lunes, 25 de noviembre de 2013

La cita más esperada para cinco "presuntos culpables" de Juárez*



*Texto tomado de Revolución punto cero, realizada por Enrique Legorreta. http://revoluciontrespuntocero.com/la-cita-mas-esperada-para-cinco-presuntos-culpables-de-juarez/


(25 de noviembre, 2013).- Ir a comprar leche a bordo de una camioneta se convirtió en la antesala de una acusación por terrorismo y posesión ilegal de armas para cinco “presuntos culpables” habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes antes de que empiece 2014 podrán demostrar que distintas autoridades urdieron un plan para encarcelarlos injustamente.

Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Ricardo Fernández Lomelí, y los hermanos Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería fueron detenidos el 11 de agosto del 2010 afuera del domicilio de la expareja de Gustavo en dicha ciudad por elementos de la ahora extinta Policía Federal Preventiva (PFP) quienes pasaron en dos camionetas por la casa y los miraron, al verlos fuera del domicilio se regresaron, y se acercaron a ellos. Los revisaron y los detienen sin motivo alguno, todo esto a raíz de la explosión de un cochebomba que dejó cuatros muertos y más de 10 heridos en la colonia Ex Hipódromo; el hecho fue atribuido al grupo delincuencial “La Línea”, que actuó en presunta venganza por la detención de su líder, Jesús Armando Acosta Guerrero, alias “el 35”.

Aquel día, el 15 de julio de 2010, a SSP federal capturó en Ciudad Juárez a Jesús Armando Acosta Guerrero, “el 35”, quien era el tercero en la estructura del grupo criminal “La Línea”. Él era  acusado de realizar más de 25 ejecuciones, “levantotes”, extorsiones, retenes y venta de droga en el estado. Tras este hecho, los miembros de “La Línea” atacaron con un coche bomba a un grupo de agentes federales.

Este ataque fue anunciado a través de una llamada anónima, señalando que un policía se encontraba muerto sobre las calles. Cuando  llegaron policías federales y paramédicos a revisar, fue cuando detonó el artefacto, el cual dejo esos muertos. Como un testigo de este hecho está un camarógrafo del Canal 5, de Juárez, quien pasaba por el lugar.

Los cinco detenidos fueron enviados al bunker de la Policía Federal en la Ciudad de México, donde sus captores y agentes del ministerio público federal los inculparon de cargos graves. Luego de varias horas, el Juez Noveno de Distrito en Ciudad Juarez, Chihuahua determinó que tres de ellos fueran recluidos en Villa Aldama, Veracruz, y los otros dos en Tepic, Nayarit, mientras que el proceso está radicado en el Octavo Juzgado de Distrito en Materia Penal de Guadalajara, Jalisco.

En entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, Diana Morales, la abogada de estos “presuntos culpables” y miembro del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, encargados hasta ahora de los casos, señala que hay la posibilidad de que Noé, Rogelio, Ricardo, Víctor Manuel y Gustavo puedan quedan en libertad gracias a lo que dicta el Protocolo de Estambul, un conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.

Este apartado fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en el año 2000 y entre sus propósitos se encuentra servir como una guía internacional para la evaluación para investigar casos de posible tortura, con lo que se señalarían deficiencias en la procuración de justicia o de las agencias investigadoras.

Y es que de acuerdo con la defensa de los presuntos responsables, todos fueron torturados y forzados a declarar en contra de los otros, además de que el proceso estuvo marcado por fallas de los policías que los detuvieron.

La CNDH señala que en los documentos con los que contaron había evidencias que le permitieron observar que los cinco detenidos fueron sometidos a sufrimientos físicos y psicológicos por parte de los servidores públicos de la Policía Federal. La mayoría de la tortura fue en partes del cuerpo que se notaban las marcas, como brazos, piernas, cara, dedos y ojos.

Así fueron presentados ante los medios de comunicación: como un logro de la inteligencia policial contra los más violentos delincuentes.
Así fueron presentados ante los medios de comunicación: como un logro de la inteligencia policial contra los más violentos delincuentes.

Su caso es común y, al mismo tiempo, atípico: de acuerdo con el último Examen Periódico Universal en DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)sobre México,  existen alrededor de siete mil 253 casos de tortura que no se han atendido; pese a ellos, serían uno de los pocos en los que podría acreditarse la injusticia.

“Actualmente ellos están acusados por delincuencia organizada y por posesión de armas y drogas. La acusación de terrorismo fue desechada ya que los policías que declararían en su contra nunca llegaron y no se pudo sustentar. Hay una serie de documentos y declaraciones de los captores donde se vislumbra que fueron torturados, y obligados a decir ante la opinión pública ser los autores del coche bomba. No hay pruebas que puedan sustentar las acusaciones”, comentó la abogada.

Durante el proceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que acreditó las violaciones de derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal de los cinco detenidos. Esta ya fue aceptada y se encuentra como prueba en el expediente para avanzar en el juicio en contra.

En la búsqueda por la justicia, la abogada Diana Morales ha logrado entrevistarse con el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien sugirió promover el Protocolo de Estambul para poder lograr una posible liberación.

“Nos reunimos con el procurador Karam. En esa reunión estuvo parte de las autoridades y los familiares y abogados de los detenidos. Ahí se llegó a un acuerdo de que se realizara el Protocolo de Estambul, cosa que no estábamos de acuerdo, ya que se haría recordar momentos desafortunados a los detenidos. Se le comentó al procurador y él nos dijo que tenía que hacer la prueba, que no dudaba de la defensa que habíamos hecho, pero que tenía que asegurarse. Si el protocolo demuestra lo que se ha dicho sobre la tortura y las declaraciones forzadas, él se comprometería a desistir de la acción penal”, destacó.

La reunión ocurrió en octubre de este año. La defensa encargada del caso destacó a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO que el próximo 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo el protocolo a tres de los cinco detenidos, Ricardo Fernández Lomeli, Víctor Manuel y Gustavo Martínez Renteria.

Quince días después se darán a conocer los resultados de los exámenes, los cuales, confía la abogada, acreditarán dos cosas: los cinco “presuntos culpables” del cochebomba de Ciudad Juárez son, en realidad, inocentes obligados a autoinculparse…

… y que en México, la tortura sigue vigente.

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