martes, 17 de diciembre de 2013

Hostigamiento a Juan Ignacio Figueroa, padre de los hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa, acusados de extorsión.


AU 4/13
ACCION URGENTE

Hostigamiento a Juan Ignacio Figueroa, padre de los hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa, acusados de extorsión.


El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) hace pública su preocupación por el hostigamiento del señor Juan Ignacio Figueroa, por agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

ANTECEDENTES

El 18 de enero del 2012, los hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa (este último menor de edad) fueron detenidos arbitrariamente, amenazados, torturados y obligados a declararse culpables del delito de extorsión por policías ministeriales, quienes con lujo de violencia los golpearon, allanaron su vivienda e hicieron destrozos en su propiedad. Después de pasar 48 horas incomunicados y por presiones de sus familiares a través de la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que los encontró en la Fiscalía del Estado, los hermanos Figueroa finalmente fueron presentados en público el día 20 de enero, declarando que habían sido obligados a confesar su culpabilidad. Luis Adrián sale libre el 31 de agosto del 2013 al comprobarse las violaciones a derechos humanos en su caso, no así sus hermanos quienes están todavía a la espera de juicio.    

HECHOS

El lunes 16 de diciembre, entre cinco y media y seis de la mañana, en las instalaciones de la empresa Autopronto, de boulevard Independencia, lugar de trabajo del señor Juan Ignacio Figueroa, se presentó una camioneta como las que usan los agentes ministeriales (Dodge Ram blanca con vidrios polarizado) dando vueltas alrededor de la empresa por espacio aproximado de 15 minutos, hasta finalmente estacionarse. Luego el agente se bajó de la camioneta y fue directamente con el señor Figueroa, le pidió una identificación y al no traer algún documento, le pidió su nombre y dirección. Cuando el señor Figueroa le pidió al agente identificarse, este no quiso hacerlo, respondiéndole de forma grosera. Al preguntarle al agente el señor Figueroa el  por qué  del interrogatorio, el agente le contesta que investigan un supuesto robo de diesel en esa empresa. Luego el agente se dirigió a otros dos trabajadores a pedirles identificación. A los demás trabajadores, los que laboran directamente en el área donde se trabaja con diesel, probable lugar del atraco, no se les preguntó nada.

Según informes de los compañeros del señor Figueroa, al salir del turno (el señor Figueroa trabaja de 10 de la noche a 6 de la mañana) el agente siguió un rato más ahí y luego se fue. El jefe inmediato del señor Figueroa, así como sus superiores, desconocían el asunto del supuesto robo de diesel. Indagando más sobre el caso con un compañero de trabajo ex agente ministerial, se contactó con el jefe de ministeriales, el comandante Valadez, quien informó  no tener conocimiento del hecho. Se está investigando por qué el agente fue esas horas a hacer esa diligencia.

Esta es la primera vez que  acosan al señor Figueroa en el trabajo, pero en su domicilio ya ha sufrido intimidación y hostigamiento judicial y policiaco anteriormente. Finalmente el señor Figueroa manifiesta que el agente ministerial venía armado, con gafete de la policía ministerial y que las cámaras de la empresa tienen grabada la acción.

SOLICITAMOS

1. Que las autoridades correspondientes atiendan el caso y realicen inmediatamente una investigación independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial, para identificar al agente acosador y aplicar las leyes correspondientes por el hostigamiento al señor Juan Ignacio Figueroa.
2. Que se respete el derecho que tiene el señor Juan Ignacio Figueroa para defender a sus hijos, por lo cual solicitamos sea respetada su integridad y su libertad.
3. Por favor enviar sus llamamientos a:

Lic. Raúl Plasencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo
López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F. Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00
correo: correo@cndh.org.mx

Lic. Migue Ángel Osorio Chong 
Secretario de Gobernación
Abraham González No. 48, colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06600, México, D.F.
Teléfonos 57 28 73 00 ext. 32400, 57 28 74 00 ó 57 28 73 00
secretario@segob.gob.mx
 
Lic. José Luis Armendáriz González
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua
Av. Zarco No. 2427 esq. calle 24, Col. Zarco, C.P. 31020
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 01 800 201 1758 y 658 7604
cedhch@prodigy.net.mx

Lic. César Horacio Duarte Jáquez
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua
Palacio de Gobierno
 Aldama y Venustiano Carranza, Centro Histórico, C.P. 31000
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 01 614 429 3596 y 01 614 4293300 conmutador 11123
despachodelejecutivo@hotmail.com
http://es-la.facebook.com/people/Cesar-Horacio-Duarte-Jaquez/684068788
@GoberDuarte

Lic. Jorge González Nicolás
Fiscal General del Estado de Chihuahua
Edificio de la Procuraduría, Tercer Piso, calle Vicente Guerrero número 616, Colonia Centro, municipio de Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000.
Tel. 614 4293300 conmutador 11400
rcaballero@chihuahua.gob.mx

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Persisten abusos y tortura de los cuerpos policiacos


(Tomado de la portada de periódico Norte y Norte Norte Digital, del martes 10 de diciembre del 2013, con información de Héricka Martínez Prado http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1775991122230594035#editor/target=post;postID=6300583588683334231)

Entre una serie de torturas, abusos, robos y extorsiones por parte de las distintas autoridades, los juarenses viven una constante violación a sus derechos humanos.

En marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Fideicomiso de la Competitividad y Seguridad Ciudadana en la Zona Norte (Ficose) dio a conocer que sólo entre el 20 de julio y el 23 de octubre pasados se registraron 226 casos de abusos policiacos en esta frontera, cometidos en su mayoría por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido además 10 denuncias en contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por abusos de autoridad, robo y lesiones en la actual administración.

“Nosotros percibimos una situación constante de violación a los derechos humanos”, señaló el sacerdote Óscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Los homicidios que aunque han disminuido continúan en la ciudad, las constantes torturas denunciadas y la desaparición forzada son los casos mayormente documentados por la agrupación.

“Las ejecuciones son violaciones al derecho a la vida, constatamos que sigue habiendo tortura y persiste el problema de la desaparición forzada, porque no ha habido una investigación a fondo”, señaló.

Mientras que en las mujeres se habla de trata de personas, en los hombres se han documentado casos de privación ilegal de la libertad por parte de las autoridades.

“Tenemos casos que no se han resuelto aunque pasaron hace años, como la familia Alvarado, la familia Bustamante que son de aquí pero desaparecieron en Veracruz al parecer por la Policía Federal, o la familia Fabela, que es un caso actual en el que creemos que intervinieron los ministeriales; pero no se investigan más a fondo”, comentó el sacerdote.

En el tema de desaparición forzada no hay respuesta ni seguimiento por parte de las autoridades, y siempre esperan que sean los familiares quienes les aporten los datos.

El CDHPN tiene documentados 26 casos de tortura del año pasado a la fecha.

La queja constante de los juarenses, dijo, es que los policías municipales hacen su trabajo sin respeto a las personas.

“Un factor es obviamente la impunidad, no hay investigación ni castigo y los hechos tienden a repetirse porque no hay justicia, hay una queja constante de que siguen los robos y extorsiones”, apuntó Enríquez.

Según datos del Fideicomiso de la Competitividad y Seguridad Ciudadana en la Zona Norte (Ficose), sólo del 20 julio al 23 octubre del presente año se documentaron 226 casos de abusos policiacos.

Entre los casos se encuentran 31 denuncias por “ubicación de detenidos”, o sea que fueron detenidos sin una orden de aprehensión o que fueron presentados ante los medios de comunicación sin la seguridad de que fueran ellos los culpables.

Un total de 109 casos más fueron denunciado porque las autoridades participaron en un problema entre particulares, sin que se les solicitara su ayuda.

Cuarenta personas más aseguraron que fueron víctimas de un abuso o mal trato al momento de pedir orientación o interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y 46 casos más reflejan torturas o abusos de autoridad, 23 de ellos, o sea el 50 por ciento, fueron interpuestos contra la FGE tras las detenciones realizadas; 14 más contra la SSPM y los nueve restantes contra la PGR, Sedena y PF.

El 31 por ciento de esos 46 casos fueron lesiones, en el 14 por ciento allanamientos, en el 11 por ciento detenciones ilegales y en el 7 por ciento desaparición forzada.

A estas cifras se le suman una gran cantidad de abusos que no son denunciados por el temor de las víctimas a sufrir algún tipo de represalias, señaló la doctora Leticia Chavarría, consejera de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez.

Algunos de estos casos llegan a oídos de las organizaciones que trabajan con este tipo de delitos, pero otros quedan en la sombra.

Las violaciones a los derechos humanos no sólo son lesiones o tortura, también hay otras formas, como cualquier abuso por parte de un servidor público.

“Creo que aquí es muy importante que la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son sus derechos y hasta dónde llega el derecho de la autoridad de actuar hacia un ciudadano, porque muchas veces no lo perciben porque saben, y es muy importante que todos estemos informados de qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer con nosotros”, señaló.

Después de los múltiples abusos registrados por parte de los militares contra la ciudadanía, los golpes y robos por parte de los municipales han prevalecido los últimos años en la ciudad.

Los agentes de Tránsito también violan constantemente los derechos humanos de la ciudadanía, con el fin de reunir la famosa “polla” y completar el número de infracciones que les son exigidas por parte de sus jefes.

“El problema es que todo se queda dentro de las instituciones, porque son costumbres arraigadas y mientras no se reconozca que existe, el problema ahí persiste”, comentó Chavarría.

El departamento de Asuntos Internos fue un “cero a la izquierda” durante toda la administración pasada, ya que era “juez y parte”, apuntó.

La Mesa de Seguridad pidió que se cree un Comité Único de Seguimiento de Asuntos Internos con el objetivo de que se vinculen y analicen las denuncias presentadas contra autoridades municipales, estatales y federales.

“Debe haber una Comisión de Honor y Justicia integrada por ciudadanos, no como estuvo ocurriendo en la administración pasada, porque obviamente ellos no van a reconocer que existe el delito”, destacó.

Pese a que eran denuncias de casos graves, durante la administración pasada no se resolvieron, por lo que con el Comité Único la intención es que se castigue a los involucrados.

Integrantes de la Mesa de Seguridad también exigieron que se aplique la Ley Contra la Tortura que recientemente se aprobó en el estado de Chihuahua.

“Que se revise la penalidad de los funcionarios deshonestos que abusan de su poder, independientemente de que hayan realizado hechos violentos físicamente contra los ciudadanos; hay muchas formas de realizar actos que vulneran a toda la ciudadanía y pueden ser procesados”, apuntaron.


martes, 10 de diciembre de 2013

En el día de la Declaración universal de los derechos humanos


En el Día de la Declaración universal de los derechos humanos
(Discurso con motivo del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)

El 10 de diciembre de 1948, en París, Francia, se presenta por primera vez el texto básico con los treinta artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, proclamando internacionalmente dos años después la fecha como el Día de los Derechos Humanos. Este 2013 además se cumplen veinte años del mandato del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos Humanos. 

Asumirse derecho humanista, trabajar por los derechos humanos, es en la actualidad un oficio peligroso en nuestro país, nuestra ciudad. Hoy queremos celebrar y compartir esta celebración con quienes han tomado una de las decisiones más importantes de sus vidas: vivir para y por los derechos humanos con todos los riesgos que esto implica, pues el camino es largo y doloroso, aunque también es dulce y lleno de satisfacciones, por pequeñas que estas sean. Cada victoria, cada paso hacia la emancipación y la justicia por un grupo, persona o situación, es un reconocimiento silencioso a lo que sabemos, implica una inversión enorme de energía, esfuerzos y recursos. 

Es difícil y a la vez fácil vivir en y por los derechos humanos. Difícil por que sigue siendo una aspiración de los pueblos y personas que constantemente, día tras día y hacia todos los puntos cardinales son víctimas de atropellos de toda índole, por que todavía no podemos resolver como especie, la aceptación total del uno para el otro y eso nos lleva a la intolerancia y la violencia, al prejuicio y la represión, en lo individual y en lo social.Pero también es una actividad fácil cuando aceptas este destino y tomas consciencia de lo mucho que puedes colaborar, aunque ese esfuerzo sea mínimo, para lograr ese mundo mejor, así te juzguen de loco(a) idealista o hasta de subversivo(a) y terrorista.

¿Por qué estamos en y por los derechos humanos? Muchas de las personas derecho humanistas hemos pasado por alguna injusticia, violencia o discriminación en nuestras historias personales de tal manera que luego nos vemos trabajando en estos menesteres, no como una obligación, sino por un desarrollado sentido de empatía a partir de nuestra experiencia; de un sentir, de un ser y un hacer a favor de la dignidad humana por sobre todas las cosas. También está, por supuesto, en los días más negros, cuando parece que todo lo que hacemos es inútil, el “gracias” de alivio y la sonrisa sincera, aun en la derrota, de quienes son beneficiarios de nuestras acciones, usuarios de nuestros servicios.

Hoy que nuestro país tiende al pasado, a regresar a escenarios que creíamos superados, nuestra misión se hace indispensable para contrarrestar en la medida de lo posible el retroceso en derechos humanos, la pérdida de un futuro más prometedor, afable y saludable para las próximas generaciones. Se trata de un compromiso social, ético y humano de solidarizarse con las causas más nobles, los grupos más vulnerables, y con uno mismo, consciente de la responsabilidad de recuperar el equilibrio perdido de una sociedad, en nuestro caso de la enorme responsabilidad de vivir en la dolida y como sea, querida, Ciudad Juárez.

Pero hoy estamos aquí reunidos pare festejar los triunfos, la camaradería, el reconocimiento mutuo a una labor que no es fácil, pero el gusto de trabajar con la gente, las y los niños, los adultos mayores, la mujeres, las y los jóvenes, los migrantes…en fin el placer de ejercer una profesión que te brinda la oportunidad de informar, ayudar, servir, educar y empoderar, pero también de conocer y crecer, de fortalecer los lazos de amistad, el compañerismo y la empatía;de poder demostrar quesí se puede mejorar la sociedad, que sí puede haber democracia y equidad de género y justicia y calidad de vida,libertad de expresión y todas esas cosas que sabemos, pueden existir y darle un giro al lugar donde ahora coincidimos.

Tomemos un respiro y reflexionemos un poco o un mucho sobre la diferencia, si creen que existe, entre el Juárez antes de la aparición de la sociedad civil organizada, de la cual formamos parte; sobre el Juárez que conocieron y el que ahora viven y su labor derecho humanista desde la trinchera donde dan la batalla por mejorar esta ciudad que duele y a la cual todavía merece nuestra atención y acción. Por eso un saludo a todas y todos quienes trabajamos por los derechos humanos en este espacio y en este instante, bienvenidas, bienvenidos.



De la justicia de cada una(o) nace la paz de todas y todos




CDHPDN



Ciudad Juárez, Chihuahua a 10 de  diciembre del 2013

lunes, 9 de diciembre de 2013

Ignoran autoridades Condición de infantes



Tomado de El Diario, edición Ciudad Juárez. http://diario.mx/Local/2013-12-08_3f47fea6/ignoran-autoridades-condicion-de-infantes-dicen-lideres-civiles/

Alejandra Gómez
El Diario | 2013-12-08 | 23:08
Las autoridades no prestan atención a la condición de los infantes en la ciudad por ello en los últimos años se han vuelto las víctimas más vulnerables de la violencia presente en Juárez, opinaron representantes de organismos civiles ante la muerte de dos menores en distintos hechos y por diferentes motivos de violencia la semana pasada.


La tarde del jueves Uriel Hernández de dos años fue asesinado a golpes por su padrastro Rubén Torres y en el transcurso del viernes Ángel Gael Pro de cuatro años falleció al recibir un balazo cuando su padre enfrentó a policías estatales.



“El asunto con la violencia hacia menores es igual que cuando se hablaba de crímenes contra mujeres: se trata de la punta del iceberg de un problema muy serio que hay en la sociedad”, dijo Hernán Ortiz, vocero de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CMAP).



La Red por la infancia lleva años pidiéndole a la autoridad que ponga atención a la condición de los infantes en la ciudad, la muerte de dos niños es la evidencia de que no se ha hecho el caso suficiente. El gobierno no escucha a la ciudadanía, agregó.



“Falta atención del gobierno en las cuestiones sociales, por ello se dan estos eventos donde mueren jóvenes y niños, son descuidos de una mala organización del estado en la cuestión de educación, guarderías y de apoyo a la familia”, opinó Carlos Murillo, vocero del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.



No se le da importancia a la familia. Vivimos en una ciudad que ha estado abandonada por décadas, pues el único apoyo se concentra en inversión y como resultado está el descuido porque a la ciudadanía se le contenta con un “buen” sueldo y se le hace responsable de instalar valores en la familia, dijo.



Al sumar las carencias de la sociedad y la inseguridad pública tenemos como resultado a Ciudad Juárez, un lugar inmerso en una violencia que al parecer nunca termina, disminuye pero para brotar con los niveles de antes: homicidios y masacres.



Para Ernesto Chávez Nápoles, presidente de la Organización Estatal Chihuahuense, el problema principal también se concentra en un sistema de gobierno que carece de escrúpulos sociales, para el cual todo lo que acontece en la familia pasa a segundo termino.



“Las muertes de los menores lamentablemente el gobierno sólo las ve como una estadística, lo que debe hacer es invertir en la familia y en los derechos humanos para instalar el respeto hacia el ciudadano. Falta inversión para el beneficio y estabilidad familiar”.


agomez@redaccion.diario.com.mx

jueves, 5 de diciembre de 2013

Liberación de tres menores de edad, después de un año de cárcel por delitos que no cometieron.



El día 4 de Diciembre de 2013 fueron liberados los jóvenes Jorge Jonathan Morales Juárez, Juan Pablo Ortiz Lira y Abraham Salvador Moraza Venegas, todos de 17 años, después de haber pasado por una sentencia de más de un año en la Escuela de Mejoramiento para Menores Infractores México, sentencia por la cual los encontraron injustamente culpables del delito de robo agravado en grado de tentativa, misma sentencia que actualmente se encuentra en casación (recurso de inconformidad cuando en el juicio se sentencian culpables a inocentes).

Los  tres menores de edad junto con dos adultos, fueron sacados de sus hogares con lujo de violencia por agentes ministeriales en la madrugada del 4 de junio de 2012, como resultado de una “investigación” sobre una tentativa de robo en contra de un agente ministerial, siendo después retenidos ilegalmente, torturados y presentados a los medios de comunicación como culpables, violando así sus derechos elementales, causando además daños a la propiedad de los padres de Pablo Ortiz Lira, así como el robo de un teléfono celular y dinero en efectivo.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) felicita ampliamente a Jorge Jonathan, Juan Pablo y Abraham, además de sus familiares, por haber conseguido un poco de justicia para su causa después de la larga insistencia en su inocencia y de haber soportado tanto tiempo encerrados, quedando todavía pendiente la reparación del daño por parte del Estado y el castigo a los agentes responsables de haberlos torturado. Este es la segunda ocasión en menos de tres meses que el CDHPDN celebra la liberación de sus defendidos (a finales de agosto es liberado Luis Adrián Figueroa Gómez de 15 años de edad).

Por otro lado, persiste una genuina preocupación del CDHPDN por el desempeño de las y los agentes del Ministerio Público, quienes siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos, particularmente el método de la tortura, a pesar de los señalamientos que otras instancias de derecho humanistas nacionales e internacionales, haciendo imposible la justicia y vinculando a proceso a personas inocentes (chivos expiatorios).

La liberación de Jorge Jonathan, Juan Pablo y Abraham nos llena de alegría y nos permite seguir trabajando con vigor por la justicia a favor de las y los más vulnerables. En horabuena a todos, sus familiares y amistades por este merecido resultado.




De la justicia de cada uno(a) nace la paz para todas y todos.



Ciudad Juárez, Chihuahua a 5 de diciembre del 2013

martes, 3 de diciembre de 2013

Los derechos humanos en Ciudad Juárez, reporte del mes de noviembre del 2013



Noviembre registra un aumento de asesinatos,es escenario de una masacre familiar y una gran explosión en una fábrica; es el mes de la polémica liberación de un “chivo expiatorio” y de la ratificación del actual jefe de policía como secretario de Seguridad Pública del municipio. En general el desempeño policiaco sigue violentando los derechos humanos en Ciudad Juárez.  

La ratificación como Secretario de Seguridad Pública Municipal, del jefe policiaco interino César Omar Muñoz, vía el Congreso del Estado de Chihuahua y por decisión unánime, en una terna donde los tres candidatos contendientes tenían antecedentes de abuso policiaco y relaciones con el narcotráfico. A pesar de la ratificación de Muñoz, la conducta de las y los agentes de policía municipales sigue acumulando violaciones a los derechos humanos, sin notarse algún cambio entre esta administración de Enrique Serrano y la anterior deHéctor Murguía cuando el ex teniente Julián Leyzaola era el jefe de la policía municipal.

Según nuestro conteo hemerográfico, durante el onceavo mes del 2013 se registraron 53 asesinatos con un total de nueve detenidos. De estos hechos destaca el multihomicidio de ocho miembros de una familia, incluidos niños, siendo detenidos dos presuntos culpables, quienes acusan tortura por parte de las autoridades, en lo que posiblemente sea otro caso de “chivos expiatorios”.En cuanto a delitos patrimoniales, las páginas delos diarios reportaron 63 personas detenidas por delitos patrimoniales en 33 casos distintos, de éstos, 15 fueron contra comerciantes y sólo en uno de ellos no hubo detenidos. La policía municipal atendió 31 de los 33 casos. Además fueron detenidas seis personas por mostrar una actitud “sospechosa”, el resto fue resultado de respuestas inmediatas a llamadas o rondines de rutina.

En el mes fueron detenidas 36 personas por posesión de drogas o armas de fuego en 22 casos distintos. La policía municipal protagonizó 18 de los 22 arrestos, siendo todos fruto de revisiones aleatorias y/o por actitudes “sospechosas”. También en noviembrese reportaron seis casos de percances viales donde estuvieron involucrados elementos policiacos, uno por agentes ministeriales del cual la nota no da detalles y cinco por policías municipales causando la muerte de una persona, además de varias personas lesionadas y daños materiales como consecuencia de conducir a exceso de velocidad y no respetar los señalamientos viales.

Adicionalmente las denuncias contra agentes policiacos municipales continúan, principalmente por extorsión, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, mientras otras como las cometidas por agentes encubiertos en tiendas de conveniencia permanecen impunes. Comerciantes de mercados populares de segunda mano y piratería del centro también señalan a agentes de la Policía Federal por hostigamiento, en un sector donde han sido asesinados varios de ellos durante el presente mes. Además en el mismo periodo varias noticias de policías involucrados en violaciones de derechos humanos en otros momentos, han recibido penas absolutorias o leves en sus casos. 

Noviembre también es testigo de la liberación de Israel Arzate Meléndez, uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvárcar, donde murieron 18 estudiantes en febrero del 2010. La noticia de la libertad de Arzate, en un caso plagado de irregularidades, mentiras y tortura, provoca reacciones encontradas y manipuladas mediáticamente por varios medios de comunicación y grupos de derecha opuestos a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por otorgarle el amparo liso y llano, desatando también una persecución política por parte del gobierno de Chihuahua en contra de Arzate y un linchamiento mediático difamatorio contra organizaciones derecho humanistas.

Otro caso paradigmático por la magnitud del percance y la opacidad de las autoridades en resolverlo, es la explosión de la fábrica de dulces Blueberry a finales de octubre, evento que ha ocasionado hasta el momento ocho decesos y decenas de heridos, pero aún las autoridades son incapaces de determinar quiénes son las o los responsables del accidente, pese a ya haber terminado los peritajes. El hecho ha indignado a la sociedad juarense por que no sólo visibiliza el funcionamiento de esta empresa con antecedentes de multas por irregularidades y fallas, sino también la pérdida de derechos laborales y vulnerabilidad de sus trabajadores, la impunidad que goza la empresa y particularmente uno de sus socios (Eloy Vallina) la ausencia de una unidad médica de atención a quemados(as) en la ciudad y la falta de coordinación entre instituciones para atender emergencias de este tipo.

Lo que sucede en Ciudad Juárez no es exclusivo del estado; según el sociólogo y activista social Víctor Quintana, en los municipios del noroeste como Madera, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Matachí, Temósachi, Gómez Farías y parte de Cuauhtémoc y Riva palacio, las policías delinquen, extorsionan y están coludidos con grupos narcotraficantes. La situación de municipios del sur del estado, com Jiménez, Guadalupe y Calvo o Parral, también acusan anomia por parte de grupos del narcotráfico como secuestros, extorsiones y asesinatos.

Tanto el gobierno del estado, como la administración municipal y algunas organizaciones pro oficialistas, como la Mesa de Seguridad, presumen en su discurso la disminución de la violencia en esta ciudad fronteriza, pero las cifras los desmienten y trasciende la ciudad hacia otros municipios. El sistema de justicia además sigue adoleciendo de imparcialidad y eficacia, se continúa cometiendo tortura en sus averiguaciones, a pesar del discurso oficial de que “no existe la tortura en Chihuahua”. Es tan elevado el número de violaciones a los derechos humanos en el estado y particularmente riesgoso defenderlos en Ciudad Juárez, que desde octubre del presente año, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) han dispuesto de una oficina en la ciudad de Chihuahua para atender y acompañar a defensores y defensoras derecho humanistas. 

lunes, 25 de noviembre de 2013

La cita más esperada para cinco "presuntos culpables" de Juárez*



*Texto tomado de Revolución punto cero, realizada por Enrique Legorreta. http://revoluciontrespuntocero.com/la-cita-mas-esperada-para-cinco-presuntos-culpables-de-juarez/


(25 de noviembre, 2013).- Ir a comprar leche a bordo de una camioneta se convirtió en la antesala de una acusación por terrorismo y posesión ilegal de armas para cinco “presuntos culpables” habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes antes de que empiece 2014 podrán demostrar que distintas autoridades urdieron un plan para encarcelarlos injustamente.

Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Ricardo Fernández Lomelí, y los hermanos Víctor Manuel y Gustavo Martínez Rentería fueron detenidos el 11 de agosto del 2010 afuera del domicilio de la expareja de Gustavo en dicha ciudad por elementos de la ahora extinta Policía Federal Preventiva (PFP) quienes pasaron en dos camionetas por la casa y los miraron, al verlos fuera del domicilio se regresaron, y se acercaron a ellos. Los revisaron y los detienen sin motivo alguno, todo esto a raíz de la explosión de un cochebomba que dejó cuatros muertos y más de 10 heridos en la colonia Ex Hipódromo; el hecho fue atribuido al grupo delincuencial “La Línea”, que actuó en presunta venganza por la detención de su líder, Jesús Armando Acosta Guerrero, alias “el 35”.

Aquel día, el 15 de julio de 2010, a SSP federal capturó en Ciudad Juárez a Jesús Armando Acosta Guerrero, “el 35”, quien era el tercero en la estructura del grupo criminal “La Línea”. Él era  acusado de realizar más de 25 ejecuciones, “levantotes”, extorsiones, retenes y venta de droga en el estado. Tras este hecho, los miembros de “La Línea” atacaron con un coche bomba a un grupo de agentes federales.

Este ataque fue anunciado a través de una llamada anónima, señalando que un policía se encontraba muerto sobre las calles. Cuando  llegaron policías federales y paramédicos a revisar, fue cuando detonó el artefacto, el cual dejo esos muertos. Como un testigo de este hecho está un camarógrafo del Canal 5, de Juárez, quien pasaba por el lugar.

Los cinco detenidos fueron enviados al bunker de la Policía Federal en la Ciudad de México, donde sus captores y agentes del ministerio público federal los inculparon de cargos graves. Luego de varias horas, el Juez Noveno de Distrito en Ciudad Juarez, Chihuahua determinó que tres de ellos fueran recluidos en Villa Aldama, Veracruz, y los otros dos en Tepic, Nayarit, mientras que el proceso está radicado en el Octavo Juzgado de Distrito en Materia Penal de Guadalajara, Jalisco.

En entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, Diana Morales, la abogada de estos “presuntos culpables” y miembro del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, encargados hasta ahora de los casos, señala que hay la posibilidad de que Noé, Rogelio, Ricardo, Víctor Manuel y Gustavo puedan quedan en libertad gracias a lo que dicta el Protocolo de Estambul, un conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.

Este apartado fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en el año 2000 y entre sus propósitos se encuentra servir como una guía internacional para la evaluación para investigar casos de posible tortura, con lo que se señalarían deficiencias en la procuración de justicia o de las agencias investigadoras.

Y es que de acuerdo con la defensa de los presuntos responsables, todos fueron torturados y forzados a declarar en contra de los otros, además de que el proceso estuvo marcado por fallas de los policías que los detuvieron.

La CNDH señala que en los documentos con los que contaron había evidencias que le permitieron observar que los cinco detenidos fueron sometidos a sufrimientos físicos y psicológicos por parte de los servidores públicos de la Policía Federal. La mayoría de la tortura fue en partes del cuerpo que se notaban las marcas, como brazos, piernas, cara, dedos y ojos.

Así fueron presentados ante los medios de comunicación: como un logro de la inteligencia policial contra los más violentos delincuentes.
Así fueron presentados ante los medios de comunicación: como un logro de la inteligencia policial contra los más violentos delincuentes.

Su caso es común y, al mismo tiempo, atípico: de acuerdo con el último Examen Periódico Universal en DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)sobre México,  existen alrededor de siete mil 253 casos de tortura que no se han atendido; pese a ellos, serían uno de los pocos en los que podría acreditarse la injusticia.

“Actualmente ellos están acusados por delincuencia organizada y por posesión de armas y drogas. La acusación de terrorismo fue desechada ya que los policías que declararían en su contra nunca llegaron y no se pudo sustentar. Hay una serie de documentos y declaraciones de los captores donde se vislumbra que fueron torturados, y obligados a decir ante la opinión pública ser los autores del coche bomba. No hay pruebas que puedan sustentar las acusaciones”, comentó la abogada.

Durante el proceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que acreditó las violaciones de derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal de los cinco detenidos. Esta ya fue aceptada y se encuentra como prueba en el expediente para avanzar en el juicio en contra.

En la búsqueda por la justicia, la abogada Diana Morales ha logrado entrevistarse con el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien sugirió promover el Protocolo de Estambul para poder lograr una posible liberación.

“Nos reunimos con el procurador Karam. En esa reunión estuvo parte de las autoridades y los familiares y abogados de los detenidos. Ahí se llegó a un acuerdo de que se realizara el Protocolo de Estambul, cosa que no estábamos de acuerdo, ya que se haría recordar momentos desafortunados a los detenidos. Se le comentó al procurador y él nos dijo que tenía que hacer la prueba, que no dudaba de la defensa que habíamos hecho, pero que tenía que asegurarse. Si el protocolo demuestra lo que se ha dicho sobre la tortura y las declaraciones forzadas, él se comprometería a desistir de la acción penal”, destacó.

La reunión ocurrió en octubre de este año. La defensa encargada del caso destacó a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO que el próximo 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo el protocolo a tres de los cinco detenidos, Ricardo Fernández Lomeli, Víctor Manuel y Gustavo Martínez Renteria.

Quince días después se darán a conocer los resultados de los exámenes, los cuales, confía la abogada, acreditarán dos cosas: los cinco “presuntos culpables” del cochebomba de Ciudad Juárez son, en realidad, inocentes obligados a autoinculparse…

… y que en México, la tortura sigue vigente.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Es tortura en Chihuahua "foco rojo". Entrevista de periódico Norte con el director de CDHPDN, Oscar Enríquez.


(Nota aparecida el martes 19 de noviembre del 2013 en la portada del periódico Norte, de Ciudad Juárez, realizada por Luis Carlos Ortega)

El estado de Chihuahua representa todavía un “foco rojo” en el uso de la tortura como método de investigación policiaca, aseguró el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).

Pese a los casos registrados no se refleja la magnitud del problema, debido a que las denuncias no rebasan el 10 por ciento del total de incidentes, indicó Óscar Enríquez, director del organismo.

Agregó que desde el año pasado la situación existente en Chihuahua se evidenció por organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que documentaron cómo a raíz de la “guerra” contra el narcotráfico, el uso de la tortura como práctica recurrente de investigación y castigo se incrementó.

“Ya desde el año pasado el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas emitió un documento en el que consta que en Chihuahua se ha incrementado la incidencia de los casos de tortura como una práctica constante y permanente. A la fecha tenemos documentados 26 casos de los más de 50 que llevamos registrados, ocho de los cuales los tenemos en proceso de defensa jurídica”, indicó.

Enríquez señaló que el problema es palpable en todo el territorio mexicano a pesar de ser uno de los países que han signado acuerdos internacionales para el respeto de los derechos humanos, por lo cual consideró necesario hacer conciencia de que mientras se siga haciendo uso de la tortura, no hay posibilidad de éxito en el combate a la delincuencia.

“Fíjate cómo viene ahora esto con el caso de Israel Arzate, que acaba de ser liberado por irregularidades en el proceso; no es que seamos defensores de la delincuencia, sino que tenemos que hacer ver a las autoridades, y éstas tienen que darse cuenta de que no hay posibilidad de llevar a buen término una investigación cuando hay tortura de por medio”, aseveró.

En junio del presente año la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), mostraron su preocupación ante la falta de sanciones contra los responsables de violación a los derechos humanos en el país, entre los que se encuentra la práctica de la tortura.

Al referirse al estado de Chihuahua, ambas organizaciones enfatizaron la negación de las autoridades locales para aceptar la existencia de tortura en la entidad, sobre todo cuando organizaciones de la sociedad civil se han dedicado a documentar numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, como sucedió en el caso de Israel Arzate.

“Estamos alarmados por la situación en Chihuahua. Las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familias siguen documentando abusos, pero la tortura prácticamente no se investiga. Las víctimas de tortura no pueden tener expectativas realistas de acceder a la justicia”, fue el comentario que de acuerdo a reportes periodísticos emitió al respecto Anne Boucher, encargada de América Latina de ACAT.

Según dichos reportes, Boucher sostuvo que para las organizaciones defensoras de Derechos Humanos “el estado de Chihuahua representa un ‘foco rojo’ por los abusos que ahí se documentan”.

martes, 12 de noviembre de 2013

Mexique : Cinq victimes de tortures emprisonnees

(Nota tomada de Courrier de l'ACAT http://www.acatfrance.fr/appel_urgent_detail.php?id=489#situation)

Situation
Victimes de détention arbitraire et de tortures, Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería et Ricardo Fernández Lomelí sont en prison depuis plus de trois ans.


Le 11 août 2010, des agents de la Police fédérale préventive (PFP) de Ciudad Juárez (État de Chihuahua) les ont embarqués sans mandat d’arrêt ni flagrant délit. Pendant deux jours, ils les ont détenus au secret et torturés (coups, asphyxie, viol). Ils les ont obligés à laisser leurs empreintes sur des armes à feu. Le 13 août, avant de les déférer devant le Parquet et en violation de la présomption d’innocence, ils les ont présentés aux médias comme les coupables d’un attentat à la voiture piégée. À l’issue de plus de 80 jours d’arraigo (détention préalable à toute inculpation et enquête), un juge les a inculpés pour crime organisé, trafic de drogue  et port illégal d’armes, sans lien avec l’attentat qui leur avait été initialement reproché.  Le procès n’a toujours pas eu lieu.

Outre la détention arbitraire et les tortures (établies par la Commission nationale des droits de l’homme - CNDH), la défense dénonce le manque d’accès à un procès équitable du fait d’un morcellement de la procédure qui entraîne plus de frais et entrave les visites. Les victimes sont originaires de Chihuahua, les poursuites sont menées à Jalisco, deux détenus sont emprisonnés à Nayarit, trois autres à Veracruz. Plus de 1 000 km séparent chacun de ces états de Ciudad Juárez.

En l’absence de valeur de preuves obtenues sous la torture, les poursuites doivent être abandonnées, les prévenus libérés.


>> Télécharger la lettre


Contexte

À son arrivée au pouvoir en décembre 2006, le président Felipe Calderón a déclaré la guerre au crime et à la délinquance organisée. D’une manière générale, les forces de l’ordre et de justice ont procédé à des arrestations et des condamnations massives en recourant à l’extorsion d’aveux et aux preuves illicites. Le bilan de la guerre de Calderón est ainsi estimé à environ 60 000 morts, au moins 26 000 victimes de disparitions forcées, entre 160 et 250 000 déplacés internes et des milliers de personnes torturées au cours de leur garde à vue et détention. Chihuahua compte parmi les États les plus touchés par cette situation. Le nouveau président depuis décembre 2012, Enrique Peña Nieto, n’a pas changé la donne.

En 2008, la constitution a introduit l’arraigo, une forme de détention provisoire avant inculpation pour les personnes suspectées de délinquance organisée et dont la durée maximale est de 40 jours, renouvelable une fois. En théorie, il s’agit d’optimiser les conditions d’enquête. En pratique, cela se traduit par un accès très restrictif - voire nul les premiers temps - à une défense légale, à la famille, aux soins et par des tortures visant à faire avouer et fabriquer des preuves. Depuis plusieurs années, l’ACAT dénonce cette pratique et appelle à son abrogation (voir campagne stoparraigo.com).

Lors du dernier Examen périodique universel du Mexique, le 23 octobre 2013, la nécessité de prévenir et de sanctionner les tortures a constitué l’une des principales recommandations des pays siégeant au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

En octobre 2012, l’ACAT avait lancé un Appel express en faveur des frères Martínez Renteria interdits de communication par la prison pendant deux mois.

Source de l’Appel urgent :
ONG Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, http://cdhpasodelnorte.blogspot.fr/2013/10/libertad-para-noe-rogelio-victor-manuel.html




viernes, 8 de noviembre de 2013

Posicionamiento del CDHPDN sobre el caso de Israel Arzate



Dadas las graves irregularidades y violaciones a los derechos humanos presentes en su caso, el miércoles 6 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la liberación de Israel Arzate Meléndez, acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar en enero del 2010, donde se asesinaron a 16 estudiantes adolescentes.

La noticia ha generado polémica en Ciudad Juárez, pues además de evidenciar la mala actuación del Estado mexicano, responsable directo de la seguridad y justicia de la población, varios medios de comunicación locales, así como algunos familiares de las víctimas, se han pronunciado no sólo por cuestionar la justicia, sino también criminalizan a las y los defensores derecho humanistas como “defensores de delincuentes” entre otros supuestos descalificativos.

Este clima de linchamiento mediático y manipulación política no abona en nada a la paz ciudadana y sí en cambio alienta la confusión y el odio social al desinformar tomando postura parcial ante un hecho evidentemente lamentable, definitivamente injusto y que sigue dejando más interrogantes que respuestas. La masacre de Villas de Salvárcar espera la verdad de los hechos y castigo a los verdaderos culpables; la justicia para Israel Arzate es problemático para el gobierno de Chihuahua por que demuestra el retroceso en derechos humanos a partir de un caso plagado de vicios de origen y, desafortunadamente también, se observa la manipulación del Estado en las declaraciones de algunos familiares de las víctimas.    

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte celebra la liberación de Israel Arzate, así como el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Red Mesa de Mujeres y el Centro de Apoyo a Migrantes, para que esto haya sido posible, pero por otro lado vemos con preocupación que la justicia para las víctimas de Villas de Salvárcar sigue sin resolverse más allá del discurso oficial. No es calumniando el desempeño de organizaciones derecho humanistas ni induciendo a la opinión pública hacia el revanchismo como se logrará hacer justicia a este terrible hecho de sangre.


De la justicia de cada uno, nace la paz para todas y todos



Ciudad Juárez, Chihuahua, a 8 de noviembre del 2013

lunes, 4 de noviembre de 2013

Salí a defender a mi pueblo y me mandaron a la cárcel: Patishtán

http://www.youtube.com/v/n8oIA_FGFWc?autohide=1&version=3&showinfo=1&attribution_tag=30UyqxrY2WMxkSem53I7DA&autohide=1&autoplay=1&feature=share

El CDHPDN se une a las felicitaciones por la liberación del profesor Alberto Patishtán.

viernes, 1 de noviembre de 2013

Análisis de octubre sobre derechos humanos en Ciudad Juárez




El mes de octubre del 2013 resulta negativo en general para los derechos humanos en Ciudad Juárez. En el contexto del inicio de la nueva administración municipal encabezada por Enrique Serrano, las malas acciones policiacas y de justicia siguen siendo constantes y no excepcionales en el municipio, pero también a nivel estatal y federal.

Reporte policiaco.

El mes cierra con 35 asesinatos, pero se hicieron sólo dos detenciones; hubo 25 denuncias por delitos patrimoniales (9 de las cuales fueron hechas por comerciantes) con 36 detenciones, además de 26 hechos por delitos contra la salud y/o portación de armas de fuego con 58 detenidos, según nuestro seguimiento periodístico.

Duros con la ciudadanía, suaves con las y los policías.

Octubre también se destaca por varios casos de condescendencia de la ley a policías delincuentes: Un año de condena a policías torturadores; libertad condicional a policías extorsionadores; quitan cargos a agentes por provocación de aborto y lesiones a una mujer. Además continúan los abusos de los policías encubiertos en tiendas de conveniencia, las “revisiones de rutina” y los retenes viales, estas dos últimas con fines recaudatorios y las tres acciones absolutamente al margen de la ley. Es poco probable que con una mala selección del personal, con jueces condescendientes y tolerancia directriz, se pueda generar una policía confiable y apegada a derecho.

Terna para el puesto de jefe de policía de Ciudad Juárez.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) sigue acéfala ante la próxima elección de su títular vía el Congreso del Estado.  Por el puesto compiten el teniente coronel David N. Guzmán; el militar retirado Enrique Pineda Delgado; y el licenciado César Muñoz Corrales, actual jefe interino de la SSPM. Los dos primeros, además de haber ocupado cargos dentro de la milicia y en la Policía Federal, han enfrentado quejas por abusos de autoridad, privación de la libertad y hasta violencia doméstica, de acuerdo con datos periodísticos; el tercero fue detenido por militares en una investigación que realizaron como parte de la Operación Chihuahua y después de que rindió su declaración ministerial en una averiguación previa, fue dejado en libertad al comprobarse que no tenía relación alguna con presuntos narcotraficantes, su nombre también fue mencionado en un mensaje que colocaron sobre el cadáver de una mujer.

Vuelve la represión policiaca contra periodistas.

En otro hecho alarmante e intimidatorio, Angélica Villegas, reportera de El Diario, se convierte en la primera periodista violentada por agentes de la SSPM de la reciente administración 2013-2016, cuando regresaba junto con un amigo de un concierto en El Paso, Texas. Los golpes que recibió, según cuenta Villegas, se incrementaron al identificarse ante los agentes como periodista, lo cual indica que continúa la  animosidad y agresiones de la policía hacia ese gremio.

Premio a juez polémico.

Otra mala señalar para los derechos humanos en Juárez y el estado, es la elección como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Alberto Vázquez Quintero, quien fue el juez que en el 2001 les dictó el auto de formal prisión por la violación y asesinato de ocho mujeres (caso “Campo Algodonero”) a Javier García Uribe, alias “El Cerillo” y Gustavo Gonález Meza, alias “La Foca”, quienes aceptaron su culpabilidad bajo tortura y se emitieron recomendaciones sobre el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Descalabro a los derechos de las y los trabajadores.

No menos importante es la tragedia de la explosión en la fábrica de dulces Blueberry, donde hasta el momento se contabilizan 4 decesos y decenas de heridos, además de la incertidumbre laboral del resto de las y los empleados de la planta. Este suceso se compara al caso “Aeroshow” de Chihuahua, por la cantidad de afectados(as) y la lenta investigación para deslindar responsabilidades, lo cual nos hace estar atentos a cualquier indicio de impunidad a favor de quienes resulten responsables por parte de las autoridades.

México reprobado en derechos humanos.

Octubre también es testigo del Examen Periódico Universal de la ONU donde se hacen más de180 recomendaciones al Estado mexicano en materia de violación a los derechos humanos; también en este mes se hace la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de suspensión de derechos y garantías en caso de perturbación grave de la paz pública. Esta situación contradictoria es elocuente para observar el panorama del ejercicio policiaco en México donde indudablemente uno de los estados más afectados es Chihuahua y de las ciudades, Juárez, donde ya se han vivido acciones represivas y violatorias por las cuales el país sigue retrocediendo en derechos humanos.

Síntesis

Ante esta situación actual, el futuro inmediato se nota desfavorable, pues persiste la tendencia a fortalecer el Estado policiaco en detrimento a las garantías individuales y derechos sociales. De seguir por este camino la política de gobierno de favorecer o proteger a agentes infractores, jueces alineados o políticos y empresarios deshonestos, seguirán las arbitrariedades en contra de la ciudadanía. 

miércoles, 30 de octubre de 2013

Acción urgente en Guerrero por allanamiento, detención ilegal y desaparición forzada de la OPPCG



Acapulco, Guerrero, a 29 de Octubre de 2013.

ACCIÓN URGENTE

LA ORGANIZACIÓN POPULAR DE PRODUCTORES DE LA COSTA
GRANDE, OPPCG, DENUNCIA ALLANAMIENTOS EN UNA DE SUS
COLONIAS Y LA DETENCIÓN ILEGAL Y DESAPARICION FORZADA DE 4 JÓVENES por elementos del Ejército Mexicano, y Policía Ministerial.

EL COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD Y EL CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON hemos recibido información confirmada de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, OPPCG, de Coyuca de Benítez acerca de la detención y desaparición de 4 de sus integrantes:

La madrugada de hoy, 29 de octubre, aproximadamente a la 1 de la mañana, entró un comando armado de unos 20 hombres, encapuchados y con armas de alto poder, en la colonia autónoma Fuerte Emiliano Zapata, municipio de Coyuca de Benítez.

El comando estaba resguardado por unos 150 elementos del ejército federal y de la policía ministerial.
Entraron con lujo de violencia a varias casas, golpeando a mujeres y niños en busca de unos jóvenes de los cuales tenían sus nombres en una lista.

Se llevaron a cuatro jóvenes, sin presentar ninguna orden de aprehensión.

Los familiares suponen que se los llevaron a Acapulco.

Los cuatro detenidos, que hasta las 21:15 horas estaban desaparecidos, son:
1- Daniel Ruano García de 19 años.
2- Uriel Ruano García de 21 años.
3- Rey David Galeana Pastrana de 18 años.
4- Salvador del Carmen Vázquez de 24 años.

Contexto.

La Organización Popular de Productores de la Costa Grande, OPPCG, es una organización social que tiene su área de influencia en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande Guerrero. Sus principales actividades son la gestión de servicios para comunidades urbanas y rurales, de proyectos productivos, comercialización de sus productos, el impulso a proyectos regionales de autoconsumo y en las últimas semanas han participado en la denuncia de las condiciones de inseguridad de la región.

Peticiones:
1.- Exigimos se respete los derechos a la Vida, la Seguridad y la Integridad de Salvador del Carmen Vázquez, Rey David Galeana Pastrana, Daniel Ruano García y Uriel Ruano García.
2.- Exigimos que sean puestos en libertad dado que no se les presentó orden de aprehensión al momento de su detención; o que sean presentados inmediatamente ante autoridades civiles para que se garanticen sus derechos ante un Debido Proceso Legal, y se les respete su derecho a la seguridad jurídica.
3.-. Exigimos al Estado Mexicano actúe en todas sus acciones con pleno apego a los principios de presunción de inocencia y pro-persona, asi como a los mas altos grados de protección de los derechos humanos de todas las personas.

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD
CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
FRENTE DE ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS DEL ESTADO DE GUERRERO

Directorio de Destinatarios:

ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Palacio de Gobierno Edificio Centro 2do. Piso
Col. Ciudad de los Servicios,
C.P. 39074 Chilpancingo Gro.
Tel (747).47.1.98.02 y 47.1.98.01 gobernador@guerrero.gob.mx

JESUS MARTINEZ GARNELO
Secretario General de Gobierno
Palacio de Gobierno, Edificio Norte, 2º Piso. Col. Ciudad de los Servicios,
Boulevard Lic. René Juárez Cisneros No. 62, C.P. 39075, Chilpancingo Gro.
Tel. 01 747 471 9803 secretariageneral@guerrero.gob.mx

IÑAKI BLANCO CABRERA
Procurador General de Justicia del estado de Guerrero
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero
Boulevard René Juárez Cisneros S/N, esquina calle Juan Jiménez Sánchez, Col. El Potrerito, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero. Tel. 01 747 494 29 99 pgj@guerrero.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso,
Col. Tlacopac San Angel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040
Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 correo@cndh.org.mx, provictima@cndh.org.mx,

Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero
Calle Benito Juárez esq. Galo Soberón y Parra,
Col. Centro, C.P. 39000, Chilpancingo, Guerrero
Tel: (747) 471 2190, 471 0230, 471 0378, 471 0325, 471 5142, 472 8642, 01-800-710-
6628 Fax: (747) 471 2190, 471 0230 coddehum@prodigy.net.mx, Grodh@cndh.org.mx

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza
Tel: +41 22 917 9000
InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org

Javier Esteban Hernández Valencia
Representante en México de la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alejandro Dumas #165,
Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11560, México D.F
Tel:(52 55)5061-6350.Fax:5061-6358 oacnudh@ohchr.org

Sr. Emilio Alvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A. Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992 cidhoea@oas.org

Christoph Kleber
Comité Internacional de la Cruz Roja,
Delegado Regional Adjunto
Delegación Regional para México, América Central y el Caribe Hispanoparlante Calderón de la Barca no. 210 Col. Polanco 11550 México D. F. Tel 5525 81 2110 y 55 5255 2495 mexico.mex@icrc.org

Favor de marcar copia de sus envíos a cctigro@gmail.com

martes, 29 de octubre de 2013

Pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte sobre caso Blueberry


El jueves 24 de octubre del 2013, en una de las plantas ubicada en Ciudad Juárez de la empresa de dulces transnacional Blueberry, sucede una terrible explosión donde resultan lesionados por quemaduras de distinta índole, más de sesenta trabajadores y trabajadoras de la planta, además de la suspensión de actividades por la destrucción parcial del inmueble que afecta al total de sus mil trescientos empleados.

La situación hasta el lunes 28 de octubre y según diferentes medios de información, reporta más de cuarenta personas convalecientes, once de ellas en estado grave distribuidas en distintos hospitales locales, de Chihuahua y Guadalajara, además de tres decesos. A esta lamentable tragedia humana hay que agregarle una historia de anomalías cometidas a lo largo de los veinticinco años de presencia de Blueberry en la ciudad, considerada como una empresa de alto riesgo, pero a pesar de todo, solapada por las autoridades correspondientes para seguir laborando en condiciones riesgosas para las y los operadores. 

Este hecho evitable sucede en el contexto de reformas hacia la consolidación del régimen neoliberal en México, en medio de una todavía débil recuperación a la crisis económica y de justicia que padece la ciudad en los últimos cinco años y con referentes inmediatos de otras tragedias ocurridas en la entidad donde la negligencia y la impunidad sobresalen por encima de la justicia (caso Aeroshow). El resultado de lo anterior da una desarticulación de los derechos laborales desfavorable a las y los trabajadores; desnuda fehacientemente las carencias hospitalarias y de coordinación logística entre instituciones para dar respuesta ante situaciones de emergencia a una metrópoli de más de un millón de habitantes; y no menos importante, descubre una confabulación de intereses entre autoridades y empresarios perjudicial para la ciudad, particularmente para los sectores sociales más vulnerables, al incurrir en incumplimientos a las leyes de protección ambiental, laboral, de seguridad, etcétera. 

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C., hace un llamado a las instituciones públicas y privadas correspondientes para atender con apego a derecho y en calidad de urgente a las y los afectados directos e indirectos de esta empresa; que se investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables y que se tomen las medidas necesarias para evitar tragedias similares en el futuro.

En solidaridad con las y los empleados afectados y víctimas de la explosión.


“De la justicia de cada uno(a) nace la paz de todas y todos”.





Ciudad Juárez, Chihuahua a 28 de octubre del 2013.

jueves, 24 de octubre de 2013

Libertad para Noe, Rogelio, Víctor Manuel, Gustavo y Ricardo


Justicia para Noe, Rogelio, Víctor Manuel, Gustavo y Ricardo


En el marco de la “guerra contra el narcotráfico” implementado por el gobierno  federal desde el sexenio de Felipe Calderón en el 2006, se incrementa el abuso policiaco en Ciudad Juárez, llegando a niveles extraordinarios de violaciones a los derechos humanos, documentándose irregularidades que evidencian no sólo el actuar policiaco, sino graves fallas en el sistema judicial mexicano.

A partir de ese momento la ciudadanía se ve vulnerada en sus garantías individuales siendo fácil presa de las inconsistencias y contradicciones jurídicas o decisiones políticas, las cuales hacen posible un retroceso en materia de procuración de justicia con reincidencia de eventos nocivos a la sociedad y el Estado de derecho, como la tortura y la desaparición forzada, que lejos de erradicarse y desaparecer de los cuerpos policiacos y militares o ministerios públicos, reaparecen con mayor frecuencia y en forma virulenta de manera rutinaria. 

En este contexto de incertidumbre jurídica con excesivo uso de la violencia del Estado, donde prácticamente cualquier persona es sospechosa y puede convertirse en víctima de la ley, sobre todo si se es hombre, joven y pobre, se ubica el siguiente caso: A finales de julio del 2010, en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Bolivia de Ciudad Juárez, se cometió un atentado con explosivos en un automóvil. La acción, dirigida contra elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) ocasionó varios heridos y tres muertes entre agentes y civiles.

Debido a la novedad, crudeza y crueldad de dicho acto, conocido como el  atentado del “coche bomba”,  la cobertura de los medios informativos, la presión de la sociedad civil y de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, el gobierno federal se apresuró a encontrar culpables del hecho,  concebido como el primer atentado terrorista de este tipo en México, responsabilizando en corto a Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí.

Dicha aprehensión se dio a conocer en los medios informativos nacionales el día 13 de agosto del 2010, como parte de una investigación de inteligencia realizada por la PFP, lo cual está muy lejos de ser verdad. Nuestros defendidos fueron detenidos de forma arbitraria el día 11 de agosto por dichos elementos. En cuanto los familiares supieron de la detención, fueron a buscarlos a todas la instituciones policiacas, incluso en donde se encontraban apostados agentes de la PFP, siendo negados reiteradamente por estos. Es precisamente a través de los noticieros de televisión como se enteran dónde se encontraban.

Dado lo anterior, los familiares fueron a la ciudad de México y después de varios trámites los lograron ver en la casa de arraigo de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) donde los encontraron brutalmente golpeados y psicológicamente dañados. En dicho centro fueron detenidos por más de ochenta días y trasladados posteriormente a dos diferentes reclusorios penales federales: Noé y Rogelio se encuentran actualmente en el Rincón en Tepic, Nayarit, mientras Ricardo, Gustavo y Víctor se ubican en Villa Aldama, Veracruz y el proceso penal radicado en la ciudad de Guadalajara Jalisco, en donde sólo se les acusa de delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del ejército y posesión de droga, sin explicar del todo la vinculación temprana y mediática para acusarlos de la explosión del coche bomba.

Más de tres años después, aún queda pendiente el proceso penal. Durante este periodo se ha dado la recomendación 75/2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableciendo que fueron torturados y detenidos arbitrariamente por agentes de Seguridad Publica Federal, misma que fue aceptada por el entonces encargado de la PFP, Genaro García Luna; también se les ha aplicado el Protocolo de Estambul (dictamen médico psicológico sobre posibles hechos de tortura) el cual ha salido positivo.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. y las y los familiares de los afectados hemos denunciado y solicitado a la Procuraduría General de la República el desistimiento de la causa penal, precisamente por las graves violaciones a derechos humanos. Que se retiren todos los cargos contra ellos pues dicha acusación sólo pende de la confesiones sacadas bajo tortura por elementos de la PFP, así como de las mentirosas declaraciones de los agentes aprehensores.

Creemos importante esta causa para solicitar la liberación de Noe, Rogelio, Víctor Manuel, Gustavo y Ricardo, ya que desde la detención hasta que se estableció la causa penal, fueron violados severamente sus derechos humanos por las autoridades mencionadas, por lo cual instamos tanto a las organizaciones, a las autoridades y a la sociedad en general, se solidaricen para obtener pronto su  libertad y justicia, por lo cual solicitamos firmen y manden sus peticiones a:


Lic. Jesus Murillo Karam
Procurador General de la Republica

Av. Paseo de la Reforma 211-213
Col. Cuautemoc Distrito Federal
Tel. 55 53 46 00 00
correo: jesus.murillo@pgr.gob.mx


Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso, Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01040, Tels. y fax: (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 Fax: + 52 0155 36 68 07 67
E-mail: correo@cndh.org.mx

Con copia al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.

TU FIRMA EN ESTE ENLACE:
http://www.avaaz.org/es/petition/Justicia_para_Noe_Rogelio_Victor_Manuel_Gustavo_y_Ricardo/

jueves, 17 de octubre de 2013

Carta abierta sobre próxima designación del nuevo jefe de policía en Ciudad Juárez


A la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua
A Enrique Serrano, presidente municipal de Ciudad Juárez
A la opinión pública:

La seguridad pública es uno de los temas más sensibles para la sociedad juarense. Durante el trienio del ayuntamiento saliente (2010-2013) en medio todavía de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el gobierno federal y conel apoyo de los gobiernos estatal y municipal, las violaciones a los derechos humanos cometidos por las diferentes fuerzas policiacas y castrenses aumentaron drásticamente.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, encabezada en ese periodo por el teniente coronel Julián Leyzaola, un personaje con antecedentes penales por tortura en su ejercicio policiaco de la ciudad de Tijuana en puesto similar, vino a multiplicar los casos de abuso policiaco en contra de la población en general, particularmente contra hombres jóvenes y pobres, detenidos de manera arbitraria bajo cualquier pretexto y con varios casos documentados por golpes y tortura. Las agresiones a activistas sociales y periodistas también se hicieron comunes, además de asesinatos en el acto cometidos por policías encubiertos de tiendas de conveniencia contra quien robara o asaltara dichos establecimientos. En conjunto estas acciones fácilmente pueden ser consideradas como de “limpieza social” y “guerra sucia” no declarada oficialmente, con impacto negativo en la imagen del Estado, visto como cómplice de estas acciones.

En el Grupo de Articulación Justicia en Juárez vemos con preocupación cómo la militarización de la policía en los últimos tiempos y dentro del marco de la “guerra contra el narco” coincide con el aumento a las violaciones de las garantías individuales; que no se toma en cuenta la opinión de la sociedad, aumentando también el autoritarismo en detrimento de la democracia, pues pese a las denuncias en contra de la forma de actuar de la SSPM y su ex director, tanto el municipio como el ejecutivo estatal y el congreso estatal, hacen caso omiso de las distintas voces de protesta o sólo consideran las opiniones de un solo actor social: el empresariado.

Una policía municipal confiable requiere de estricto apego a derecho. Ante el oscuro panorama que deja la pasada administración municipal juarense de temor y desconfianza a la policía, es de primordial importancia no cometer los errores del pasado y atender las voces y casos que piden una policía de calidad dirigida por una persona de holgada calidad moral, honestidad y capacidad de entender la delicada situación de vulnerabilidad expuesta por la sociedad juarense, la que espera todavía una institución a la altura de las circunstancias, aliada de la ley y no por encima de la misma; empática con quienes sufren y no sujeta a decisiones irracionales o alejada de las verdaderas necesidades de protección, seguridad y justicia que exige Ciudad Juárez.

Por el bien de la paz social, por respeto a la constitución y en atención a las y los residentes de esta ciudad fronteriza que esperan ser tomados en cuenta, exhortamos a quienes tienen en sus manos tomar la decisión en nombre de los 1.3 millones de habitantes del municipio de Juárez: sensibilidad ante los hechos, congruencia en sus reflexiones e independencia de intereses particulares y políticos.

“La Justicia es Primero. Nada en Juárez sin Justicia.”

Grupo de articulación Justicia en Juárez:
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos 
Comité Médico  Ciudadano
Consejo Ciudadano
Organización Popular Independiente
Plan Estratégico de Juárez
Red Mesa de Mujeres
Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez
 
 
 
 
Ciudad Juárez, Chihuahua a 15 de octubre del 2013.
 

miércoles, 16 de octubre de 2013

Pronunciamiento sobre el caso Noe y compañeros



El Centro De Derechos Humanos Paso Del Norte, A.C. (CDH Paso del Norte) es una organización nacida y localizada en Ciudad Juárez desde hace casi doce años que tiene como objetivo promover y defender los derechos humanos. Parte de su tarea es atender casos de tortura y desaparición forzada en nuestra localidad y en el estado de Chihuahua, 

Desde el año 2010 estamos acompañando a NOE FUENTES CHAVIRA, ROGELIO AMAYA MARTINEZ,RICARDO FERNÁNDEZ LOMELÍ, Y GUSTAVO Y VÍCTOR MARTÍNEZ RENTERÍA exhibidos en los medios informativos, tanto nacionales como internacionales, como los participantes en la explosión de un coche bomba . Ante la evidencia de que no habían cometido dicho acto, fueron acusados por portación de armas de fuego, posesión de drogas y delincuencia organizada

Las anteriores acusaciones fueron sacadas bajo tortura por agentes de la Policía Federal Preventiva, pero dentro de la causa penal que se les sigue no hay un elemento sustancial que los involucre por los delitos imputados; asimismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de la recomendación 75/2011 estableció que efectivamente nuestros defendidos fueron torturados y retenidos ilegalmente; otros peritos independientes confirman lo anterior, siendo aceptada dicha recomendación en su momento por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Tanto los familiares como nuestra organización han emprendido varias acciones tendientes a demostrar su inocencia y exigir su liberación. Dentro de dichas acciones hemos tenido dos reuniones con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) Ricardo García Cervantes, para que en uso de sus facultades se logre el desistimiento de la causa penal. En dichas reuniones se llegó al acuerdo de que se revisarían tanto los peritajes de la CNDH como los peritajes independientes (particularmente el protocolo de Estambul) para ser retomados por peritos de la PGR con el objetivo de que se reconozca las irregularidades dentro del proceso, así como la violaciones de derechos humanos cometidas en contra de nuestros representados.

El próximo 16 de octubre del 2013, tanto los familiares como el CDH Paso del Norte, sostendremos una reunión con el Procurador General de la República a fin de conocer el resultado del examen de los peritajes mencionados,así como la revisión de la causa penal. Con la esperanza de que se subsane la irregularidades del anterior gobierno federal en contra de nuestro defendidos, se reconozca la inocencia de NOE FUENTES CHAVIRA, RICARDO FERNÁNDEZ LOMELÍ, ROGELIO AMAYA MARTINEZ Y GUSTAVO Y VÍCTOR MARTÍNEZ RENTERÍA, esperamos su pronta liberación, en el cumplimiento del artículo primero constitucional donde toda autoridad está obligada a velar por los derechos humanos.

“De la justicia de cada uno, nace la paz para todas y todos.”

Ciudad Juárez, Chihuahua a 14 de octubre del 2013.