensión y encarcelamiento, confrontando las declaraciones de los agentes detentores con la suya, lo cual obliga a abrirse una carpeta de investigación hacia los agentes ministeriales involucrados. Para el CDHPDN es la primera vez que gana un juicio al desecharse las pruebas de la fiscalía en contra de los ahora exculpados por haber sido obtenidas bajo tortura.

En otros eventos, dos agentes de la policía municipal son acusados de abuso sexual por joven mujer de 18 años; en otro caso, otros dos agentes irán a juicio por torturar y violar sexualmente a un hombre. Sin consultar con nadie, el alcalde Enrique Serrano decide de manera unilateral donar el Parque Central Oriente a familias de policías, sin avisar a las personas y grupos que por años han usado las instalaciones cotidianamente. Este hecho se suma a otras acciones de Serrano, como permitir la construcción de fraccionamiento sin permiso en zonas riesgosas, así como el financiamiento a organizaciones civiles de dudosa procedencia.

La represión juvenil y su criminalización está presente en las acciones policiacas tendientes a reventar fiestas donde las y los asistentes son robados, insultados y golpeados por agentes de Seguridad Pública Municipal antes de llevarlos a la cárcel bajo cualquier cargo, o en su defecto extorsionarlos para no encarcelarlos. Estas acciones totalmente ilegales han aumentado las protestas de familiares y activistas ante la actitud prepotente de la policía y la aparente tolerancia o consigna del ayuntamiento de Juárez y del gobierno del estado.

El ex Secretario de Seguridad Pública Municipal acusado de torturador, Julián Leyzaola, y el no menos polémico ex alcalde Héctor “Teto” Murguía, en algún tiempo relacionado con el narcotráfico en esta frontera, se asocian para crear una empresa de seguridad privada junto con la ex directora de Tránsito Municipal Stella Maris Domínguez. La noticia causa revuelo por el historial negativo de estos personajes en el desempeño de su función pública precisamente en el ámbito de la seguridad de Ciudad Juárez en un periodo particularmente violento de la ciudad. Las acusaciones de violaciones a derechos humanos a Leyzaola durante su gestión, más la protección de Murguía y empresarios juarenses a esta persona, dejan un legado de miedo y desconfianza social hacia las autoridades todavía vigente y alimentado por el abuso policiaco y autoritarismo del alcalde Enrique Serrano y el gobernador César Duarte, más interesados en promocionar hacia el extranjero la disminución de la violencia en Juárez, que la depuración de los cuerpos policiacos o el castigo a las y los malos elementos.

El nepotismo y la protección a funcionarios acusados de complicidad en tortura se hace evidente en la persona de Ramón Gerardo Quintana Villasana, todavía coordinador de la Dirección de Análisis, Control y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, zona norte, acusado de de excarcelar ilícitamente a Israel Arzate Meléndez para permitir que lo torturaran, quien hasta el momento no ha sido llevado a declarar sobre estas acusaciones. Peor aún, el fiscal de la zona norte,  Enrique Villarreal Macías, pese a las evidencias de tortura por las cuales los hermanos Figueroa y Misael Sánchez fueron exonerados y por lo que se abrió una investigación al coordinador de la Unidad de Narcomenudeo de la fiscalía, niega que exista la tortura en esta institución y difama contra las organizaciones derecho humanistas independientes, cayendo burdamente en la mentira, cuando en realidad es cómplice de las acciones de sus subordinados a quienes protege ciegamente.

A pesar de las estadísticas alegres y maquilladas de la Fiscalía General del Estado que presumen la disminución de la inseguridad para el primer semestre del 2014 como el más bajo en los últimos siete años en Chihuahua (es decir, desde 2007) la otra realidad es que para llegar a esos números se sigue consignando a inocentes, utilizando la tortura para crear culpables en complicidad con jueces y magistrados tolerantes bajo la vigilancia del gobierno del estado con su discurso de que en Chihuahua ya no existe la tortura[1].

Esta situación de Estado policiaco permite el abuso de poder en contra de la sociedad más desprotegida, principalmente en los sectores pobres y en contra de la población joven, haciendo visible la diferenciación de clases: se protege a las clases medias y altas, utilizando la cantera de jóvenes pobres para encontrar culpables de los delitos de extorsión, secuestro, robo, carjacking, etcétera. Existe una desconfianza en las fuerzas del orden por el desprestigio bien ganado de policías y agentes ministeriales por la prepotencia con la que interactúan en la sociedad provocando accidentes viales, allanando hogares con lujo de violencia o también por proteger la identidad de choferes de transporte público que atropellan gente, mientras exhiben en los medios informativos a menudistas de droga como los peores delincuentes.      

El CDHPDN condena la mala impartición de justicia que subyace debajo de las “buenas” estadísticas oficiales. Este sistema de demostrar con cifras el progreso de la justicia y seguridad pública es una pantalla que esconde la incapacidad del Estado por hacer investigación seria, justa y expedita, prefiriendo métodos arbitrarios en perjuicio de personas inocentes. La condición de los derechos humanos en Ciudad Juárez sigue siendo delicada y vulnerable en cualquier momento. Mientras el Estado siga negando que exista la tortura en Chihuahua solapándola al mismo tiempo, seguirá creciendo el malestar social y el debilitamiento de las instituciones procuradoras de justicia y seguridad pública.








[1] "Rechazamos, sin duda, que se hayan hecho prácticas como las que se hicieron y no se han comprobado, por esas razones la Suprema Corte determina esto (la liberación de Israel Arzate), son prácticas indebidas en las cuales mi gobierno está en contra", declaró el gobernador del Estado, César Duarte en torno a la liberación de uno de los implicados en la masacre de Villas de Salvárcar. Mi gobierno rechaza prácticas de tortura para obtener confesiones: Duarte. http://laopcion.com.mx/noticia/14161