lunes, 25 de noviembre de 2013

La cita más esperada para cinco "presuntos culpables" de Juárez*



*Texto tomado de Revolución punto cero, realizada por Enrique Legorreta. http://revoluciontrespuntocero.com/la-cita-mas-esperada-para-cinco-presuntos-culpables-de-juarez/


(25 de noviembre, 2013).- Ir a comprar leche a bordo de una camioneta se convirtió en la antesala de una acusación por terrorismo y posesión ilegal de armas para cinco “presuntos culpables” habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes antes de que empiece 2014 podrán demostrar que distintas autoridades urdieron un plan para encarcelarlos injustamente.

Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Ricardo Fernández Lomelí, y los hermanos Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería fueron detenidos el 11 de agosto del 2010 afuera del domicilio de la expareja de Gustavo en dicha ciudad por elementos de la ahora extinta Policía Federal Preventiva (PFP) quienes pasaron en dos camionetas por la casa y los miraron, al verlos fuera del domicilio se regresaron, y se acercaron a ellos. Los revisaron y los detienen sin motivo alguno, todo esto a raíz de la explosión de un cochebomba que dejó cuatros muertos y más de 10 heridos en la colonia Ex Hipódromo; el hecho fue atribuido al grupo delincuencial “La Línea”, que actuó en presunta venganza por la detención de su líder, Jesús Armando Acosta Guerrero, alias “el 35”.

Aquel día, el 15 de julio de 2010, a SSP federal capturó en Ciudad Juárez a Jesús Armando Acosta Guerrero, “el 35”, quien era el tercero en la estructura del grupo criminal “La Línea”. Él era  acusado de realizar más de 25 ejecuciones, “levantotes”, extorsiones, retenes y venta de droga en el estado. Tras este hecho, los miembros de “La Línea” atacaron con un coche bomba a un grupo de agentes federales.

Este ataque fue anunciado a través de una llamada anónima, señalando que un policía se encontraba muerto sobre las calles. Cuando  llegaron policías federales y paramédicos a revisar, fue cuando detonó el artefacto, el cual dejo esos muertos. Como un testigo de este hecho está un camarógrafo del Canal 5, de Juárez, quien pasaba por el lugar.

Los cinco detenidos fueron enviados al bunker de la Policía Federal en la Ciudad de México, donde sus captores y agentes del ministerio público federal los inculparon de cargos graves. Luego de varias horas, el Juez Noveno de Distrito en Ciudad Juarez, Chihuahua determinó que tres de ellos fueran recluidos en Villa Aldama, Veracruz, y los otros dos en Tepic, Nayarit, mientras que el proceso está radicado en el Octavo Juzgado de Distrito en Materia Penal de Guadalajara, Jalisco.

En entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, Diana Morales, la abogada de estos “presuntos culpables” y miembro del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, encargados hasta ahora de los casos, señala que hay la posibilidad de que Noé, Rogelio, Ricardo, Víctor Manuel y Gustavo puedan quedan en libertad gracias a lo que dicta el Protocolo de Estambul, un conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.

Este apartado fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en el año 2000 y entre sus propósitos se encuentra servir como una guía internacional para la evaluación para investigar casos de posible tortura, con lo que se señalarían deficiencias en la procuración de justicia o de las agencias investigadoras.

Y es que de acuerdo con la defensa de los presuntos responsables, todos fueron torturados y forzados a declarar en contra de los otros, además de que el proceso estuvo marcado por fallas de los policías que los detuvieron.

La CNDH señala que en los documentos con los que contaron había evidencias que le permitieron observar que los cinco detenidos fueron sometidos a sufrimientos físicos y psicológicos por parte de los servidores públicos de la Policía Federal. La mayoría de la tortura fue en partes del cuerpo que se notaban las marcas, como brazos, piernas, cara, dedos y ojos.

Así fueron presentados ante los medios de comunicación: como un logro de la inteligencia policial contra los más violentos delincuentes.
Así fueron presentados ante los medios de comunicación: como un logro de la inteligencia policial contra los más violentos delincuentes.

Su caso es común y, al mismo tiempo, atípico: de acuerdo con el último Examen Periódico Universal en DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)sobre México,  existen alrededor de siete mil 253 casos de tortura que no se han atendido; pese a ellos, serían uno de los pocos en los que podría acreditarse la injusticia.

“Actualmente ellos están acusados por delincuencia organizada y por posesión de armas y drogas. La acusación de terrorismo fue desechada ya que los policías que declararían en su contra nunca llegaron y no se pudo sustentar. Hay una serie de documentos y declaraciones de los captores donde se vislumbra que fueron torturados, y obligados a decir ante la opinión pública ser los autores del coche bomba. No hay pruebas que puedan sustentar las acusaciones”, comentó la abogada.

Durante el proceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que acreditó las violaciones de derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal de los cinco detenidos. Esta ya fue aceptada y se encuentra como prueba en el expediente para avanzar en el juicio en contra.

En la búsqueda por la justicia, la abogada Diana Morales ha logrado entrevistarse con el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien sugirió promover el Protocolo de Estambul para poder lograr una posible liberación.

“Nos reunimos con el procurador Karam. En esa reunión estuvo parte de las autoridades y los familiares y abogados de los detenidos. Ahí se llegó a un acuerdo de que se realizara el Protocolo de Estambul, cosa que no estábamos de acuerdo, ya que se haría recordar momentos desafortunados a los detenidos. Se le comentó al procurador y él nos dijo que tenía que hacer la prueba, que no dudaba de la defensa que habíamos hecho, pero que tenía que asegurarse. Si el protocolo demuestra lo que se ha dicho sobre la tortura y las declaraciones forzadas, él se comprometería a desistir de la acción penal”, destacó.

La reunión ocurrió en octubre de este año. La defensa encargada del caso destacó a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO que el próximo 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo el protocolo a tres de los cinco detenidos, Ricardo Fernández Lomeli, Víctor Manuel y Gustavo Martínez Renteria.

Quince días después se darán a conocer los resultados de los exámenes, los cuales, confía la abogada, acreditarán dos cosas: los cinco “presuntos culpables” del cochebomba de Ciudad Juárez son, en realidad, inocentes obligados a autoinculparse…

… y que en México, la tortura sigue vigente.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Es tortura en Chihuahua "foco rojo". Entrevista de periódico Norte con el director de CDHPDN, Oscar Enríquez.


(Nota aparecida el martes 19 de noviembre del 2013 en la portada del periódico Norte, de Ciudad Juárez, realizada por Luis Carlos Ortega)

El estado de Chihuahua representa todavía un “foco rojo” en el uso de la tortura como método de investigación policiaca, aseguró el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).

Pese a los casos registrados no se refleja la magnitud del problema, debido a que las denuncias no rebasan el 10 por ciento del total de incidentes, indicó Óscar Enríquez, director del organismo.

Agregó que desde el año pasado la situación existente en Chihuahua se evidenció por organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que documentaron cómo a raíz de la “guerra” contra el narcotráfico, el uso de la tortura como práctica recurrente de investigación y castigo se incrementó.

“Ya desde el año pasado el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas emitió un documento en el que consta que en Chihuahua se ha incrementado la incidencia de los casos de tortura como una práctica constante y permanente. A la fecha tenemos documentados 26 casos de los más de 50 que llevamos registrados, ocho de los cuales los tenemos en proceso de defensa jurídica”, indicó.

Enríquez señaló que el problema es palpable en todo el territorio mexicano a pesar de ser uno de los países que han signado acuerdos internacionales para el respeto de los derechos humanos, por lo cual consideró necesario hacer conciencia de que mientras se siga haciendo uso de la tortura, no hay posibilidad de éxito en el combate a la delincuencia.

“Fíjate cómo viene ahora esto con el caso de Israel Arzate, que acaba de ser liberado por irregularidades en el proceso; no es que seamos defensores de la delincuencia, sino que tenemos que hacer ver a las autoridades, y éstas tienen que darse cuenta de que no hay posibilidad de llevar a buen término una investigación cuando hay tortura de por medio”, aseveró.

En junio del presente año la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), mostraron su preocupación ante la falta de sanciones contra los responsables de violación a los derechos humanos en el país, entre los que se encuentra la práctica de la tortura.

Al referirse al estado de Chihuahua, ambas organizaciones enfatizaron la negación de las autoridades locales para aceptar la existencia de tortura en la entidad, sobre todo cuando organizaciones de la sociedad civil se han dedicado a documentar numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, como sucedió en el caso de Israel Arzate.

“Estamos alarmados por la situación en Chihuahua. Las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familias siguen documentando abusos, pero la tortura prácticamente no se investiga. Las víctimas de tortura no pueden tener expectativas realistas de acceder a la justicia”, fue el comentario que de acuerdo a reportes periodísticos emitió al respecto Anne Boucher, encargada de América Latina de ACAT.

Según dichos reportes, Boucher sostuvo que para las organizaciones defensoras de Derechos Humanos “el estado de Chihuahua representa un ‘foco rojo’ por los abusos que ahí se documentan”.

martes, 12 de noviembre de 2013

Mexique : Cinq victimes de tortures emprisonnees

(Nota tomada de Courrier de l'ACAT http://www.acatfrance.fr/appel_urgent_detail.php?id=489#situation)

Situation
Victimes de détention arbitraire et de tortures, Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería et Ricardo Fernández Lomelí sont en prison depuis plus de trois ans.


Le 11 août 2010, des agents de la Police fédérale préventive (PFP) de Ciudad Juárez (État de Chihuahua) les ont embarqués sans mandat d’arrêt ni flagrant délit. Pendant deux jours, ils les ont détenus au secret et torturés (coups, asphyxie, viol). Ils les ont obligés à laisser leurs empreintes sur des armes à feu. Le 13 août, avant de les déférer devant le Parquet et en violation de la présomption d’innocence, ils les ont présentés aux médias comme les coupables d’un attentat à la voiture piégée. À l’issue de plus de 80 jours d’arraigo (détention préalable à toute inculpation et enquête), un juge les a inculpés pour crime organisé, trafic de drogue  et port illégal d’armes, sans lien avec l’attentat qui leur avait été initialement reproché.  Le procès n’a toujours pas eu lieu.

Outre la détention arbitraire et les tortures (établies par la Commission nationale des droits de l’homme - CNDH), la défense dénonce le manque d’accès à un procès équitable du fait d’un morcellement de la procédure qui entraîne plus de frais et entrave les visites. Les victimes sont originaires de Chihuahua, les poursuites sont menées à Jalisco, deux détenus sont emprisonnés à Nayarit, trois autres à Veracruz. Plus de 1 000 km séparent chacun de ces états de Ciudad Juárez.

En l’absence de valeur de preuves obtenues sous la torture, les poursuites doivent être abandonnées, les prévenus libérés.


>> Télécharger la lettre


Contexte

À son arrivée au pouvoir en décembre 2006, le président Felipe Calderón a déclaré la guerre au crime et à la délinquance organisée. D’une manière générale, les forces de l’ordre et de justice ont procédé à des arrestations et des condamnations massives en recourant à l’extorsion d’aveux et aux preuves illicites. Le bilan de la guerre de Calderón est ainsi estimé à environ 60 000 morts, au moins 26 000 victimes de disparitions forcées, entre 160 et 250 000 déplacés internes et des milliers de personnes torturées au cours de leur garde à vue et détention. Chihuahua compte parmi les États les plus touchés par cette situation. Le nouveau président depuis décembre 2012, Enrique Peña Nieto, n’a pas changé la donne.

En 2008, la constitution a introduit l’arraigo, une forme de détention provisoire avant inculpation pour les personnes suspectées de délinquance organisée et dont la durée maximale est de 40 jours, renouvelable une fois. En théorie, il s’agit d’optimiser les conditions d’enquête. En pratique, cela se traduit par un accès très restrictif - voire nul les premiers temps - à une défense légale, à la famille, aux soins et par des tortures visant à faire avouer et fabriquer des preuves. Depuis plusieurs années, l’ACAT dénonce cette pratique et appelle à son abrogation (voir campagne stoparraigo.com).

Lors du dernier Examen périodique universel du Mexique, le 23 octobre 2013, la nécessité de prévenir et de sanctionner les tortures a constitué l’une des principales recommandations des pays siégeant au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

En octobre 2012, l’ACAT avait lancé un Appel express en faveur des frères Martínez Renteria interdits de communication par la prison pendant deux mois.

Source de l’Appel urgent :
ONG Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, http://cdhpasodelnorte.blogspot.fr/2013/10/libertad-para-noe-rogelio-victor-manuel.html




viernes, 8 de noviembre de 2013

Posicionamiento del CDHPDN sobre el caso de Israel Arzate



Dadas las graves irregularidades y violaciones a los derechos humanos presentes en su caso, el miércoles 6 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la liberación de Israel Arzate Meléndez, acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar en enero del 2010, donde se asesinaron a 16 estudiantes adolescentes.

La noticia ha generado polémica en Ciudad Juárez, pues además de evidenciar la mala actuación del Estado mexicano, responsable directo de la seguridad y justicia de la población, varios medios de comunicación locales, así como algunos familiares de las víctimas, se han pronunciado no sólo por cuestionar la justicia, sino también criminalizan a las y los defensores derecho humanistas como “defensores de delincuentes” entre otros supuestos descalificativos.

Este clima de linchamiento mediático y manipulación política no abona en nada a la paz ciudadana y sí en cambio alienta la confusión y el odio social al desinformar tomando postura parcial ante un hecho evidentemente lamentable, definitivamente injusto y que sigue dejando más interrogantes que respuestas. La masacre de Villas de Salvárcar espera la verdad de los hechos y castigo a los verdaderos culpables; la justicia para Israel Arzate es problemático para el gobierno de Chihuahua por que demuestra el retroceso en derechos humanos a partir de un caso plagado de vicios de origen y, desafortunadamente también, se observa la manipulación del Estado en las declaraciones de algunos familiares de las víctimas.    

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte celebra la liberación de Israel Arzate, así como el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Red Mesa de Mujeres y el Centro de Apoyo a Migrantes, para que esto haya sido posible, pero por otro lado vemos con preocupación que la justicia para las víctimas de Villas de Salvárcar sigue sin resolverse más allá del discurso oficial. No es calumniando el desempeño de organizaciones derecho humanistas ni induciendo a la opinión pública hacia el revanchismo como se logrará hacer justicia a este terrible hecho de sangre.


De la justicia de cada uno, nace la paz para todas y todos



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 8 de noviembre del 2013

lunes, 4 de noviembre de 2013

Salí a defender a mi pueblo y me mandaron a la cárcel: Patishtán

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El CDHPDN se une a las felicitaciones por la liberación del profesor Alberto Patishtán.

viernes, 1 de noviembre de 2013

Análisis de octubre sobre derechos humanos en Ciudad Juárez




El mes de octubre del 2013 resulta negativo en general para los derechos humanos en Ciudad Juárez. En el contexto del inicio de la nueva administración municipal encabezada por Enrique Serrano, las malas acciones policiacas y de justicia siguen siendo constantes y no excepcionales en el municipio, pero también a nivel estatal y federal.

Reporte policiaco.

El mes cierra con 35 asesinatos, pero se hicieron sólo dos detenciones; hubo 25 denuncias por delitos patrimoniales (9 de las cuales fueron hechas por comerciantes) con 36 detenciones, además de 26 hechos por delitos contra la salud y/o portación de armas de fuego con 58 detenidos, según nuestro seguimiento periodístico.

Duros con la ciudadanía, suaves con las y los policías.

Octubre también se destaca por varios casos de condescendencia de la ley a policías delincuentes: Un año de condena a policías torturadores; libertad condicional a policías extorsionadores; quitan cargos a agentes por provocación de aborto y lesiones a una mujer. Además continúan los abusos de los policías encubiertos en tiendas de conveniencia, las “revisiones de rutina” y los retenes viales, estas dos últimas con fines recaudatorios y las tres acciones absolutamente al margen de la ley. Es poco probable que con una mala selección del personal, con jueces condescendientes y tolerancia directriz, se pueda generar una policía confiable y apegada a derecho.

Terna para el puesto de jefe de policía de Ciudad Juárez.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) sigue acéfala ante la próxima elección de su títular vía el Congreso del Estado.  Por el puesto compiten el teniente coronel David N. Guzmán; el militar retirado Enrique Pineda Delgado; y el licenciado César Muñoz Corrales, actual jefe interino de la SSPM. Los dos primeros, además de haber ocupado cargos dentro de la milicia y en la Policía Federal, han enfrentado quejas por abusos de autoridad, privación de la libertad y hasta violencia doméstica, de acuerdo con datos periodísticos; el tercero fue detenido por militares en una investigación que realizaron como parte de la Operación Chihuahua y después de que rindió su declaración ministerial en una averiguación previa, fue dejado en libertad al comprobarse que no tenía relación alguna con presuntos narcotraficantes, su nombre también fue mencionado en un mensaje que colocaron sobre el cadáver de una mujer.

Vuelve la represión policiaca contra periodistas.

En otro hecho alarmante e intimidatorio, Angélica Villegas, reportera de El Diario, se convierte en la primera periodista violentada por agentes de la SSPM de la reciente administración 2013-2016, cuando regresaba junto con un amigo de un concierto en El Paso, Texas. Los golpes que recibió, según cuenta Villegas, se incrementaron al identificarse ante los agentes como periodista, lo cual indica que continúa la  animosidad y agresiones de la policía hacia ese gremio.

Premio a juez polémico.

Otra mala señalar para los derechos humanos en Juárez y el estado, es la elección como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Alberto Vázquez Quintero, quien fue el juez que en el 2001 les dictó el auto de formal prisión por la violación y asesinato de ocho mujeres (caso “Campo Algodonero”) a Javier García Uribe, alias “El Cerillo” y Gustavo Gonález Meza, alias “La Foca”, quienes aceptaron su culpabilidad bajo tortura y se emitieron recomendaciones sobre el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Descalabro a los derechos de las y los trabajadores.

No menos importante es la tragedia de la explosión en la fábrica de dulces Blueberry, donde hasta el momento se contabilizan 4 decesos y decenas de heridos, además de la incertidumbre laboral del resto de las y los empleados de la planta. Este suceso se compara al caso “Aeroshow” de Chihuahua, por la cantidad de afectados(as) y la lenta investigación para deslindar responsabilidades, lo cual nos hace estar atentos a cualquier indicio de impunidad a favor de quienes resulten responsables por parte de las autoridades.

México reprobado en derechos humanos.

Octubre también es testigo del Examen Periódico Universal de la ONU donde se hacen más de180 recomendaciones al Estado mexicano en materia de violación a los derechos humanos; también en este mes se hace la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de suspensión de derechos y garantías en caso de perturbación grave de la paz pública. Esta situación contradictoria es elocuente para observar el panorama del ejercicio policiaco en México donde indudablemente uno de los estados más afectados es Chihuahua y de las ciudades, Juárez, donde ya se han vivido acciones represivas y violatorias por las cuales el país sigue retrocediendo en derechos humanos.

Síntesis

Ante esta situación actual, el futuro inmediato se nota desfavorable, pues persiste la tendencia a fortalecer el Estado policiaco en detrimento a las garantías individuales y derechos sociales. De seguir por este camino la política de gobierno de favorecer o proteger a agentes infractores, jueces alineados o políticos y empresarios deshonestos, seguirán las arbitrariedades en contra de la ciudadanía.